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Un juez peruano dictó orden de captura tanto nacional como internacional al expresidente Alejandro Toledo por estar presuntamente involucrado en el caso de corrupción más grande del continente: el pago y recibo de sobornos por parte de Odebrecht.
Toledo habría cobrado, al menos, 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña.
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El juez pidió el encarcelamiento preliminar por 18 meses a Toledo mientras continúan las averiguaciones. Con esto, Toledo se convierte en Perú en la primera gran figura política inculpada por el caso Odebrecht.
El magistrado Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, declaró fundado el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien imputa al exmandatario por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
El juez consideró que hay «elementos de convicción» que respaldan con alto grado de fiabilidad» las acusaciones contra el expresidente.
El magistrado rechazó así la solicitud realizada por el abogado de Toledo, para que el expresidente tuviera un régimen de comparecencias periódicas en el juzgado, en lugar de tener que permanecer en prisión mientras continúa la investigación.
Toledo se encuentra fuera de Perú y aparentemente estuvo el pasado fin de semana en París, aunque su residencia habitual la tiene en Estados Unidos, donde trabaja como investigador en la Universidad de Stanford (California).
Esa circunstancia fue uno de los motivos que esgrimió el magistrado para ordenar el ingreso en prisión de Toledo una vez que pueda ser capturado, mientras que otras razones fueron la complejidad del caso y la gravedad de los delitos imputados, con penas de al menos cuatro años de prisión.
Recuento
Según el fiscal Hamilton Castro, Odebrecht y Toledo acordaron el pago de 20 millones de dólares en favor del mandatario si lograba la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.
A cambio de dicho soborno Toledo se encargaría de que los plazos no se posterguen y que se pudieran modificar las cláusulas del contrato para impedir la competencia empresarial de la obra adjudicada por 1.184 millones de dólares, y con un coste final de 2.346 millones de dólares.
Cabe destacar que los responsables de la constructora brasileña confesaron en Estados Unidos haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre los años 2005 y 2014.
Fuente: NTN24
