«Narcosobrinos» negociaban liberación del jefe de un cártel según la fiscalía de EE. UU.
Los «narcosobrinos» de la familia presidencial de Venezuela negociaban la liberación del narcotraficante Hermágoras González Polanco con sus proveedores de cocaína.
De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas buscaban la liberación de González, uno de los jefes del Cartel de la Guajira.
Un documento introducido por la Fiscalía revela además que negociaban la asistencia en el despacho de la droga desde Caracas.
El fiscal Prett Bharara explica en el texto que la información fue obtenida en las conversaciones de Whatsapp entre Campo y “Pepero».
Los sobrinos narraron en su declaración al Agente Especial Sandalio González durante su traslado desde Haití, el 10 de noviembre de 2015, que “Pepero» los puso en contacto con el proveedor de la droga, alias “El Gocho”.
«Los acusados indicaron que estaban buscando un anticipo de aproximadamente un millón de dólares, así como el interés en la carga de cocaína que iba a ser enviada desde Venezuela; esto, a cambio de asistencia en el despacho de la carga de Caracas y asegurar la liberación en una prisión venezolana de un individuo que Pepero identificó a Campo como Hermagoras González».
Según el Departamento de Estado, el Cartel de la Guajira es conocido por utilizar la violencia, la intimidación, la extorsión y el asesinato para promover el éxito de su organización.
Informa además que González Polanco era miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en La Guajira y, gracias a eso habría transportado armas de Europa a Colombia a través de Venezuela.
Polanco, quien posee nacionalidad venezolana y colombiana, estaba incluido en la lista de los 12 narcotraficantes más buscados. Se ofrecían 5 millones de dólares como recompensa por su captura, y formaba parte de la lista de 15 delincuentes (entre guerrilleros de las FARC y paramilitares) que manejaba el tráfico de droga en la frontera.
Fue detenido el pasado 8 de marzo de 2008 por las autoridades venezolanas portando credenciales de la antigua Disip (Policía Nacional), la Guardia Nacional y con porte de armas legal. Fue sentenciado en Venezuela a 15 años y 6 meses de prisión, en junio de 2013.
Fuente: Diario Las Américas
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