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Dictadura venezolana amenaza con “ocupar” panaderías y deja el pan en peligro de extinción

By: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Mar 13, 2017, 12:28 pm
panaderias - venezuela
Tareck El Aissami informó el establecimiento de una nueva normativa para las 709 panaderías de Caracas, la capital venezolana, y resaltó que aquella que la incumpla, será ocupada por el gobierno. (El Estímulo)

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La industria panadera en Venezuela pende de un hilo tras una nueva amenaza de expropiación por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Y es que ahora las panaderías en el país suramericano no solo deben enfrentar el control de precios, de cambio y el monopolio gubernamental de la importación de materia prima; sino que además están obligadas “les guste o no” a cumplir con tres requisitos: producción continua, regulación de materia prima y verificación de la legalidad de los insumos.

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, informó el establecimiento de una nueva normativa para las 709 panaderías de Caracas, la capital venezolana, y resaltó que aquella que la incumpla, será ocupada por el gobierno.

“Debemos garantizar que desde las 6:00 am hasta que cierre la panadería se haga pan canilla […] los primeros panes deben venderse a mas tardar a las 7:00 a. m”; señaló.

Pero El Aissami con esta orden, estaría obligando a los comercios del pan a cerrar sus puertas, pues no todos cuentan con la harina suficiente para producir durante todo el día, y menos si deben venderlo a precios regulados con los que se les hace insostenible mantener su empresa y pagar  a sus empleados.

 

El vicepresidente también indicó que habrá una nueva regulación en cuanto a la utilización de la materia prima por parte de las panaderías, de la cual debe disponerse 90 % para la elaboración de pan canilla y 10 % para otros productos como cachitos y dulces, agregando que debe sobrar pan para el día siguiente.

Para que esta normativa se cumpla iniciará un equipo de vigilancia conformado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), milicia bolivariana, un integrante de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y miembros de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez.

También deberán supervisar, incluso, la cantidad de pan producido según su capacidad y los equipos con los que cuentan las panificadoras.

En una entrevista para PanAm Post, Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas explicó que gracias a esta amenaza de expropiación y al recrudecimiento de los controles están en riesgo al menos 7.000 empleos en Caracas. Con esta nueva medida el gobierno logrará la extinción del pan en el país caribeño.

Maldonado comentó que, al igual que el resto de las empresas que dependen de materia prima importada; lo que ha ocurrido es que el gobierno ha dejado de importar harina de trigo que en Venezuela no se produce.

Se necesitarían más o menos un millón de toneladas al año de harina de trigo para satisfacer las expectativas de pan y otros productos como pasta y galletas.

“El gobierno monopolizó la importación de todos los insumos alimenticios y todo lo que monopoliza el gobierno termina siendo una trampa de ineficiencia y corrupción que la paga el consumidor y colapsa las empresas”, señaló.

El representante gremial explicó que el problema es que el pan de consumo cotidiano (canilla) está regulado a un precio que no puede compensar los costos de producción; costos que se ven impactados por a veces tener que adquirir la harina a un dolar que no es el preferencial o en su defecto a revendedores informales.

“Una vez que el gobierno fija el precio de modo unilateral congelando los precios en una economía inflacionaria lo que hace es que el producto desaparezca . Y las panaderías han optado por una medida comercial sana de usar como alternativa la producción de panes que les capitalice”; señaló.

Dijo que en este momento están en cuestionamiento al menos 7.000 empleos vinculados a las 700 panaderías en Caracas porque el gobierno va a obligar a vaciar los inventarios para regalar el pan a un precio que no tiene que ver con la situación económica del país.

30.000 empresas menos en 2016

Según informó Maldonado a PanAm Post, solo en 2016 se dio una caída de 700 mil empleos; al tiempo que cerraron 30 mil empresas.

De 800 .000 empresas existentes en Venezuela antes de que llegara Hugo Chávez al poder (1999) solo quedan 230.000, lo que significa la “muerte” de al menos 570.000.

Los controles de cambio, de precios, las leyes del trabajo, las expropiaciones y amenazas; son en su mayoría las causas por las que el sector industrial y empresarial venezolano cada día se convierte en ruinas.

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.

Bolivia plantea despenalizar el aborto por “pobreza” ante fuerte oposición de la iglesia

By: Karina Martín - Mar 13, 2017, 12:05 pm
(archivo.globovisión)

Bolivia busca aprobar nueva ley para legalizar el aborto en nueve causales y modificar el actual el actual código penal que sólo permite a las mujeres abortar por delitos de violación, incesto y peligro de vida de la madre. El nuevo proyecto permitiría a las mujeres de bajos recursos económicos, interrumpir el embarazo, pero solo una vez y hasta las ocho semanas de gestación. Lea más: Evo Morales promulga ley que casi duplica área de cultivo de coca en Bolivia Lea más: Ministro boliviano anuncia investigación de asesinato y suicidio en cuartel de Cochabamba La normativa también plantea cinco casos en los que la madre podría acabar voluntariamente con el embarazo durante cualquier etapa de la gestación: si está en riesgo la vida de la mujer, si el embarazo es producto de violación o incesto, si la embarazada es una niña o adolescente, si es necesario prevenir un riesgo presente o futuro para la vida o para la salud integral de la embarazada y si se detectan malformaciones fetales incompatibles con la vida. Si el aborto está al margen de esas condiciones, la mujer que lo haga podría ser sancionada con una pena de uno a tres años de cárcel y si alguien obliga a un mujer a interrumpir el embarazo podría enfrentarse a una sanción de tres a diez años de cárcel. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   El único requisito para la interrupción del embarazo en cualquiera de los casos que promueve el proyecto, es que la madre llene un formulario que deje constancia de su consentimiento y las razones de su decisión. Por supuesto, la nueva propuesta ha generado polémica, y la iglesia ha manifestado su rechazo, calificándola como "nefasta". "Hay un proyecto de ley en el que, contradiciendo el derecho a la protección a la vida, consignado en la Constitución, se pretende introducir más causales para la despenalización del aborto; como la pobreza, como si se resolviera la pobreza eliminando a los pobres e indefensos como son los niños por nacer", expresó el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti. Fuentes: La Tercera; El Deber; Jornadanet; Kaosenlared.

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