El autogolpe de Estado perpetrado en Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia y el régimen de Nicolás Maduro se dio con la aprobación de siete magistrados que decidieron usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y dejarla sin efecto.
Con el fallo firmado por la Sala Constitucional del TSJ, el Parlamento ya no podrá cumplir con su deber legislativo; mientras que Maduro podrá decidir desde suspender elecciones, encarcelar diputados hasta retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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La Constitución venezolana en su artículo 263, y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) en su artículo 37 establecen los requisitos que deben cumplir los magistrados para formar parte del TSJ; sin embargo de los siete, cuatro no cumplen los requisitos, sobre dos de ellos hay dudas y apenas uno, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, tiene el perfil establecido para ese rol.
Los Poderes Públicos en Venezuela deben ser independientes, pero el poder Judicial no lo es, todos los magistrados firmantes del Golpe de Estado tienen relación con el chavismo y hasta han sido militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Hay exministros, exdiputados, candidatos derrotados y militantes chavistas.
El primero de ellos es Calixto Ortega, quien al ser derrotado en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 como candidato a diputado para el estado Zulia fue nombrado magistrado del TSJ de modo “exprés” e ilegal por la Asamblea Nacional saliente.
El ahora magistrado tiene una maestría en Derecho Político por la Universidad del Zulia (LUZ). Fue diputado de la Asamblea Nacional en los períodos 2000-2005 y 2006-2010; y viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 2013 fue nombrado encargado de negocios en la embajada de Washington por Nicolás Maduro.
Arcadio Delgado ha sido el autor de algunos de los fallos que restaron funciones a la actual Asamblea Nacional.
El año pasado restó poderes al Parlamento en la supervisión y control del Poder Judicial y Electoral.
También, fue el autor del dictamen que declaró “inejecutable” el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pedía, en 2011, levantar la inhabilitación a Leopoldo López y permitirle postularse a las elecciones presidenciales de 2012.
Según la ONG Poderopedia, la familia del magistrado ha tenido vínculos con la administración chavista y algunos de ellos militaron en el Partido Comunista de Venezuela.
El tercero de los magistrados es Juan José Mendoza, quien funge como presidente de la Sala Constitucional. Es militar retirado y fue juramentado en diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional que presidía la actual primera dama, Cilia Flores. Fue diputado en el Parlamento por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La Constitución prohíbe que magistrados sean militantes de partidos políticos.
Federico Fuenmayor es abogado por la Universidad de Los Andes. Fue nombrado de modo “exprés” por la Asamblea chavista en diciembre de 2015. La medida fue tildada de inconstitucional porque no se habrían respetado los tiempos establecidos por la Ley Orgánica de la Corte Suprema.
El abogado y sociólogo Luis Damiani también es otro de los firmantes del fallo. En 2010 fue designado viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Superior.
Damiani ha dejado clara su afinidad por el chavismo. Lo dejó claro, por ejemplo, durante su intervención en un foro organizado por la Escuela de Formación Integral de la Asamblea Nacional “Carlos Escarrá”.
Allí finalizó su discurso con un “Venceremos”. También dijo que era un “peligro” para el país que el Parlamento fuera dominado por la oposición.
Carmen Zuleta por su parte, es abogada con doctorado de la prestigiosa Sorbona de París y una especialización en la Universidad italiana de Boloña. También ha expuesto su afinidad por el chavismo de forma pública.
En una conferencia en el exterior dijo: “Es interesante conversar fuera de país de lo que nosotros estamos haciendo, una prueba de 16 años de un modelo democrático de participación protagónica del pueblo”.
Lourdes Suárez Anderson es hermana del fiscal asesinado Danilo Anderson. Entró en enero de 2011 en la nómina de la Defensa Pública.
La mayoría de ellos no cumple con los requisitos establecidos.
Les falta un requisito constitucional que ofrece tres alternativas: a) haber ejercido la abogacía durante al menos 15 años y tener un título universitario de posgrado en materia jurídica, b) haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y c) ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula (en este caso Constitucional) durante al menos 15 años.
Presidente del TSJ es un expresidiario
El pasado 24 de febrero la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela eligió como nuevo presidente al magistrado Maikel José Moreno Pérez. Fue delincuente y expresidiario confeso.
Moreno ingresó a las páginas judiciales en 1989 cuando fue declarado culpable por la muerte de Rubén Gil Márquez, mientras cumplía labores como oficial de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Moreno solo estuvo un año en prisión luego de haberle sido concedido un beneficio procesal en 1990. Luego de tres meses, ingresó al Poder Judicial con el cargo de secretario de un juzgado en Caracas, teniendo en su historial universitario solo el primer semestre de derecho en la Universidad Santa María, recinto académico en el que se graduó en 1995.
Reseña el portal web Caraota Digital, el hombre se casó el 11 de abril del 2012 con Belkis Coralito Gachassin-Lafite, una cubana residente de Miami que le lleva nueve años de edad, según documentos judiciales a los que accedió El Nuevo Herald.
El matrimonio culminó en divorcio en junio del 2014 y luego se casó con la modelo y presentadora de televisión Debora Menicucci, quien en 2014 fue coronada Miss Venezuela Mundo.
El mismo medio aseguró que Moreno aterrizó en más de 15 ocasiones en Punta Cana entre febrero de 2015 y febrero de 2016, destino por el que sustituyó sus habituales viajes a Miami.
Según investigaciones, Moreno también ha sido señalado por “forjar actas y documentos procesales”, hecho desestimado por la Sala Penal del máximo tribunal de país.
Además aparece en las actas procesales del asesinato de Danilo Anderson, específicamente en las entrevistas realizadas a los amigos del fiscal fallecido, que aseguraron haberlo visto “la misma noche del asesinato repartiéndose el dinero de una caja fuerte que tenía Anderson”.