Al menos 44 muertos y más de 1900 detenciones arbitrarias tras brutal represión en Venezuela

Al menos 44 muertes han dejado las manifestaciones en Venezuela, reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado.

De acuerdo con la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), desde el 1 de abril hasta el pasado 7 de mayo 44 han fallecido. Ocho más que los 36 reconocidos por el Ministerio Público durante ese período.

• Lea más: Maduro negocia su salida en Venezuela, cada vez con menos palancas de poder

• Lea más: “Bombas puputov”: manifestantes en Venezuela responden a la represión con envases de excremento

Según un reporte de la ONG, Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Aragua y Lara han sido las ciudades del país en donde se concentra el mayor número de manifestaciones protagonizadas por diversos sectores sociales y políticos durante estos 38 días.

Por su parte, el Foro Penal Venezolano (FPV) registró más de 1900 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas en el país suramericano. 653 personas aún se encuentran privadas de la libertad.

#9Mayo 8:00am Se han producido 1991 arrestos por protestas desde el 4 de abril en #Venezuela . 653 personas se mantienen detenidas

— Alfredo Romero (@alfredoromero) May 9, 2017

Cabe destacar que los hechos de violencia y represión se incrementaron desde la activación del Plan Zamora, el pasado 18 de abril, por parte del presidente Nicolás Maduro.

Este plan permite acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados, lo que les da la facultad, de forma inconstitucional, para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito.

También denuncian que el Gobierno de Maduro lleva a cabo detenciones “al margen del Estado derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares”.

Según datos oficiales, solo en el estado Carabobo más de 250 civiles fueron presentados en tribunales militares.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal; esto, según lo establecido en los artículos 2 (numeral 3) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Fuente: El Estímulo