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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó a la Corte Interameticana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares para todos los funcionarios del Ministerio Público de ese país.
La acción de Ortega Díaz surge luego de haber recibido amenazas tras denunciar desde marzo que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional. Ocurre además luego de que el Tribunal Supremo chavista le prohibiera la salida del país y le congelara las cuentas bancarias.
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En el escrito remitido a la CIDH se relata cómo a partir de la declaración como “ruptura del hilo constitucional” se desencadenó una campaña de desprestigio a través del Sistema Nacional de Medios Públicos contra la Fiscal. Relata además la convocatoria irregular de una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás Maduro.
El documento cita diferentes declaraciones descalificatorias de altos voceros gubernamentales, así como la situación de acoso sobre las instalaciones y miembros de su equipo de trabajo por parte de partidarios del oficialismo.
La solicitud pide que la CIDH solicite medidas al Estado venezolano para garantizar la vida e integridad de Luisa Ortega Díaz, sus familiares y los trabajadores del Ministerio Público, así como el resguardo de las instalaciones físicas de la Fiscalía en todo el país.
Ortega Díaz recibió este viernes el apoyo de los fiscales de los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), quienes suscribieron un acuerdo en el que rechazan la interferencia de los otros Poderes en el funcionamiento del Ministerio Público.
De la voz del Ministerio Público de Argentina, los seis Procuradores y Fiscales Generales firmantes, piden el cese al hostigamiento y persecución a la Fiscal Ortega Díaz y demás trabajadores del Ministerio Público pues esto obstaculiza el normal funcionamiento del organismo de velar por los derechos humanos de los venezolanos.
Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Perú rechazan cualquier intento de remoción de la fiscal que no sea por los canales constitucionales y piden que de ser el caso, se le debe asegurar la legítima defensa.
Este comunicado sale después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera abrirle un antejuicio de mérito a la Fiscal, quién está citada para comparecer ante la Sala Plena de la máxima instancia el próximo martes 4 de julio.
Fuentes: El Nacional; Runrunes
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