Panamá se une a Chile en tomar medidas de protección para magistrados y diplomáticos venezolanos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro.
El Gobierno centroamericano concedió este miércoles asilo político al jurista venezolano José Sabino Zamora y al exsecretario de la embajada venezolana en Panamá Gabriel Pérez, porque “corren peligro en su país de origen”.
“En solidaridad con su situación humanitaria, el Gobierno panameño ha accedido a ambas solicitudes de asilo, en aras a garantizar las libertades y garantías personales, que corren peligro en su país de origen”, indicó la Cancillería en un comunicado.
El Gobierno panameño instó una vez más a Nicolás Maduro a “respetar el orden democrático, los derechos humanos y las libertades” y le urgió a “negociar una salida política en el marco de la Constitución vigente”, de 1999.
Zamora se une en su condición a otros dos magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y quienes el pasado 4 de agosto acudieron a la embajada de Panamá en Caracas para pedir protección porque el régimen de Nicolás Maduro no les reconoce y los persigue.
Por su parte, el diplomático Gabriel Pérez se encuentra actualmente en Panamá, donde el pasado 28 de julio anunció su renuncia como segundo secretario y cónsul adjunto de la embajada venezolana, en rechazo a la Asamblea Constituyente instalada por el Gobierno de Maduro.
La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, dijo la semana pasada que el país está tramitando un “salvoconducto” para sacar de Venezuela a los dos magistrados que pidieron asilo a principios de mes, Gustavo Sosa Izaguirre y Manuel Antonio Espinoza.
Y es que ocho magistrados huyeron a Estados Unidos, seis viajaron a Colombia y otros ocho se refugiaron en las residencias de los embajadores de Chile y Panamá en Caracas, donde les han dado refugio.
En medio del éxodo de la mayoría de los magistrados, tres de ellos fueron apresados y los ochos restantes permanecen en la clandestinidad, escabulléndose de las patrullas negras que circulan por Caracas.
El régimen de Maduro ha decidido perseguir a los juristas que fueron nombrados por la oposición, luego de que tras el plebiscito, más de siete millones de venezolanos exigieran el nombramiento de nuevos Poderes Públicos.
El pasado 22 de julio, la Asamblea Nacional juramentó a 33 expertos en derecho como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, luego de considerar que los abogados que ocupan actualmente la Sala Plena del Máximo Tribunal fueron elegidos de forma írrita.
Fuente: El Estímulo; Diario Las Américas