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A pesar del aumento de policías en las calles de México, dicho país se ubica en el cuarto puesto con mayor impunidad en el mundo; esto, de acuerdo con la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP). México ocupa la posición 66 de 69 países.
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El índice Global de Impunidad 2017 establece que México está entre los países con más impunidad y se ubica solo por debajo de Filipinas (75,6), India (70,94) y Camerún (69,39).
En relación con América Latina, Perú, Venezuela, Brasil, Colombia y Nicaragua le siguen a México en la lista y se encuentran en el top 10.
De los 193 países miembros de la ONU, 124 no aportan sus registros a la Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD). Venezuela es un caso especial para los investigadores del Índice, pues dada la crisis que vive el país los datos que aporta a la ONUDD no reflejan la realidad de su sistema de justicia.
Los países con menor impunidad tienen menores índices de desigualdad, corrupción, y sus sistemas de impartición de justicia son funcionales.
Las diez naciones menos impunes son: Croacia, Bulgaria, Eslovenia, Suecia, Noruega, Montenegro, República Checa, Grecia, Alemania y Países Bajos.
El estudio de la UDLAP señala que altos índices de impunidad pueden traducirse en problemas de desigualdad socioeconómica, desigualdad jurídica ante la ley, problemas de Estado de derecho, desarrollo económico insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, así como mayores violaciones a los derechos humanos.
En los temas que el estudio detecta como urgentes de atender específicamente en el caso de México se encuentra la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
Aunque el estudio destaca el incremento del número de policías en el país norteamericano — 359 por cada 100.000 habitantes —, asegura que eso no representa que los uniformados tengan la preparación adecuada para cumplir con su deber.
El Índice recomienda que México debe tomar medidas urgentes para reducir los niveles de impunidad, como dotar de más presupuesto a los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, siempre y cuando se refleje en la capacitación, mejora de infraestructura y profesionalización de los sistemas mencionados.
Fuentes: Animal Político; El Economista
