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Organizaciones de venezolanos entregaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) al menos 112.000 firmas para reclamar que se aceleren los procedimientos e investigaciones contra el régimen de Nicolás Maduro y los crímenes de lesa humanidad cometidos.
Las plataformas Venezuela Somos Todos y VenEuropa entregaron una carta con las firmas; en la misiva pidieron el “inicio, continuación, profundización o actualización de la investigación por los delitos cometidos o que se podrían estar ejecutando en Venezuela por funcionarios, autoridades y/u operadores de mando, tanto a nivel de administración pública como de las Fuerzas Armadas”.
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“Es una acción sin precedentes. No sabían cómo tomar las cajas de firmas (en la CPI). Tuvimos que hacer gestiones para que dentro de su protocolo, que es muy cerrado, pudieran recibirlas”, dijo Patricia Betancourt, presidenta de VenEuropa.
Por su parte, la abogada penalista Tamara Suju, quien recientemente denunció ante la OEA los casos de torturas y violaciones a derechos humanos en Venezuela, dijo que “las firmas son una manifestación de apoyo hacia las denuncias».
Venezuela actualmente no forma parte de los Estados investigados por la CPI, aunque fuentes de la Fiscalía de este tribunal reconocieron a la agencia de noticias Efe que en los últimos tres años han recibido “varias comunicaciones” relacionadas con este país.
Las comunicaciones entregadas a la Fiscalía se sumarían a otras ya presentadas, como la del exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas Diego Arria, el exprocurador de Colombia Alejandro Ordóñez o un grupo de más de cien congresistas de Colombia y Chile que han denunciado al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, la presidenta de VenEuropa expresó su deseo de que las firmas sirvan para “apoyar el trabajo de (el secretario general) Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos (OEA)” en Washington, donde ahora se llevan a cabo unas audiencias dirigidas por el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, para determinar si existe fundamento para denunciar a Venezuela ante la Corte.
Cabe destacar que si alguno de los veintiocho países de la OEA que también es parte del Estatuto de Roma, por el que se estableció la CPI, decidiera denunciar, tendría un efecto mucho mayor porque no sería una mera “comunicación”, sino una “referencia”.
Esa “referencia” significaría que la CPI abriría automáticamente una investigación en Venezuela.
Fuente: La Patilla
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