Fue en el año 2015 cuando Nicolás Maduro prometió que en el 2016 “llueva, truene o relampaguee Guatire y Guarenas tendrán su tren”. Dos años después, el estado Miranda no cuenta con la obra, y forma parte de una promesa electoral del candidato del chavismo Héctor Rodríguez.
Dos años después, el régimen chavista no solo no responde por la obra inconclusa, sino que, además, usa el proyecto de la empresa Odebrecht como bandera de campaña del candidato chavista Héctor Rodríguez.
El pasado 28 de septiembre, Rodríguez presentó su plan de gobierno, allí incluyó trabajar por del transporte público con “la continuidad del Sistema Metro Guarenas-Guatire, la culminación del Sistema Ferroviario, y la culminación de vías rápidas que interconectan con otros estado del país”.
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Estas propuestas son exclusivas del Ejecutivo Nacional, propuestas que, por cierto, han sido incumplidas durante los 18 años en los que el chavismo se ha mantenido en el poder.
Adriana D’Elia, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, exigió al Gobierno nacional que responda por la obra inconclusa del Metro Guarenas-Guatire.
“¿Qué pasó con el dinero del Metro? Me da vergüenza que vengas a mentirles a los mirandinos. Cuando eras candidato por Bolívar, aquí Maduro juró que esta obra estaría lista”, señaló D’Elia en referencia a Héctor Rodríguez, candidato a la gobernación de Miranda por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Pena debería darles venir a #Miranda a seguir mintiendo. Para acá no vuelven, nadie les cree y de Vzla saldrán #HéctorElCandidatoDelFraude pic.twitter.com/fA2haGZ0mC
— Adriana D'Elia (@adrianadelia) September 29, 2017
Estas promesas incumplidas se suman a la “campaña sucia” que ha emprendido el chavismo con base en el ventajismo y en el uso de fondos públicos.
Los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo reciclan promesas, sino que ya inauguran obras, participan en reuniones de Alto Mando y, además, anuncian la aprobación de recursos para obras públicas.
Tal es el caso del actual candidato a la gobernación del estado Falcón, Victor Clark, quien inauguró una planta desalinadora y anunció los recursos que recibe la gobernación del estado.
El caso de usurpación de cargos se repite en al menos 7 estados del país suramericano, donde los actuales gobernadores “brillan por su ausencia” y los candidatos chavistas asumen sus funciones.
El artículo 67 de la Constitución establece que no se permitirá el financiamiento de las asociaciones políticas con fondos del Estado. La ley regulará el financiamiento y a las contribuciones privadas a partidos, y los mecanismos de control. El financiamiento de la propaganda y de las campañas será regulado por la ley. Las direcciones de partidos no podrán contratar con el sector público.
Para la ONG Transparencia Venezuela lo que sucede en la campaña eletoral es un delito, pues los recursos del Estado son usados para favorecer a determinadas tendencias a pesar de estar prohibido por la Constitución y de constituir un ventajismo electoral.
Fuentes: El Nacional, RNV.