¿Un chiste? Maduro invita a invertir en el país con menos libertad económica

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Maduro prometió una Ley de Inversiones extranjeras que supuestamente pondrá “condiciones muy atractivas”. (Flickr)

Como si Venezuela fuera un país atractivo en lo económico, político y social, Nicolás Maduro llamó a empresarios extranjeros a invertir en petroleras de ese país.

Justo cuando la estatal petrolera PDVSA se encuentra en su peor momento en medio de default, y a pocos días de la detención de directivos de la refinería Citgo; desde Bolivia, Maduro invitó a empresas extranjeras a desarrollar proyectos en el país suramericano.

Durante el Foro de Países Exportadores de Gas, Maduro prometió una Ley de Inversiones extranjeras que supustamente pondrá “condiciones muy atractivas” para los inversionistas.

Sin embargo, las promesas de Maduro pueden diluirse tras un panorama desfavorable para todo el que quiera invertir en Venezuela, pues el país suramericano no solo enfrenta la peor crisis económica en su historia, sino que además tiene una ley de costos y precios, así como un control de cambio, que no favorecen en nada a ningún empresario.

 

Pero esto no es todo, el socialismo de Maduro y del expresidente de Hugo Chávez lograron acabar con decenas de empresas extranjeras que alguna vez decidieron invertir en Venezuela con expropiaciones y leyes que controlan la producción y comercialización.

Con estas presuntas inversiones extranjeras Venezuela estaría buscando obtener ingresos en dólares, pues en el país suramericano hay una fuerte escasez de divisas tras una baja de exportaciones y los bajos precios del petróleo. Asímismo, el régimen estaría buscando el modo de pagar todas las deudas pendientes que mantiene en el exterior.

De acuerdo con el Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser de Canadá, en todos los puntos de evaluación Venezuela obtuvo la peor puntuación. El caso más grave lo representó el indicador de moneda sana, en el cual el país fue reprobado debido a la incontrolable devaluación del bolívar.

El país suramericano fue el país del mundo con pérdidas más drásticas en materia de libertad económica, esto, tras los férreos controles gubernamentales.

Un estudio realizado por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) revela que el gremio de empresarios estima que el Producto Interno Bruto (PIB) total caerá un 11 % para el cierre de año y un 12 % para 2018. En cuanto al PIB industrial, esperan una contracción del 14 % para 2017 y del 16 % en 2018.

Invertir en Venezuela “es un riesgo”

Alicia Sepúlveda, coordinadora del Observatorio Económico Legislativo de la ONG venezolana Cedice, explicó a PanAm Post que el país suramericano en este momento enfrenta una situación muy precaria para inversiones seguras.

Sepúlveda señaló que en Venezuela “hay un Estado fallido” donde no se respetan los derechos de propiedad, por lo que las empresas que decidan invertir correrían el riesgo de ser confiscadas o expropiadas. La especialista considera que con esa solicitud a inversionistas extranjeros, Maduro “estaría esperando obtener oxígeno” para mantenerse en el poder.

“Estaría tratando de garantizar los recursos para mantenerse en el poder, pero en nada aportaría para que los venezolanos podamos tener una mejor calidad de vida”, señaló. Sepúlveda explicó que Venezuela necesita una política económica clara que permita obtener la confianza suficiente para la llegada de inversiones. Recordó que el país suramericano es una de las naciones que mayor cantidad de demandas tiene en los meanismos de arbitraje internacional por empresas.

Y es que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó un informe sobre la situación de los arbitrajes inversor-Estado hasta el 31 de julio de 2017, donde Venezuela cuenta con 42 demandas.

Tales son los casos de la luxemburguesa Tenaris que demandó al país suramericano por la expropiación en 2009 de Matesi Materiales Siderúrgicos S. A., pues el Ministerio de Industrias Básicas venezolano había asumido unilateralmente el control operativo y de los activos de dicha empresa extranjera.

Asímismo sucedió con la minera canadiense Crystallex cuando Hugo Chávez nacionalizó la mina de oro más grande del país, “Las Cristinas”. Tras la nacionalización de 2008, la minera canadiense exigió una compensación, y al no obtener un pago llevó el caso ante los tribunales de arbitraje internacional del Banco Mundial y del sistema de justicia de EE. UU.

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