¿Qué hay detrás de la Corte Penal Internacional?: prestigio de mentira y casos en papel

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para los democrátas del mundo la verdad es muy dura aunque cueste aceptarla: La Corte Penal Internacional "no sirve para nada". (Twitter)
Para los demócratas del mundo la verdad es muy dura aunque cueste aceptarla: La Corte Penal Internacional “no sirve para nada”. (Twitter)

La Corte Penal Internacional (CPI), esa de la que todo el mundo habla y deposita sus esperanzas ante crímenes de lesa humanidad y de guerra, solo es un burocrático organismo que con el pasar de los años ha demostrado estar seriamente corrompido.

Tras la reciente masacre que perpetró el régimen de Nicolás Maduro contra el capitán Óscar Pérez y su equipo, personalidades hicieron mención al Tribunal internacional como una posible salida para enjuiciar y condenar a la dictadura en Venezuela. Sin embargo, para los demócratas del mundo la verdad es muy dura aunque cueste aceptarla: La CPI ha demostrado que “no sirve para nada”.

En primer lugar, hay que mencionar que para que un caso sea investigado y enjuiciado tiene que pasar por la aprobación del fiscal de la Corte y luego por una Sala de Asuntos Preliminares; todo un proceso burocrático que puede durar años.

Dicho tribunal internacional que debería investigar y procesar atrocidades cometidas a gran escala, tales como genocidios o crímenes contra la humanidad, depende además del consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, al que pertenecen Rusia, China, Francia, Estados Unidos e Inglaterra.

Cualquiera de estas naciones nombradas tiene autoridad para vetar cualquier actuación del fiscal o del tribunal. Por lo que los amigos de la dictadura venezolana, por ejemplo, pueden hacer de las suyas para evitar que haya justicia.

Si bien es cierto que es necesario agotar todos los recursos legales, diplomáticos e internacionales para lograr que en algún momento exista justicia; también es necesario conocer cuál es la cruda realidad de esta Corte Penal Internacional que, desde su creación en 2002, solo ejecutó 4 sentencias en 15 años de funcionamiento.

Pero para ampliar aún más la idea de la ineficacia que puede alcanzar a la CPI y sus “logros”, hay que recordar que en marzo de 2005 la ONU acudió a la CPI para investigar y enjuiciar un genocidio, de más de medio millón de muertos, en Sudán. La CPI ordenó en 2009 el arresto del presidente Omar Al Bashir; y aunque parezca increíble, hasta ahora no ha sido detenido.

Corrupción y miembros dudosos

La ineficiencia de la Corte Penal Internacional no es el único “tumor” adentro de la tan “prestigiosa” Corte; se le debe agregar la corrupción interna, sus muy dudosos miembros, y la influencia de los gobiernos.

En 2017, se conoció que la CPI rehuyó a investigar a México por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado en Baja California entre 2006 y 2012, durante el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Un reportaje del portal digital Proceso revela que la negativa de la Fiscalía de la CPI ocurrió después de que el gobierno del actual mandatario, Peña Nieto, decidiera ejercer una fuerte presión sobre la Corte para proteger a su predecesor.

El mandatario habría logrado “evitar que ese tribunal siquiera analizara las distintas peticiones contra el Estado Mexicano”.

Desde Colombia, por ejemplo, también se le pidió a la Corte que investigase desde el año 2005, delitos perpetrados por la guerrilla FARC por crímenes de lesa humanidad; y todavía, una década después, no hay un término de esa investigación.

¿Qué nos hace pensar entonces, que en el caso de Venezuela y los constantes crímenes cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro serán enjuiciados en el Tribunal Internacional?

El abogado venezolano Carlos Ramírez López, quien cuenta con un Diplomado en Litigación Penal Internacional, aseveró en una entrevista para PanAm Post que la Corte Penal Internacional de Justicia (CPI) “no sirve para nada”, pues detrás de ella, hay una serie de funcionarios corruptos que ensucian el verdadero propósito del organismo.

Y es que desde la actual presidenta de la CPI, Silvia Fernández de Gurmendi; el exfiscal Luis Moreno Ocampo y hasta la fiscal en el cargo, Fatou Bensouda, se ven salpicados por los tentáculos de la corrupción.

Un reportaje publicado por ICN diario reveló que Fernández logró su cargo en el Tribunal Internacional gracias a la expresidenta Cristina Kirchner, actualmente imputada por delitos en Argentina, y gran “amiga” del socialismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

A esto sumamos la dudosa credibilidad de la fiscal Bensouda, quien fue la mano derecha del fiscal Luis Moreno Ocampo y obligatoriamente tuvo que estar enterada de todo lo que éste hacía.

Resulta que a Moreno se le descubrió que estaba recibiendo dinero y que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales.

Durante su paso por la Corte, el abogado argentino no podía estar involucrado en “ninguna actividad que pudiera interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia”; sin embargo, documentos revelados por el diario El Mundo de España sostienen que Moreno Ocampo actuó en contra de los intereses de la Corte al defender al magnate petrolífero libio, Hassan Tatanaki.

El abogado habría utilizado su red personal en la organización en beneficio de su cliente, y puso en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal.

Venezuela: ¿caso perdido?

El pasado 20 de enero, el presidente del ilegítimo y chavista Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela Maikel Moreno, publicó en sus redes sociales fotografías con la presidenta de la CPI y con Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente de Venezuela Tarek El Aissami, quien a su vez está acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

Haifa El Aissami, es la embajadora de Maduro ante la CPI y quien hace “contribuciones especiales” al presupuesto del organismo internacional.

Una vez más, las autoridades del Tribunal Internacional se ven salpicadas por funcionarios venezolanos de “sucia” reputación.

El abogado Carlos Ramírez López, indicó a PanAm Post que llevar los casos de Venezuela a la CPI es pura ilusión. Explicó que el fiscal anterior cerró 22 denuncias sobre Venezuela y desde junio de 2017 hasta ahora hay otras 6 denuncias nuevas completamente “engavetadas”.

“¿Qué sentido tiene ese trámite tan burocrático? nos haría un gran daño en Venezuela porque entraría en una quietud que no llegará a ningún lado”.

Para el abogado, Venezuela necesita una ayuda militar: los países como Colombia, Brasil y Estados Unidos deberían unirse y conformar una alianza para intervenir en Venezuela.

“Ellos también se están viendo afectados por el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo que surge allí en el país. No es porque yo esté en Miami y para mí sea fácil decirlo, pero la gente que está en Venezuela no tiene la respuesta a la salida, no sabe cómo salir de esto y es porque evidentemente en dictadura no existe una salida pacífica ni democrática. O nos ayuda Dios o los países que deben ayudarnos…”

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