Caso Óscar Pérez: una masacre sin resolver y medio centenar de venezolanos detenidos

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LForo Penal Venezolano exigirá una nueva autopsia para escalerecer la muerte de Óscar Pérez (Twitter)

Con el anuncio de elecciones presidenciales en Venezuela, prácticamente el caso del capitán Óscar Pérez pasó a segundo plano, dejando que “bajo la mesa” la dictadura mantenga a medio centenar de venezolanos detenidos tras ser acusados de cómplices del equipo de Pérez.

Según la ONG Foro Penal Venezolano, hay al menos 60 personas detenidas, muchas de ellas tras asistir al cementerio a visitar las tumbas de Pérez y sus compañeros.

Gonzalo Himiob, director de la ONG, informó que los detenidos fueron capturados por agentes de Contrainteligencia Militar en sus hogares, y la mayoría de ellos son acusados por “traición a la patria, rebelión militar y ataque al centinela”.

Algunos detenidos

Aunque por los momentos no se conoce la lista precisa de los desaparecidos y de los detenidos, Caraota Digital hizo una reseña con parte del grupo de encarcelados vinculados por el caso; destacan allegados como la esposa de unos de los rebeldes asesinados, Jose Díaz Pimentel; y además Jameson Jiménez, amigo de la infancia de Óscar Pérez.

Dayana Santana de Pimentel: es esposa del caído José Díaz Pimentel y se encuentra detenida desde el 14 de julio del 2017 en El Helicoide. Se desconocen los cargos que se le imputan.

Jameson Jiménez: fue presentado ante tribunales militares el 23 de enero por los delitos de traición a la patria, rebelión y sustracción de arma; trabajó en el Ministerio de Comunicaciones (Minci), y lo han señalado como amigo de Pérez.

Héctor Pedrosa: según El Impulso fue acusado por delitos de instigación a la rebelión y terrorismo; trabajaba como productor audiovisual y fotógrafo independiente. Habría participado como extra en la película Muerte Suspendida en la que actúo el exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez.

William Aguado: es un cirujano detenido y presuntamente sería el dueño de la casa donde se escondía Pérez y su grupo.

Dentro del grupo de detenidos, también hay al menos 8 militares de los cuales hay siete primeros tenientes, un teniente; y además otros dos civiles .

Reinaldo Rodríguez: se conoció de forma extraoficial que Rodríguez podría ser presentado este viernes ante tribunales y estaría en la sede de El Helicoide. El motivo de su detención habría sido su presencia en el entierro de Abraham Agostini y José Díaz Pimentel, de acuerdo a informaciones que han circulado en las redes sociales.

Juan Carlos Urdaneta Marcano -de oficio mécanico- y Joaldy Javier Deyon González, quien se dedicaba a ser taxista, fueron detenidos y tratados por un tribunal militar. Los delitos que se le imputan son “rebelión militar y traición a la patria”.

Anderson Pérez Briceño, Simón Alberto Torres Varela, Alberto Maita Espinoza, Jonander Ceiba, Gustavo Sandoval, Robert Escalona, Carlos Arias Pantoja y Eduardo Amaya son algunos de los militares que se encuentran encarcelados, por el caso.

Eva Lugo y Laura Ruiz: fueron detenidas con el argumento de “financistas del piloto”; esto, de acuerdo con declaraciones del ministro de Interiores y Justicia, Néstor Reverol, recogidas el 18 de enero por Últimas Noticias.

Víctor Escalona: el 3 de enero fue detenido por una comisión de inteligencia del estado Aragua, de acuerdo con una reseña de El Carabobeño.

Escalona trabajó como escolta del general retirado  y preso político Raúl Isaías Baduel, a quien, constantemente, lo han señalado por colaborar con Pérez.

 

Fue una ejecución extrajudicial

Los abogados del Foro Penal introducirán una petición a las autoridades judiciales para investigar si hubo una “ejecución del rendido” y uso desproporcionado de la fuerza letal; además exigirán una nueva autopsia.

No es la primera vez que un Estado es señalado por una ejecución extrajudicial y tampoco es la primera vez que en Venezuela una operación policial o militar genera esa duda. Pero sí es inédito que las víctimas de un presunto enfrentamiento dejen testimonio grabado y publicado.

“Se requiere que haya una nueva autopsia, un nuevo informe médico forense donde existan expertos independientes del Estado para que se pueda determinar la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se está investigando es si el Estado actuó de forma irresponsable”, indicó Alfredo Romero, también director de Foro Penal.

“No se puede olvidar simplemente una situación como esta, donde resultaron asesinadas nueve personas. Estamos obligados a que se sepa la verdad“, exclamó.

Desde su experiencia como abogado penalista y defensor de derechos humanos, en el caso de Óscar Pérez hay pruebas que permiten presumir que hubo una rendición y que sus miembros fueron asesinados después de deponer sus armas.

Uno de esos indicios son los videos que el propio Pérez grabó y difundió mientras se desarrollaba la operación militar y judicial. También están las actas de defunción de seis de las víctimas, en las que se apunta que murieron a causa de un tiro en la cabeza.

Además, algunos vídeos que se filtraron en las redes sociales revelaron cómo los funcionarios usaron armas de guerra en contra de las siete personas, es otra prueba de lo que podría acarrear una violación a los derechos humanos.

Las declaraciones y exigencias del Foro Penal se suman a las realizadas por Human Rights Watch , ONG internacional que aseguró que “las acciones del gobierno desde que ocurrieron los hechos, sugieren que intentó encubrir lo que realmente ocurrió”; esto, porque las fuerzas de seguridad destruyeron el edificio donde Pérez y los otros estaban ocultos.

“Las autoridades venezolanas comenzaron el año 2018 actuando como si les estuviera permitido encubrir posibles ejecuciones extrajudiciales”, denunció HRW, al hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que exija un esclarecimiento de los hechos.

El piloto y exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Óscar Pérez, quien se rebeló contra la dictadura en Venezuela, fue abatido con armas de alto calibre y de guerra a pesar de que manifestara su intención de entregarse pacíficamente; sin embargo, las fuerzas policiales abrieron fuego sin mediar palabra. Al suceso se le llamó “la masacre de El Junquito”.

El impecable currículo de Óscar Pérez

Óscar Pérez fue un ejemplar detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), aunque a través de las redes sociales se describía como “actor, buzo y filántropo”, también se dedicaba a entrenar perros policías y a llevar a cabo labores sociales con niños de bajos recursos y con enfermedades terminales.

El policía aprovechaba sus redes sociales para promover varios videos bajo el lema “Rescatando Valores”, en los que hablaba de la importancia de ser solidario y evitar los antivalores que dañan a la sociedad venezolana.

Mucho antes de su sublevación, Pérez, muy mediático, ganó algo de reconocimiento en Venezuela por otra faceta de su vida: una incursión en el cine. En 2015 fue actor en la película venezolana “Muerte suspendida”.

Fue funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), perteneciente a la Brigada de Acciones Especiales (BAE).

El grupo BAE en Venezuela, es una unidad policial formada y entrenada para llevar a cabo misiones de antiterrorismo, reconocimiento, rescate de rehenes, detención de delincuentes peligrosos y acciones especiales.

Está constituida por pequeños grupos de policías altamente entrenados, armados y provistos de equipamiento especializado.

Durante una entrevista al diario Panorama, Pérez dijo:

“Soy piloto de helicóptero, buzo de combate y paracaidista libre. También soy padre, compañero y actor […]. Soy un hombre que sale a la calle sin saber si va a volver a la casa porque la muerte forma parte de la evolución”.

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