“Muerte de 68 presos no es mi competencia”: ministra de prisiones, Venezuela

Varela dijo que lo sucedido en las celdas de la Policía de Carabobo no es su responsabilidad porque supuestamente "no le corresponde al Ministerio Penitenciario"

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Iris Varela reiteró que Venezuela “hoy exhibe el mejor sistema penitenciario del mundo”.(Flickr)

Iris Varela, la chavista ministra de Asuntos Penitenciarios, decidió deslindar su responsabilidad tras la reciente muerte de 68 presos en una cárcel al centro del país; uno de las más grandes tragedias en las historia de las cárceles de Venezuela.

Varela dijo que lo sucedido en las celdas de la Policía de Carabobo no es su responsabilidad porque supuestamente “no le corresponde al Ministerio Penitenciario”; señaló que es “función policial”. Asímismo reiteró que Venezuela “hoy exhibe el mejor sistema penitenciario del mundo”.

Y es que el pasado miércoles 28 de marzo tras un motín en una comisaría en Valencia, capital de Carababobo, surgió un incendio que no fue controlado por las autoridades y que dejó decenas de fallecidos.

Los cadáveres fueron tratados como animales, dispersados en el suelo de la misma estación policial en donde al aire libre les abrieron los cuerpos y les hicieron las autopcias. Sin embargo, Varela tardó cinco días en reaccionar.

La reacción de la ministra generó indignación en el país suramericano a tal punto que diputados de la legítima Asamblea Nacional de mayoría opositora, propusieron un voto de censura contra la titular de la cartera.

Mientras Varela alega que el régimen de Nicolás Maduro tiene el supuesto “mejor sistema penitenciario del mundo”; desde 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder, se han registrado 15 incidentes de este tipo en las cárceles del país, sumando unos 388 fallecidos.

La realidad es que la impunidad y el retardo en los procesos judiciales han generado un hacinamiento histórico en las cárceles y comisarías de la policía de Venezuela; estas últimas que deberían servir para detenciones de manera temporal se han convertido en centros de reclusión permanente por la sobrepoblación en otros centros penitenciarios.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, solo en las cárceles de las comisarías del país hay más de 32.000 personas detenidas, 400 % más que su capacidad para albergar a 8.000 prisioneros.

En estos calabozos incendiados había una población de 180 presos, aunque solo hay capacidad para 30 personas, lo cual se traduce en 600 % de hacinamiento.

De acuerdo con normas de estándar internacional, cuando el Estado detiene a una persona, tiene una obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos; sin embargo, en Venezuela caer detenido significa caer en el olvido y en la desidia a tal punto de correr el riesgo de morir ya sea por desnutrición, enfermedades infecciosas, motines y hasta incendios.

“Esta horrible y completamente evitable tragedia es otra señal de la total negligencia e indolencia de las autoridades venezolanas por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Las autoridades (…) deben tomar medidas inmediatas para garantizar que traten a todos los reclusos con dignidad, así como respetar y proteger sus derechos humanos, y evitar que eventos de esta naturaleza atroz vuelvan a ocurrir”; señaló Erika Guevara-Rosas, directora de América de Amnistía Internacional en relación con la muerte de los 68 presos venezolanos.

Pero con este tipo de sucesos en que el régimen de Nicolás Maduro se deslinda de cada acto genocida o de cualquier masacre como el asesinato del piloto de Óscar Pérez, solo deja en evidencia que cada vez hay mayores motivos para juzgar a las autoridades de la dictadura en Tribunales internacionales.

La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.

La muerte de estos 68 presos forma parte de uno de los tantos crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura en Venezuela.

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual Venezuela es firmante, un crímen de lesa humanidad es todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional.

El “mejor” sistema penitenciario

Mientas Iris Varela asegura que el régimen cuenta con el mejor sistema penitenciario, la ONG defensora de derechos humanos Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció que todos los calabozos de las policías estatales, municipales y comisarías están “súper hacinados”.

Un estudio realizado en 2017 determinó que en 96,46 % de las infraestructuras carcelarias no poseen comedor; 62,12 % no tiene servicios higiénicos; 64,11 % no posee agua potable; y 98,48 % no cuenta con servicio médico.

Y es que el Estado a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios, prohibió el ingreso de reclusos a los centros carcelarios que ellos administran a menos que sea con autorización previa.

“Ahora sí han trasladado personas para Tocuyito y otros centros. ¿Por qué no se hizo anteriormente? Venezuela afuera se reconoce por tres cosas: mises, petróleo y el hacinamiento en las cárceles”, indicó Humberto Prado, director del Observatorio.

El abogado constitucionalista José Vicente Haro, quien también es defensor de derechos humanos, señaló que lo que sucede en Venezuela es que a pesar de ser ilegal la pena de muerte, pareciera que también es política de Estado.

“Es un hecho reiterado y responsabilidad del Estado, del régimen y su inhumano sistema carcelario (…) aunque en el país la pena de muerte fue abolida en 1863 en Venezuela de facto existe esta condena”; sentenció.

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