El caso Carlos Tarazona: ¿nueva ejecución del régimen venezolano?

Familiares del ganadero asesinado denunciaron también que los funcionarios del Faes, después de asesinar a Carlos Manuel Tarazona, hurtaron de su hogar alimentos, ropa y hasta adornos.

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Familiares del ganadero asesinado denunciaron también que los funcionarios del Faes, después de asesinar a Carlos Manuel Tarazona, hurtaron de su hogar alimentos, ropa y hasta adornos. (Twitter)

El régimen de Nicolás Maduro suma a su expediente una nueva ejecución extrajudicial en manos de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana. Se trata del asesinato del ganadero Carlos Manuel Tarazona, quien se habría negado a entregar su propiedad al Estado.

Aunque se desconocem los resultados de una investigación judicial de los hechos, los familiares de Tarazona aseguran que fueron agentes del FAES los que dispararon sin piedad al ganadero para apropiarse del matadero Baritalia. Tarazona, presuntamente, se resistió al procedimiento.

Familiares del ganadero asesinado denunciaron también que los funcionarios del FAES, después de asesinar a Carlos Manuel Tarazona, hurtaron de su hogar alimentos, ropa y hasta adornos.

Según el chavista ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, Tarazona supuestamente se habría enfrentado con un arma contra efectivos del FAES, pero el funcionario no mostró prueba alguna de lo sucedido; sus familiares desmienten dicha versión.

Para el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Carlos Albornoz, el robo de ganado en el interior del país y la muerte del ganadero Carlos Manuel Tarazona a manos del FAES, “no es un hecho aislado”.

“Esto es peligroso porque los ganaderos estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la oferta de alimento en Venezuela, pero si matan a los ganaderos y se roban el ganado pues no se puede hacer nada”, aseveró Albornoz.

De este modo, cada vez el régimen venezolano está más implicado en violaciones directas a los derechos humanos y el uso desproporcionado de la fuerza; tal y como sucedió a principios de año con la masacre del capitán Óscar Pérez y su equipo, o con las numerosas cifras de ejecuciones extrajudiciales que ha denunciado la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

La fiscal presentó ante la Corte Penal Internacional un expediente listo acompañado de experticias donde se evidencia la ejecución de personas por parte del régimen de Maduro.

Liliana Ortega, abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Cofavic, señaló para el PanAm Post que el 99 % de las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Venezuela no llegan a juicio, “lo que ha hecho que los criminales sientan que sus crímenes no tienen consecuencias”.

“La cifra es altísima de personas que mueren en allanamientos ilegales, en mecanismos de seguridad ciudadana o en la reducción de la protesta pública; la mayoría de estos casos no son investigados con una línea de investigación independiente. El problema de los casos de las violaciones a derechos humanos en Venezuela es que las investigaciones no se hacen de manera transparente”, señaló.

“Las cifras de Cofavic de 2016 revelan que el 33 % de los casos de las ejecuciones fueron realizadas por presuntos funcionarios de la Policía de Investigación criminal, el 15 % policías municipales, el 26 % por parte de policías estatales y el 3 % de grupos civiles del Estado. Por lo tanto, las probabilidades de que haya justicia en estos casos son muy remotas en Venezuela”, sentenció.

Ejecuciones extrajuciales = política de Estado

Las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada son consideradas las más serias violaciones de los derechos humanos y también crímenes de lesa humanidad.

La fiscal Luisa Ortega registró desde 2015 los asesinatos de 8.292 personas por parte de la policía, la Guardia Nacional y el Ejército en el marco del programa gubernamental Operación para la Liberación del Pueblo (OLP).

Lo mismo sucedió en 2017 durante las manifestaciones antigubernamentales. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) apuntó a posibles ejecuciones extrajudiciales por parte las fuerzas de Seguridad.

“La Acnudh llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes”, según el informe definitivo sobre las violaciones cometidas en un periodo en el que murieron un total de 124 personas.

Según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia solo el 2017, 5.535 personas fallecieron por acciones cuerpos policiales y militares en Venezuela.

Otra ejecución extrajudicial que se dio ante los ojos de Venezuela y el mundo fue la masacre contra el capitán Óscar Pérez, a quien el régimen acusaba de terrorista y ordenó su asesinato.

El 15 de enero de 2018 el piloto y exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, quien se rebeló contra la dictadura en Venezuela, fue abatido con armas de alto calibre y de guerra a pesar de que manifestara su intención de entregarse pacíficamente.

La dictadura hizo uso desproporcionado de la fuerza, no preservó el derecho a la vida, utilizó armas de guerra y antitanques, y permitió la infiltración de grupos civiles paramilitares en plena operación de captura.

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