A pocas horas de que se efectúe el fraude electoral en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro; finalmente sancionó a Diosdado Cabello, vicepresidente del partido oficialista y a dos de sus familiares.
La Oficina de Contro de Activos Extranjeros (OFAC), no solo sancionó a Cabello y su familia, sino tambien a un empresario ligado a él. La medida implica la congelación de activos, y la prohibición de visas de ingreso a suelo norteamericano.
La nueva lista de sanciones está encabezada por Diosdado Cabello, quien era considerado el segundo hombre más poderoso del chavismo; a él le siguen su esposa Marleny Contreras, actual ministra del Turismo, y su hermano José David Cabello Rondón, quien se desempeña como superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
El cuarto sancionado es Rafael Sarría Díaz, empresario venezolano vinculado a Cabello. Según el portal web Poderopedia, posee varias empresas estadounidenses a su nombre, entre ellas Global Tech Group, Inc., Noor Plantation Investments LLC y Sai Advisors Inc.
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— Marco Rubio (@marcorubio) May 18, 2018
La Oficina de Control de Activos Extranjeros también incluyó en la lista tres propiedades a nombre de Sarría, todas ubicadas en Boca Ratón, estado de Florida, Estados Unidos.
Las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro forman parte de la política del gobierno de Donald Trump de cerrar las vías de financiamiento para los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, en procura de la recuperación de la democracia.
Cabe destacar que el pasado 22 de enero, Cabello fue sancionado por la Unión Europea junto a otros siete funcionarios del Gobierno venezolano.
Para ese momento, el funcionario alegó que “no hay ni una sola prueba” para sostener que tuviera propiedades alrededor del mundo.
Cabello alegó que las medidas de la UE fueron producto de “las giras internacionales” de los diputados opositores Julio Borges y Luis Florido, a quienes acusó de “querer hacerle daño al pueblo”.
Y es que así como Venezuela revivirá otro fraude electoral este domingo 20 de mayo, también se aceleran las decisiones internacionales para “ahorcar” política y económicamente a la dictadura.
Países del Grupo de Lima hicieron un ultimátum al régimen de Nicolás Maduro. Por última vez solicitaron a la dictadura en Venezuela no efectuar las fraudulentas elecciones presidenciales.
Todo indica que de efectuarse los supuestos comicios, las naciones del Grupo de Lima emitirán sanciones económicas contra funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos en Venezuela.
Una lista de castigos internacionales
El primer país en asumir sanciones contra la dictadura en Venezuela fue Estados Unidos; empezó castigando a funcionarios del chavismo corruptos y violadores de derechos humanos, y ahora continúa con acciones económicas que achican el panorama político y económico del régimen.
Con la llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado la presión al Gobierno venezolano con continuas rondas de sanciones económicas individuales y también financieras.
Estados Unidos mantiene a 61 funcionarios del chavismo en una lista negra de sanciones, en la que no solo les bloqueó sus bienes y activos, sino que además les negó el ingreso a suelo norteamericano. Del mismo modo, prohibió tanto a empresas como a ciudadanos estadounidenses tener relación comercial alguna con cualquiera de los sancionados.
En agosto de 2017, Estados Unidos anunció sus primeras sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela; lo que representó un duro golpe financiero para el país suramericano sostenido por la dictadura de Nicolás Maduro.
Prohibió al régimen de Maduro y a su petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), vender nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras del país norteamericano.
Todo esto llevó a Maduro a crear una supuesta criptomoneda chavista llamada El Petro, para evadir las sanciones; lo que trajo como respuesta de Trump la prohibición desde Estados Unidos de cualquier transacción con la cybermoneda chavista.
Nicolás Maduro ha dejado ver que las sanciones internacionales son su debilidad. Esto se vio reflejado en las negociaciones que mantenía con la oposición venezolana, pues una de sus exigencias era el cese de las sanciones en su contra.
Canadá por su parte, se ha sumado a las mismas sanciones de Estados Unidos, mientras que la Unión Europea y otros diez países de ese continente, emitieron en enero las primeras medidas específicamente contra funcionarios del chavismo.
Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina que se sumó a las sanciones, pues tomó la decisión de impedir el ingreso a su territorio del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y su familia.
Las acciones tomadas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, diez países de Europa y Costa Rica, surgieron para castigar las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura y los actos de corrupción emprendidos por funcionarios del chavismo.
Estos gobiernos indican que las sanciones solo se levantarán, si es el caso, cuando se restablezca el Estado de derecho y la democracia constitucional en Venezuela.