Adicional a las medidas asumidas por el Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro tras el reciente fraude electoral, el gobierno de Canadá anunció un nuevo listado de sancionados para presionar aún más a la dictadura en Venezuela.
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, señaló a 14 nuevos funcionarios; aumentando la cifra a 70 oficialistas o asociados al régimen con sanciones.
Canadá ahora se convierte en el país que más a sancionado a venezolanos, seguido de cerca por Estados Unidos.
En respuesta a elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas realizada en Venezuela el 20 de mayo, Canadá anuncia hoy nuevas sanciones contra figuras claves del régimen de Maduro. https://t.co/BSBirP5K9C
— Canadá en Perú (@CanadaenPeru) May 30, 2018
En esta nueva lista destacan la primera dama Cilia Flores, la ministra para el despacho de la Presidencia Erika Farías, y el diputado de la ilegitima Constituyente, Darío Vivas; además de funcionarios de rango menor como Malaquías Gil, Jhannett Madriz y Fidel Vásquez. Asímismo fueron incluidos varios magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Las medidas asumidas por Canadá implican la congelación de activos y la prohibición para cualquier canadiense a tener transacciones o proveer servicios a los sancionados.
El gobierno canadiense tomó esta decisión en respuesta a las elecciones presidenciales que calificó de “ilegítimas y antidemocráticas” realizadas en Venezuela el pasado 20 de mayo.
Las medidas son tomadas “en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales” y consistentes con los principios y valores canadienses, que según indican, “apuntan a mantener la presión sobre el gobierno venezolano para restaurar la democracia constitucional y el respeto por los derechos humanos y democráticos”.
La canciller Freeland afirmó que estas sanciones “envían un mensaje claro de que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias”.
“El anuncio de hoy es una prueba de nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y nuestro rechazo a las elecciones presidenciales fraudulentas de Venezuela. Canadá está tan decidido como siempre a apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro más pacífico, democrático y próspero”, señala el comunicado.
El anuncio del gobierno canadiense surge dos días después de que la Unión Europea acordara adoptar nuevas sanciones contra el régimen suramericano.
El pasado 21 de mayo el Grupo de Lima, conformado por 14 países, también anunció el retiro de sus embajadores y la reducción de sus relaciones diplomáticas con Venezuela; además señaló que coordinará acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela.
Estados Unidos, por su parte, anunció una serie de sanciones contra el régimen de Maduro para limitar la capacidad de Venezuela de vender deudas y activos en EE.UU.
La orden ejecutiva prohibió a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al Gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Una lista de castigos internacionales
El primer país en asumir sanciones contra la dictadura en Venezuela fue Estados Unidos. Comenzó castigando a funcionarios del chavismo corruptos y violadores de derechos humanos, y ahora continúa con acciones económicas que achican el panorama político y económico del régimen.
Con la llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado la presión al Gobierno venezolano con continuas rondas de sanciones económicas individuales y también financieras.
Estados Unidos mantiene a 61 funcionarios del chavismo en una lista negra de sanciones, en la que no solo les bloqueó sus bienes y activos, sino que además les negó el ingreso a suelo norteamericano. Del mismo modo, prohibió tanto a empresas como a ciudadanos estadounidenses tener relación comercial alguna con cualquiera de los sancionados.
En agosto de 2017, Estados Unidos anunció sus primeras sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela, lo que representó un duro golpe financiero para el país suramericano sostenido por la dictadura de Nicolás Maduro.
Prohibió al régimen de Maduro y a su petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), vender nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras del país norteamericano.
Canadá también se ha sumado a las mismas sanciones que Estados Unidos, mientras que la Unión Europea y otros diez países de ese continente emitieron en enero las primeras medidas específicamente contra funcionarios del chavismo.
Por su parte, Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina que se sumó a las sanciones, tras impedir el ingreso a su territorio del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y su familia.
En marzo de 2018, Panamá también tomó medidas. La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de ese país, publicó un listado de de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera “reforzada”.
Las acciones tomadas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, diez países de Europa, Costa Rica y Panamá, surgieron para castigar las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura y los actos de corrupción emprendidos por funcionarios del chavismo.
Estos gobiernos indican que las sanciones solo se levantarán, si es el caso, cuando se restablezca el Estado de derecho y la democracia constitucional en Venezuela.