Dictadura de Maduro secuestra inocentes para detener a perseguidos políticos

Ahora en Venezuela, funcionarios con los rostros tapados, detienen a personas como una medida de "extorsión" para que aparezcan quienes realmente están buscando. Una acción que podría calificarse como terrorismo de Estado

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Funcionarios con los rostros tapados del SEBIN o de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desaparecen a los detenidos durante días (Venezuela sin censura)

Mientras continua engrosando su expediente para ser condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, el régimen de Nicolás Maduro insiste en seguir violando los derechos humanos mediante la desaparición forzada de una familia completa por parte de la policía política SEBIN.

Ahora en Venezuela, funcionarios con los rostros tapados del SEBIN o de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) secuestran a personas como una medida de presión para que aparezcan los que realmente buscan. Una acción que podría calificarse como terrorismo de Estado.

Sorbay Padilla, esposa del coronel retirado de la Guardia Nacional (GN) Oswaldo García Palomo, quien supuestamente está involucrado en acciones contra el Gobierno, denunció que el pasado miércoles 30 de mayo se llevaron detenidos a tres primos del funcionario, así como a su hermano sin explicación alguna.

“A mi esposo lo están buscando porque lo culpan de estar supuestamente en actos terroristas. Él es un oficial con excelente trayectoria, tuvo una carrera limpia. No estuvo involucrado en ningún cargo público. Siempre estuvo apegado a derecho”, manifestó.

Se trata de Argenis Granadillo, de 50 años; Gabriela de Granadillo (49) y Ariana Granadillo (21), primos de García Palomo, quienes se encuentran desaparecidos. Es una familia completa que estaría en manos de la policía política de Maduro, pero que hasta ahora se desconoce su paradero.

Joana Granadillo, hija y hermana de los desaparecidos, dijo que desconoce el paradero de sus allegados. “Lo último que se supo es que estaban saliendo del conjunto residencial en un taxi del gobierno con personas vestidas de negro”.

Y es que el caso de la familia Granadillo es solo uno de los cientos que se dan diariamente por la persecución del Estado contra la disidencia; sobre todo en las últimas semanas, cuando el régimen de Nicolás Maduro aumentó la cantidad de presos políticos con la detención de unos 40 militares acusados de una supuesta rebelión.

Del mismo modo, se dio la aprenhensión de los médicos Alberto Marulanda Bedoya y Williams Alberto Aguado Sequera, quienes fueron detenidos sin explicación por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Familiares y defensores de derechos humanos aseguran que fueron torturados.

Marulanda fue secuestrado por funcionarios de la policía política y durante cuatro días estuvo desaparecido. Luego fue presentado ante los tribunales militares sin elementos que justifiquen su detención. El juez militar le imputó los delitos de instigación al odio y traición a la patria; esta última es la acusación más grave en la legislación penal tanto civil como militar.

Tal y como sucedió con Granadillo, a Marulanda lo detienen por ser pareja de una oficial de la Fuerza Armada de Venezuela.

Presuntamente, la mujer habría participado en las últimas semanas en reuniones para llevar a cabo un levantamiento militar que despoje del poder al mandatario Nicolás Maduro. Pero por desaparecer del radar de uniformados del Dgcim, estos detenerla con el fin de crear una especie de extorsión, según la ONG.

El caso del doctor se compararía con la detención del joven Juan Pedro Lares, hijo del alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, Omar Lares, y también con el caso del empresario Carlos Eduardo Marrón Colmenares, dueño del portal Dólar Pro, quienes fueron detenidos en modo de presión para capturar a otro.

A la Corte Penal Internacional

Este nuevo “modus operandi” de la dictadura de perseguir a la disidencia y acusarla de traición se suma a una serie de antecedentes que llegarán a la Corte Penal Internacional, de manos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un informe de la organización, expertos aseguran que el dictador Nicolás Maduro cometió crímenes contra la humanidad en Venezuela.

De acuerdo con el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, quien forma parte del grupo de expertos, el informe identifica 131 ejecuciones extrajudiciales, 1.300 presos políticos, así como “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil”.

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