Una amenaza se cierne sobre la libertad de expresión y prensa en en Perú, tras la promulgación oficial de la “Ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano”.
Se trata de una especie de “Ley Mordaza” que ha sido duramente criticada por el gremio periodístico y que ha dejado en evidencia la incomodidad que generan en el Congreso los medios de comunicación privados.
Este lunes 18 de junio, salió publicada la nueva legislación en el diario oficial El Peruano, en la que se prohíbe la contratación de anuncios estatales en la prensa privada.
“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las entidades públicas, incluidas las de derecho privado y las que estén en regímenes especiales, así como las empresas del Estado, los gobiernos locales y los regionales podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios de comunicación del Estado a tarifa de costo”, indica la ley.
La norma exhorta a las entidades públicas a crearse cuentas en redes sociales y publicar sus comunicados por esa vía. Además presenta diversas excepciones en casos de emergencias.
“Se exceptúan de la prohibición, los casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia, las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales una vez convocadas las elecciones”, señala la normativa.
Y es que la aprobación de dicha ley en el Congreso, se logró tras ser impulsada por el aprista Mauricio Mulder con el apoyo en bloque del partido Fuerza Popular, algunos congresistas del Apra, APP y congresistas no agrupados.
El presidente del Perú, Martín Vizcarra condenó la aprobación de la norma y la calificó como “Ley Mordaza” y aseguró que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El argumento será que esta norma afecta el derecho de la población de estar informada sobre las acciones del Estado.
“Transgredir dichos principios es amordazar al Poder Ejecutivo. El Gobierno requiere utilizar medios de comunicación tanto públicos como privados para cumplir sus funciones. Además, es importante señalar que la normatividad vigente ya regula las prohibiciones y obligaciones para la contratación de publicidad estatal”, dijo Vizcarra.
Asímismo el ministro de Justicia, Salvador Heresi, informó que un equipo técnico está preparando los argumentos que sustentarán la demanda.
La acción de inconstitucionalidad es un proceso consagrado en la Constitución Política del Estado, que se presenta ante el Tribunal Constitucional contra una ley que, por el fondo o la forma, contraviene a la Constitución. Su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria.
El plazo en estos casos oscila entre tres y cuatro meses como máximo, porque el procesamiento de las acciones de inconstitucionalidad se cuenta solo en días hábiles.
Lo que hay detrás
La ley mordaza ha sido calificada como una forma de sofocar a los medios que investigan hechos de corrupción y que, además, viola el derecho de información de los ciudadanos.
La aprobación de dicha ley se aceleró luego de que una investigación periodística incomodara al Parlamento, pues con un reportaje se conoció que el Congresó compró 60 televisores y 76 frigobares para supuestamente disfrutar del Mundial de Rusia 2018.
La prensa le preguntó al presidente del Congreso, Luis Galarreta, si consideraba oportuno que se gastara dinero en la compra de televisores, cuando el norte del país necesita que se invierta en obras para su reconstrucción. Ante el cuestionamiento respondió con una amenaza: “Sí hemos aprobado una muy buena ley para la reconstrucción y también vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros”.
Ante esto, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Villarán, señaló que las afirmaciones del presidente del Congreso solo confirman que la intención de aprobar dicha ley busca silenciar a los medios que son incómodos para el poder.
Reacciones
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó su respaldo al presidente Vizcarra a través de su cuenta en la red social Twitter.
“El objetivo real de la ley es afectar a los medios que son independientes, que son críticos y que investigan los hechos de corrupción. Esto ya ha pasado en Venezuela, en Ecuador y en el Perú de (Alberto) Fujimori. Por lo tanto, el Perú con esto emprende un camino muy peligroso”, sostuvo.
Saludamos la posición y acción que anuncia el presidente @MartinVizcarraC en defensa de la libertad de expresión ante la ley que prohibiría la asignación de publicidad al sector privado de medios en el Perú https://t.co/6u6SHfTY7n
— Edison Lanza (@EdisonLanza) June 13, 2018
También resaltó que si se aprueba la iniciativa se actuaría en contra de la doctrina internacional, la que establece que prohibir totalmente los ingresos por publicidad oficial a los medios privados “es discriminatorio”.
Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, advirtió que la normativa representa “un claro peligro para la democracia” y un “claro atentado a la libertad de expresión”, siendo el ciudadano el principal perjudicado.
“Se pretende suplir a los medios de comunicación masivos, tradicionales, por redes sociales, cuando casi el 30% de la población no tiene acceso a internet”, señaló a la prensa local.
En tanto, Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), calificó la iniciativa como “un mecanismo de censura indirecta” para el periodismo, el que busca cortar parte de su fuente de financiamiento para desempeñar tal labor.