El régimen de Nicolás Maduro, que se ha caracterizado por violar constantemente la Constitución y los derechos humanos, también pasará a la historia por institucionalizar el nepotismo en Venezuela, un delito relacionado con la corrupción y que profundizó aún más dentro del chavismo tras las fraudulentas elecciones del 20 de mayo.
Y es que al Ejecutivo venezolano no le da verguenza que se conozcan los cientos de casos en los que por tráfico de influencias cuentan con numerosos familiares en las diferentes instituciones del país. De hecho, recientemente, y en menos de 24 horas se conocieron descarados nombramientos a sumar en la lista de nepotismo.
Por ejemplo, Cilia Flores, primera dama de Venezuela, tiene ahora a su nuera como jefa del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS). Por su parte, Calixto Ortega, magistrado del chavista e ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, ahora tiene a su sobrino como presidente del Banco Central del país.
Por decisión presidencial, Magaly Gutiérrez Viña fue designada como nueva jefe del IVSS; ella es esposa de uno de los hijos de Cilia Flores.
Asímismo, la misma Cilia Flores tenía a uno de sus sobrinos, Erik Malpica Flores, en cargos dentro de la estatal petrolera PDVSA y fue hasta Tesorero Nacional.
El caso del magistrado del TSJ, Calixto Ortega, es particular, pues ahora su sobrino, que lleva el mismo nombre, se encargará de presidir el Banco Central de Venezuela.
Diosdado Cabello, quien ahora es presidente de la chavista Asamblea Constituyente, tiene a su esposa encabezando el Ministerio de Obras Públicas. Por su parte, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, ambos hermanos, ostentan, respectivamente, un ministerio y la vicepresidencia del país.
Maduro, el mandatario del país suramericano, designó a su hijo en 2017 con el cargo de director general de delegaciones presidenciales; mientras que Manuel Galindo, Contralor de Venezuela, quien debería ser el líder de la lucha anticorrupción, tiene al menos a 13 familiares en diferentes cargos públicos.
El nepotismo es cualquier forma de favoritismo de funcionarios públicos que gozan de poder para influir en el ingreso de familiares y amigos en la administración pública. En general, es el uso de privilegios para favorecer a conocidos, bien sea con cargos, con contratos o información de interés.
En 2016, la ONG Transparencia Internacional advirtió que el nepotismo es un delito que ha perpetrado todas las instancias del Estado, una situación que con el paso de los años no ha cambiado, por el contrario, se ha intensificado.
Los artículos 145 y 146 de la Constitución de Venezuela consagran los principios de honestidad, idoneidad y eficacia en el nombramiento de los funcionarios; el artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción prohíbe favorecer intereses económicos particulares, y el 14 condena abiertamente el nombramiento o remoción de funcionarios de acuerdo a su filiación política.
Asímismo, el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos, en su artículo 6 también condena contundentemente estas prácticas, de la misma manera que lo hacen los artículos 33 y 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública Nacional.
A pesar de todo esto, el contralor Manuel Galindo, quien se ha encargado de perseguir e inhabilitar a opositores, llegó a señalar que existe un “nepotismo positivo”.
“Es necesario hacer una distinción entre nepotismo positivo y negativo, habría que remontarse al siglo XVIII. Nepotismo existe cuando familiares de funcionarios no reúnen condiciones para ejercer un cargo”, señaló en 2016 en una entrevista televisiva.
Y es que los recientes movimientos del Nicolás Maduro dejan en evidencia el modo en que el chavismo busca “cerrar su círculo” sin disimulo. No solo otorgan cargos a familiares y amigos, sino que, además, lo hacen sin importar la experiencia previa de cada uno de los “beneficiados”.
La semana pasada, Maduro anunció un nuevo Gabinete a través de su cuenta en Twitter, pero lo que realmente hizo fue mover a sus más allegados amigos como fichas de ajedrez.