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A la Corte Penal Internacional (CPI) se le agotan las opciones para seguir ignorando los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro; esto, luego de que el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU le recomendara al tribunal internacional investigar los abusos y violaciones en Venezuela.
El máximo representante para los DD.HH., Zeid Ra’ad al Hussein, no es el único que en las últimas horas ha hecho énfasis en la inacción por parte de la CPI, desde diversas instancias internacionales, políticos, abogados y hasta representantes de la OEA, exigen a la fiscal Fatou Bensouda que actúe en el caso de Venezuela.
Tal es el caso del excanciller peruano, Luis Gonzales Posada quien acusó de complicidad por inacción a Bensouda, quien tiene más de 600 pruebas de violaciones y crímenes contra el régimen de Nicolás Maduro, y aún no existe un pronunciamiento firme sobre los resultados del examen preliminar en la CPI.
«La Corte Penal Internacional tiene 600 denuncias de torturas desde el 2004 y no hace absolutamente nada para investigar. El Gobierno del Perú debe pedir explicaciones a la Corte por esta sospechosa inacción de sus jueces y fiscales», señaló a PanAm Post Gonzales Posada.
El excanciller recordó la evidente ejecución extrajudicial del capitán Óscar Pérez, quien fue asesinado en «vivo y directo» por parte de las fuerzas de Seguridad de Nicolás Maduro.
«Ante esta escandalosa y reprobable indiferencia de la CPI, varias organizaciones humanitarias han presentado docenas de denuncias sustentadas. Lo han hecho las comisiones de derechos humanos de la ONU y de la OEA, el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional, Human Rights y el Centro de Estudios para América Latina que dirige la prestigiada penalista Tamara Suju; así como la Asamblea Nacional de Venezuela y, recientemente, un grupo de expertos designados por la Secretaria General de la OEA. Pero la CPI continúa sorda, ciega y muda», denunció.
Para Luis Gonzales Posada es hora que el gobierno del Perú o cualquier otra nación del Grupo de Lima solicite respuestas ante las denuncias presentadas contra el régimen chavista.
Y es que desde que inició su funcionamiento en 2002, la Corte Penal Internacional ha generado gastos superiores a mil quinientos millones de dólares, y en ese largo período solo ha procesado a cuatro criminales africanos y en América Latina, a ninguno.
En primer lugar, hay que mencionar que para que un caso sea investigado y enjuiciado tiene que pasar por la aprobación del fiscal de la Corte y luego por una Sala de Asuntos Preliminares; todo un proceso burocrático que puede durar años.
Dicho tribunal internacional que debería investigar y procesar atrocidades cometidas a gran escala, tales como genocidios o crímenes contra la humanidad, depende además del consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, al que pertenecen Rusia, China, Francia, Estados Unidos e Inglaterra.
El abogado venezolano Carlos Ramírez López, quien cuenta con un Diplomado en Litigación Penal Internacional, aseveró en una entrevista para PanAm Post que la Corte Penal Internacional de Justicia (CPI) “no sirve para nada”, pues detrás de ella hay una serie de funcionarios corruptos que ensucian el verdadero propósito del organismo.
Ramírez López explicó que la Corte Penal Internacional está obligada a iniciar una investigación si un Estado parte los exige; sin embargo, hasta ahora ninguno lo ha pedido.
Ahora queda esperar que naciones como las del Grupo de Lima tomen la iniciativa de presionar a la Corte Penal Internacional para que finalmente inicie un juicio que pueda condenar al régimen de Maduro por los crímenes de lesa humanidad.
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