La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un duro informe sobre las “atrocidades” perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Un documento que más temprano que tarde fungirá como prueba para condenar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en el país suramericano.
El documento no solo hace mención a la represión y al excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de Seguridad del Estado, también hace referencia a la tortura, los malos tratos y la vulneración de los derechos en materia de salud y alimentación.
Tras la publicación de este informe, titulado Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió a la Corte Penal Internacional investigar los abusos que se están llevando a cabo en Venezuela.
El representante de la oficina de derechos humanos también señaló que es evidente que el Estado de derecho “está virtualmente ausente” en el país suramericano.
El documento de 71 páginas revela las principales violaciones perpetradas por el régimen de Maduro y arropadas por el usurpador fiscal general, Tarek William Saab.
Principales hallazgos
Violaciones a la libertad de reunión pacífica: el informe destaca que tras el aumento de las protestas, el régimen de Maduro busca impedir cualquier tipo de manifestación. Habla de las constantes violaciones por parte de los cuerpos de Seguridad del Estado y las detenciones arbitrarias contra opositores. Asimismo, hace referencia a la chavista ley contra el odio, que limitó aún más el derecho de reunión pacífica.
Impunidad: el documento habla de “violaciones a los derechos, a la verdad y la justicia de los familiares de las personas muertas durante las protestas”. En este punto se responsabiliza directamente a Tarek William Saab por la disminución de las investigaciones.
“Desde que un nuevo Fiscal General había asumido el cargo el 5 de agosto de 2017, el ritmo de las investigaciones disminuyó drásticamente. También observaron que el nivel de participación activa de los fiscales disminuyó de modo significativo. Una nueva política interna, según la cual toda investigación relacionada con un agente de seguridad debe ser aprobada personalmente por el Fiscal General, introdujo preocupaciones sobre la pérdida de independencia de los fiscales. En algunos casos, los fiscales fueron despedidos o separados de los casos”.
Ejecuciones extrajudiciales: el informe del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también hace mención a las ejecuciones extrajudiciales que han surgido tras la implementación del plan estatal Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
Asímismo el documento hace mención específica a la muerte del capitán Óscar Pérez, quien ante los ojos del mundo fue asesinado en una operación con funcionarios de la GNB, el FAES, la PNB, el CONAS y la DGCIM.
“La información recopilada por el ACNUDH indica que, aunque el grupo había iniciado negociaciones con los comandantes de la GNB para rendirse, los agentes recibieron contraórdenes del Comando Estratégico Operacional en el sentido de que recurrieran a la fuerza letal y ejecutaran a todos los miembros del grupo una vez sometidos”, señala el documento.
Detenciones arbitrarias y torturas: no es la primera vez que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena las detenciones arbitrarias a personas inocentes, así como las torturas y malos tratos perpetrados por el régimen de Maduro.
“Los actos de malos tratos y tortura documentados comprendieron descargas eléctricas,golpes fuertes —por ejemplo, con tubos de metal y bates de béisbol— violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua. Los detenidos eran también sometidos a temperaturas frías y/o a luz eléctrica constante, eran esposados y/o se les vendaban los ojos durante largos períodos, y recibían amenazas de muerte e insultos”, señala el documento.
Violación a una alimentación adecuada y a la salud: a diferencia de otros informes sobre las diferentes violaciones por parte de la dictadura venezolana, este último documento hace referencia específica a la crisis humanitaria que enfrentan los venezolanos y que forma parte de una violación a sus derechos. Se trata de la escasez de alimentos y medicamentos en el país suramericano.
“La falta de alimentos, combinada con el hecho de que estos son inasequibles, ha obligado a las familias venezolanas a cambiar sus hábitos alimenticios y a poner en marcha nuevas estrategias de subsistencia. Las opciones de los venezolanos para obtener alimentos eran: hacer cola durante muchas horas para comprar alimentos a precios controlados por el Estado, lo que generalmente se ofrecía esporádicamente y en cantidades limitadas; ser beneficiario de un programa social, o adquirir productos en el supermercado o en los bachaqueros (mercado negro) a precios hiperinflacionados”, establece el informe.
Con todos estos antecedentes, no solo el alto comisionado para los Derechos Humanos, sino cualquier país miembro de la Corte Penal Internacional podrá presionar para que en instancias internacionales se haga justicia a favor del pueblo venezolano y contra el régimen de Maduro.