Una vez más y en su intención de seguir presionando a la dictadura en Venezuela, la Unión Europea emitió un nuevo listado de 11 sancionados, entre los que destaca la chavista vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Las sanciones surgieron tras el fraude electoral del pasado 20 de mayo, en el cual Nicolás Maduro impuso su reelección con el respaldo del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los cancilleres europeos reunidos en Luxemburgo fueron los encargados de añadir 11 nombres a la lista de sancionados con medidas “selectivas”, que implican tanto la prohibición de viajar a la U.E., como la congelación de sus activos.
Un alto funcionario europeo explicó entonces que el objetivo era sancionar a “los actores vinculados a la organización de esas elecciones poco representativas”; esta decisión eleva a 18 el número de personas sancionadas por la UE.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ya fue sancionada en enero junto a otras seis personas, entre ellas el número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, flamante presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige Venezuela.
Cabe destacar que al contrario de Canadá, Estados Unidos y Panamá, los europeos se resisten a imponer sanciones al presidente venezolano, ya que abogan por no romper los puentes del diálogo y poder trabajar en pro de una solución negociada a la crisis.
El listado de los nuevos sancionados está conformado por Tareck El Aissami, Sergio José Rivero Marcano, Jesús Rafael Suárez Chourio, Iván Hernández Dala, Delcy Eloína Rodríguez, Elías Jaua Milano, Sandra Oblitas, Freddy Alirio Bernal, Katherine Harrington, Socorro Elizabeth Hernández y Xavier Antonio Moreno.
Ante el anuncio de nuevas sanciones, el régimen de Venezuela emitió un comunicado rechazando la supuesta “agresion de la Unión Europea” y la acusó de estar “subordinada” a Donald Trump.
“Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, al pretender imponer medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional, contra altos funcionarios del Estado Venezolano. La UE confirma así su total subordinación a Donald Trump”, señaló el canciller venezolano Jorge Arreaza.
Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, al pretender imponer medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional, contra altos funcionarios del Estado Venezolano. La UE confirma así su total subordinación a Donald Trump pic.twitter.com/YBKG5sb3Nq
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 25, 2018
La Unión Europea no es el único organismo que decidió emitir sanciones tras el fraude electoral, el pasado 21 de mayo el Grupo de Lima, conformado por 14 países, también anunció el retiro de sus embajadores y la reducción de sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Además señaló que coordinará acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela.
Estados Unidos, por su parte, anunció una serie de sanciones contra el régimen de Maduro para limitar la capacidad de Venezuela de vender deudas y activos en EE.UU.
La orden ejecutiva prohibió a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al Gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Canadá hizo lo propio y se conviertió en el país que más a sancionado a venezolanos, seguido de cerca por Estados Unidos.
Una lista de castigos internacionales
El primer país en asumir sanciones contra la dictadura en Venezuela fue Estados Unidos. Comenzó castigando a funcionarios del chavismo corruptos y violadores de derechos humanos, y ahora continúa con acciones económicas que achican el panorama político y económico del régimen.
Con la llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado la presión al Gobierno venezolano con continuas rondas de sanciones económicas individuales y también financieras.
Estados Unidos mantiene a 61 funcionarios del chavismo en una lista negra de sanciones, en la que no solo les bloqueó sus bienes y activos, sino que además les negó el ingreso a suelo norteamericano. Del mismo modo, prohibió tanto a empresas como a ciudadanos estadounidenses tener relación comercial alguna con cualquiera de los sancionados.
En agosto de 2017, Estados Unidos anunció sus primeras sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela, lo que representó un duro golpe financiero para el país suramericano sostenido por la dictadura de Nicolás Maduro.
Prohibió al régimen de Maduro y a su petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), vender nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras del país norteamericano.
Canadá también se ha sumado a las mismas sanciones que Estados Unidos, mientras que la Unión Europea y otros diez países de ese continente emitieron en enero las primeras medidas específicamente contra funcionarios del chavismo.
Por su parte, Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina que se sumó a las sanciones, tras impedir el ingreso a su territorio del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y su familia.
En marzo de 2018, Panamá también tomó medidas. La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de ese país, publicó un listado de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera “reforzada”.
Las acciones tomadas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, diez países de Europa, Costa Rica y Panamá, surgieron para castigar las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura y los actos de corrupción emprendidos por funcionarios del chavismo.
Estos gobiernos indican que las sanciones solo se levantarán, si es el caso, cuando se restablezca el Estado de derecho y la democracia constitucional en Venezuela.