Perú: hostigamiento a la prensa tras reportaje que salpica al Poder Judicial

El asedio de la Fiscalía surge luego de que IDL-Reporteros publicara audios con indicios de supuestos actos de corrupción y presunto tráfico de influencias entre integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

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Se trata de una violación a la libertad de prensa porque la diligencia judicial se hizo sin previa notificación y sin documentación básica (IDL – Reporteros)

Una vez más la prensa independiente en Perú se ve amenazada tras la actuación de la Fiscalía que decidió incautar la documentación relacionada con una investigación que efectuó IDL-Reporteros.

Se trata de un medio de comunicación privado encargado de hacer reportajes de investigación y que ha revelado desde casos relacionados con Odebrecht, hasta los gastos excesivos protagonizados por el Congreso. Sin embargo, en esta oportunidad el asedio de la Fiscalía peruana se produce despues que IDL-Reporteros publicara audios con indicios de supuestos actos de corrupción y presunto tráfico de influencias entre integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

La actuación de la Fiscalía produjo generó alerta en el gremio de periodistas, no solo porque se trata de una violación a la libertad de prensa, sino también porque la diligencia judicial se hizo sin la previa notificación y sin la documentación básica para procesarla.

Pero esta no es la única acción contra la prensa en este caso. La mañana de este miércoles 11 de julio, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, anunció que la Comisión de Fiscalización investigará cómo llegaron las grabaciones al portal periodístico IDL-Reporteros; en ningún momento señaló que también se investigará el trasfondo de lo publicado en los audios.

El director general del Instituto de Defensa Legal (IDL), Glatzer Tuesta, consideró que el anuncio de Galarreta solo busca seguir encubriendo a los verdaderos responsables.

“Esto es un atentado contra la libertad de expresión. No se quiere investigar el tema de fondo. IDL-Reporteros sacó hace unos meses un reportaje que involucra a Héctor Becerril y sus vínculos con el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Acaso el Congreso ha investigado este caso o al menos ha dicho algo? No han hecho nada”, declaró Tuesta.

Rodrigo Villarán, director del Consejo de la Prensa Peruana, manifestó su preocupación ante lo sucedido y denunció que cada vez se presentan más mecanismos que obstaculizan el trabajo de los medios de comunicación independientes.

“Vemos que cada vez más existe el mecanismo de una censura indirecta. Hemos señalado como uno de estos mecanismos una agenda legislativa que vulnera la libertad de expresión, la libertad de prensa, con la intención de ejercer presión sobre periodistas y medios de comunicación que están teniendo un tono particularmente crítico con actos de corrupción como el caso Lava Jato y algunas denuncias vinculadas a compras irregulares en el Congreso”, señaló a RPP.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un comunicado de rechazo por la “ilegal intervención” que la Fiscalía Anticorrupción desplegó este martes en las oficinas de IDL-Reporteros.

“Diligencia que consideramos constituye un acto de hostigamiento tras la reciente difusión de audios que comprometen a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura”, protestó el gremio.

“Para la ANP, una vez más, se ataca al mensajero olvidando que el derecho constitucional a la reserva de las fuentes en nuestro país es sostén del ejercicio periodístico”, acotó la institución.

Por su parte, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) denunció que existe una degradación de la situación de la libertad de prensa en Perú.

“Es un atropello a la libertad de expresión y una profunda preocupación de algunos integrantes del Ministerio Público por lo que se va a divulgar”, declaró Augusto Álvarez Rodrich, presidente del Instituto de Prensa y Sociedad.

Asímismo, la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP) emitió un comunicado en el que condena la intimidación por parte de la Fiscalía a raíz del anuncio de IDL-Reporteros sobre la publicación de otros audios en los próximos días.

“Consideramos que es una intimidación por parte de la Fiscalía debido a que IDL-Reporteros anunció que continuaría con más revelaciones sobre el mismo caso. Nos parece que la forma en la que llegaron el Fiscal y los policías a la oficina IDL-Reporteros, sin documentos de por medio, sin orden de una fiscal a cargo de la investigación del juez de la corte del Callao, es un acto que podría obstaculizar la investigación que iba a continuar”, declaró la periodista y presidente de la APEP, Jacqueline Fowks.

Cabe destacar que la Fiscalía negó que se trate de un acto de hostigamiento a la prensa.

Los audios divulgados

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es la institución encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces, fiscales y a quienes encabezan la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, desde el CNM se decide el destino de prácticamente todos los engranajes que integran el sistema de justicia de Perú.

El pasado sábado 8 de julio, IDL-Reporteros publicó un reportaje titulado “Corte y corrupción” en donde se ventilaron audios reveladores y que les fueron entregados de manera anónima.

Al parecer, los 12 audios exponen conversaciones que vinculan a altas autoridades judiciales y a miembros del CNM.

En los audios Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, un distrito de Lima; César Hinostroza, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior; e Iván Noguera, venden y compran posiciones de poder y hasta negocian el apoyo al hoy presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

Ante esta situación, el Presidente de Perú, Martín Vizcarra solicitó la aplicación del artículo 157 de la Constitución que reclamaría la remoción de los miembros del CNM.

Prensa privada en jaque

No es primera vez que la prensa independiente en Perú se ve amenazada por acciones judiciales o por parte de instancias gubernamentales. Recientemente el Congreso de Perú también promulgó una “ley mordaza” en la que prohíbe la contratación de anuncios estatales en la prensa privada, y exhorta a las entidades públicas a crearse cuentas en redes sociales.

La ley mordaza ha sido calificada como una forma de sofocar a los medios que investigan hechos de corrupción y que, además, viola el derecho de información de los ciudadanos.

La aprobación de dicha ley se aceleró luego de que una investigación periodística incomodara al Parlamento, pues con un reportaje se conoció que el Congresó compró 60 televisores y 76 frigobares para supuestamente disfrutar del Mundial de Rusia 2018.

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