Cada día aparecen nuevas pruebas que le demuestran a la comunidad internacional que el régimen de Nicolás Maduro está impulsando la criminalidad en otros países al permitir que la delincuencia venezolana cruce las fronteras para delinquir.
Recientemente, se conoció que las autoridades en Perú lograron detener a cinco venezolanos pertenecientes a la organización criminal venezolana “El Tren de Aragua”, desde donde cometían secuestros, robos y hasta sicariato.
Se trata de venezolanos que en vez de estar encarcelados en Venezuela por sus delitos, se encuentran en libertad, como miles de criminales en el país suramericano.
El pasado sábado 4 de agosto el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la Policía Nacional de Perú (PNP), Juan Carlos Sotil, explicó en una conferencia de prensa que al menos quince miembros de “El Tren de Aragua” ingresaron a Perú en las últimas semanas.
La situación deja en evidencia no solo la vulnerabilidad de las fronteras terrestres, sino también el nivel de impunidad que existe en Venezuela.
Los cinco delincuentes venezolanos detenidos en Lima planeaban asaltar una oficina bancaria. El más peligroso de ellos era Edinson Agustín Barreda, alias Catire, quien le confesó a la Policía peruana haber actuado de sicario en Venezuela y haber asesinado a al menos seis personas.
“El Tren de Aragua” se formó con el sindicato de un tren cuya construcción nunca llegó a concretarse en la céntrica región venezolana de Aragua, y cuyos miembros pasaron a dedicarse a la extorsión, el secuestro, robos y asesinatos.
“Han ingresado en el Perú 15 miembros del Tren de Aragua para cometer una serie crímenes, principalmente en entidades financieras, e incluso llegar a instalar una sede de su organización criminal en el país”, afirmó Sotil.
El director de la Dirincri apuntó que en Perú hay 72 ciudadanos venezolanos en prisiones, 28 de ellos por crímenes contra el patrimonio, principalmente asaltos o robos a mano armada.
Daniel Blanco, periodista especializado en sucesos, descarta la hipótesis de que exista una “política de Estado de enviar criminales”, sin embargo, agregó que sospecha que hay una “política de puertas abiertas donde los delincuentes están saliendo sin que sean verificados sus registros policiales o antecedentes penales.
“Cuando estos delincuentes salieron de Venezuela debieron verificarles el pasaporte y debió haberse activado una especie de alarma. La pregunta es ¿por qué no fueron detenidos en el debido momento?”, se cuestionó.
De acuerdo con el especialista en sucesos, “la peor ola criminal la está recibiendo Colombia”. “Ahí está la delincuencia organizada, los colectivos armados que se quedaron sin trabajo y sin dinero en Venezuela; hay paramilitares que ya no tienen qué comer y deciden emigrar. Los delincuentes que se han visto afectados de una u otra manera por la crisis están ahorita en Colombia, luego los que tienen un poco más de dinero llegan a Ecuador y otros a Perú “, señaló.
“El perfil del delincuente venezolano en Perú es el malandro común con experiencia en Venezuela que ha pertenecido a bandas, la mayoría son extorsionadores, ladrones y hasta policías”, explicó.
“Primero empezaron robando en el Cono Norte, que son sectores marginales donde hay falta de alumbrado público, mal estado de vías y una gran cantidad de motorizados que les permite seguir delinquiendo; luego empezaron a robar comercios, extorsionar, a robar casas de cambio, luego bancos y ya estamos viendo bandas con armamento de guerra aplicando el mismo modus operandi que hacían en Venezuela”, detalló.
“Las armas las obtienen acá en Perú, al final entre delincuentes se reconocen y se ponen en contacto. Eso les ha llevado a formar ciertas redes criminales y obtienen armas que no están registradas legalmente; las compran por 200 y 300 dólares. Las granadas, sospecho que vienen de la selva donde opera el narcotráfico y las guerrillas”, sentenció.
Por su parte, Fermín Mármol, abogado criminalista, le dijo al PanAm Post que desde el punto de vista criminológico Venezuela es considerado un “país colador”.
“Venezuela no tiene la fortaleza institucional como para impedir el ingreso y egreso de personas indeseadas, como los relacionados con el tráfico ilegal de drogas, de armas, el tráfico de municiones”, señaló.
“En 2014 ya habíamos advertido la emigración de la criminalidad violenta venezolana, al Mar Caribe, Panamá, Colombia. Y al día de hoy sabemos que ha llegado a Estados Unidos y al Cono sur”, agregó.
El abogado criminalista explicó que generalmente las corrientes migratorias no son planificadas y por ello es difícil establecer un control migratorio.
“Venezuela no impide el ingreso de minerales, de piedras preciosas, no frena el control de personas solicitadas por la justicia, razón pues por la que han emigrado profesionales huyendo del socialismo, y también personas que realmente pretenden exportar modus operandi criminales”, agregó.
Mármol explicó que todo esto sucede porque el país gobernado por Maduro tiene altos índices de impunidad. “En Venezuela de cada 100 delitos se castigan a los sumo 8; la impunidad ronda el 92 %. El déficit de policías uniformados con verdaderas labores de patrullaje supera el 80 %, y el déficit de policías de investigación criminal ronda el 300 %. El déficit de fiscales que realmente se dediquen al procesamiento judicial supera el 50 %, el de jueces penales supera el 40 %. Es lógico suponer que en un país con altos niveles de impunidad los criminales buscarán exportar sus métodos”, señaló.
Para el abogado criminalista la solución es que los países con buena institucionalidad “extirpen estos problemas” implementando todo el peso de la ley sobre los delincuentes.
Y es que el Ministro de Interior de Perú, Mauro Medina, señaló que la Policía Nacional de Perú activará la “captura” de venezolanos que luego de llegar a ese país no busquen regularizar su estatus migratorio; agregó que los organismos de seguridad trabajan en conjunto con sus homólogos ecuatorianos y colombianos, mientras que en Venezuela la base de datos se encuentra desactualizada.