En menos de dos semanas, el régimen de Nicolás Maduro copó la atención internacional. Por un lado se discutió la crisis migratoria, humanitaria y política en organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), y, por el otro, en medios de comunicación se conocieron presuntas reuniones entre funcionarios del Gobierno estadounidense y militares venezolanos como medida de presión para salir de la dictadura.
Importante reunión informal hoy en el Consejo de Seguridad de la #ONU sobre la corrupción en #Venezuela. Pero #EEUU y los países de la región deben convencer a #China y #Rusia para que la situación venezolana entre en la agenda formal del Consejo. La crisis migratoria lo amerita.
— Mariano de Alba (@marianodealba) September 11, 2018
Mariano de Alba, abogado experto en derecho internacional y relaciones internacionales, le dijo a PanAm Post que es evidente el aumento de las presiones por parte de otros gobiernos para lograr una salida negociada a través de la persuasión.
Y es que diarios estadounidenses revelaron que el Gobierno de Donald Trump habría mantenido reuniones con funcionarios y militares venezolanos para presionar la salida de Maduro; ante esto, de Alba señaló que la filtración de dichas informaciones puede tratarse de una estrategia para persuadir al régimen y al chavismo.
Una de las interpretaciones que se le puede dar a esto, es que se está filtrando la información para hacer presión sobre el régimen de Maduro y tratar de disuadirlo y convencerlo de que busque una salida. Esa es una manera de interpetrarlo y una posible razón de por qué la información se está haciendo pública.
“Ahora, desde mi punto de vista, yo no veo que con estas informaciones se vaya a convencer al régimen de que abandone el poder, porque ha demostrado que está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse allí”, agregó el especialista.
Para de Alba, estas informaciones sobre reuniones secretas entre el Gobierno Trump y funcionarios venezolanos, sí podrían aumentar el descontento adentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela y, por lo tanto, generar “movimientos” para presionar aún más la salida del régimen.
“Yo creo que lo que ha salido en los medios de comunicación es el gran deseo de la comunidad internacional, de que la salida sea negociada y pacífica. Pero ya se llegó a un punto en que los países saben que el sector militar juega un factor clave en presionar por esa salida”, agregó.
El especialista resaltó que a esta presión se le suman las acciones internacionales que se han venido dando en las últimas semanas, donde Venezuela ha sido el foco.
Se dio la discusión en la OEA sobre la crisis migratoria venezolana, se habló de la violación a los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y, además, se discutió la crisis política en el Consejo de Seguridad, donde el segundo hombre más poderoso del chavismo, Diosdado Cabello, fue señalado de narcotraficante.
Canciller de #Chile anunció que trabaja con otros países del Grupo de Lima para presentar un proyecto de resolución sobre #Venezuela ante el Consejo de #DDHH de la #ONU. Un paso relevante, pero la atención internacional debe centrarse en acciones que contribuyan a resolver.
— Mariano de Alba (@marianodealba) September 11, 2018
“Todas estas discusiones ayudan a que un mayor número de países y de funcionarios conozcan la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Todo es parte de la presión internacional, para que los gobiernos se enteren sobre la realidad del país”, destacó el especialista.
A estas acciones de presión en organismos internacionales se suma la posibilidad de que al menos seis países de la región emprendan una demanda contra el régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
La idea original era que estas naciones acudieran a la Justicia para acelerar el proceso contra la dictadura; sin embargo, pareciera que las intenciones se han pausado por una posible contrademanda por parte del oficialismo hacia esos países.
“No hay una razón lógica para que el grupo de países que esté considerando demandar a Maduro se sienta con miedo de que el Gobierno venezolano los contrademande, porque aunque efectivamente la posibilidad existe, no debería haber ninguna razón por la cual la Fiscalía de la Corte Penal Internacional vea con buenos ojos esas contrademandas”, señaló el especialista.
“Hay que tener en cuenta que la CPI no juzga ni busca juzgar simples violaciones a derechos humanos que pasan todos los días en todos los países. La CPI juzga crímenes de lesa humanidad, que es un tipo de crimen que para que se verifique, el estándar debe ser bastante alto y, por lo tanto, yo pienso que si el Gobierno venezolano empieza a decir que en los países que lo denunciaron hay crímenes de lesa humanidad, lo que va a hacer es el ridículo ante los ojos de la Fiscalía”, agrego De Alba.
“Yo pienso que los gobiernos con una mínima asesoría serán rápidos en determinar que esa tesis de que el régimen de Venezuela va a contrademandar, no va a coger vuelo en la Fiscalía de la Corte”, sentenció.