Al mismo tiempo en que inicia la Asamblea General de la ONU, el Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la dictadura en Venezuela. En esta oportunidad sancionó a la primera dama Cilia Flores y a los más cercanos a Nicolás Maduro.
El @USTreasury hoy impuso sanciones a más miembros del régimen de Maduro en #Venezuela:
– Cilia Flores
– Delcy Rodriguez
– Jorge Rodriguez
– Vladimiro Padrino
y se apoderó de un avión Gulfstream propiedad de Rafael Sarria, secuaz de Diosdado Cabello— Marco Rubio (@marcorubio) September 25, 2018
Entre otros sancionados está la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
“El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantener su control del poder, a medida que su régimen sistemáticamente saquea la riqueza de Venezuela. Continuamos sancionando a sus socios más leales que permiten que Maduro refuerce su control sobre los militares y el Gobierno mientras el pueblo sufre”, indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
La medida implica la congelación de activos, y la prohibición de visas de ingreso a suelo norteamericano. Entre esos activos figura la propiedad de un avión privado Gulfstream 200, ubicado en Florida y con un valor estimado de USD $20 millones, propiedad de Rafael Sarria, considerado el principal testaferro de Cabello.
En el comunicado, también se anuncia la penalización de varias empresas vinculadas a Sarria, como la Agencia Vehículos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. (AVERUCA), con sede en Venezuela; Quiana Trading Limited, compañía basada en las Islas Vírgenes Británicas; y Panazeate, con sede en Valencia, España.
El Tesoro estadounidense remarcó que este castigo “no es permanente” y que tiene como meta “cambiar el comportamiento” de Caracas.
Hay que recordar que en mayo, Estados Unidos finalmente sancionó a Diosdado Cabello, vicepresidente del partido oficialista y a dos de sus familiares.
Las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro forman parte de la política del Gobierno de Donald Trump de cerrar las vías de financiamiento para los funcionarios del Gobierno de Maduro, en procura de la recuperación de la democracia.
El primer país en asumir sanciones contra la dictadura en Venezuela fue Estados Unidos. Comenzó castigando a funcionarios del chavismo corruptos y violadores de derechos humanos, y ahora continúa con acciones económicas que achican el panorama político y económico del régimen.
Un listado de sanciones
Con la llegada a la Casa Blanca, Trump ha intensificado la presión sobre el Gobierno venezolano con continuas rondas de sanciones económicas individuales y también financieras.
Estados Unidos mantiene a 63 funcionarios del chavismo en una lista negra de sanciones, en la que no solo les bloqueó sus bienes y activos, sino que además les negó el ingreso a suelo norteamericano. Del mismo modo, prohibió tanto a empresas como a ciudadanos estadounidenses tener relación comercial alguna con cualquiera de los sancionados.
En agosto de 2017, Estados Unidos anunció sus primeras sanciones económicas contra el Gobierno de Venezuela, lo que representó un duro golpe financiero para la dictadura de Maduro.
Además, le prohibió al régimen de Maduro y a su petrolera estatal, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), vender nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras del país norteamericano.
Canadá también se ha sumado a las mismas sanciones que Estados Unidos, mientras que la Unión Europea y otros diez países de ese continente emitieron en enero las primeras medidas, específicamente contra funcionarios del chavismo.
Por su parte, Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina que se sumó a las sanciones, tras impedir el ingreso a su territorio del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y a su familia.
En marzo de 2018 Panamá también tomó medidas. La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de ese país publicó un listado de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujetos de supervisión financiera “reforzada”.
Las acciones tomadas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, diez países de Europa, Costa Rica y Panamá, surgieron para castigar las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura y los actos de corrupción emprendidos por funcionarios del chavismo.
Estos gobiernos indican que las sanciones solo se levantarán, si es el caso, cuando se restablezca el Estado de derecho y la democracia constitucional en Venezuela.