Entre dictadura de Venezuela y Uruguay habrían “acuerdos non sanctos»

Enrique Antía, quien condena a la dictadura en Venezuela y la posición indiferente del Gobierno de Tabaré Vásquez, señaló que la actitud del Gobierno uruguayo se debe a "compromisos políticos".

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Enrique Antía: «Creo que hay compromisos políticos, y algunos compromisos políticos tal vez bajo acuerdos non sanctos» (El Billuyo)

El precandidato a la presidencia de Uruguay, Enrique Antía, denunció presuntos «acuerdos non sanctos» o pactos sucios entre el Gobierno de ese país y el régimen chavista de Venezuela.

Antía, candidato opositor crítico de la dictadura en Venezuela y de la posición indiferente del Gobierno de Tabaré Vázquez ante esta, señaló que la actitud del Gobierno uruguayo se debe a «compromisos políticos».

«Creo que hay compromisos políticos, y algunos compromisos políticos tal vez bajo acuerdos non sanctos le impide ser libre a la hora de tomar decisiones. Creo que es un error de la política internacional de Uruguay, que vulnera la historia de la política exterior uruguaya respecto a las libertades, a la legalidad internacional. Y yo creo que ahí se está equivocando, y feo. Vamos a cambiar eso, por supuesto», señaló.

Y es que el Gobierno uruguayo ha mostrado gran indiferencia ante la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela a tal punto de que decidió no firmar la denuncia conjunta de países contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Hay que recordar todas las acciones de corrupción que avaló el Gobierno uruguayo de José «Pepe» Mujica durante su presidencia y la de Hugo Chávez, donde se conoció desde la asignación de fondos públicos de manera irregular, hasta un desfalco millonario en importación de leche.

En 2017, diputados de la oposición uruguaya presentaron una denuncia penal para que la justicia civil de Uruguay investigue los negocios que realizó el Gobierno de José Mujica con Venezuela entre 2010 y 2015. Los denunciantes consideraron que Mujica asignó fondos públicos de manera arbitraria a empresas sin viabilidad que a la fecha no han sido devueltos.

De acuerdo con los diputados, se prestaron USD $43 millones a cinco empresas autogestionadas por sus trabajadores, a pesar de que los informes técnicos eran negativos por falta de consistencia de los proyectos. Algunas de esas empresas eran cercanas al Movimiento de Participación Popular (MPP), la fuerza mayoritaria del Frente Amplio liderada por el expresidente Mujica.

A esto se suma el desfalco millonario en importación de leche en Venezuela. Las investigaciones revelaron que el país suramericano importó leche en polvo de Uruguay a USD $3.740 la tonelada (Conaprole), mientras que el precio promedio del mercado internacional era de alrededor de los USD $1.500. Se habría tratado de una compra con sobreprecios entre el Gobierno de Mujica y el chavismo.

Así como Nicaragua, Bolivia y otros países de la región se han convertido en cómplices de la dictadura chavista, el actual Gobierno de Uruguay, Mujica y su partido comunista, han ayudado a mantener a Maduro en el poder, mientras critican a quienes verdaderamente luchan por la democracia en Venezuela.

Ejemplo de ello es que el pasado lunes 17 de septiembre se conoció que el Partido Comunista de Uruguay rechazó la postura que ha mantenido el secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre Venezuela, y le reclamará al Frente Amplio que lo expulse de sus filas.

El partido comunista asevera que Almagro está “promoviendo la guerra y la agresión” al no descartar una intervención militar para derrocar a Maduro en Venezuela.

El Gobierno de Uruguay ya se ha mostrado indiferente ante lo que sucede en el país gobernado por Maduro, absteniéndose de votar en contra del chavismo en organismos internacionales.

La uruguaya Hana Fischer, columnista del PanAm Post e investigadora, ha calificado como “vergonzosa” la actitud de Uruguay en relación con Venezuela.

Mientras que José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch (HRW) para América, también ha criticado con dureza la postura del Gobierno uruguayo.

Es decepcionante que Uruguay, un país que ha sido históricamente un aliado en la protección y promoción de los derechos humanos en la CPI, aún no se haya adherido a esta iniciativa.

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