«Suicidio» de preso político en Venezuela: otro crímen de lesa humanidad

Dos versiones diferentes dadas por la dictadura de Maduro acentúan más las dudas sobre el suicidio de Albán.

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En el país suramericano se conoció el «suicidio» de Fernando Albán, quien llevaba tres días detenido luego de haber sido secuestrado por la dictadura, tras relacionarlo con el presunto ataque con drones explosivos contra Maduro. (Twitter)

Después del asesinato del capitán Óscar Pérez, el supuesto suicidio del concejal opositor Fernando Albán se convirtió en una de las principales pruebas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Mientras solo han pasado cuatro días luego del «show» chavista en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el régimen de Maduro afirmó que en Venezuela se «respetan» los derechos de los presos; en el  país suramericano se conoció el «suicidio» de Fernando Albán quien llevaba tres días detenido luego de haber sido secuestrado por la dictadura, después de que esta lo relacionara con el presunto ataque con drones explosivos contra Maduro.

Larry Devoe, representante del Estado venezolano en la CIDH, publicó dos videos de presos políticos a quienes supuestamente se le respetaron sus derechos; sin embargo, días después se conoce la muerte de Albán en extrañas circunstancias.

Expresos políticos, defensores de derechos humanos, dirigentes opositores y familiares de Albán, aseguran que el concejal fue asesinado y no se suicidó como lo asegura la versión oficial de la dictadura.

Y es que, por un lado, el Ministerio del Interior en Venezuela dijo que el «suicidio» de Albán fue en una sala de espera; mientras que el Ministerio Público afirmó que fue en un baño de la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Dos versiones distintas en menos de una hora.

Pero expresos políticos venezolanos se dieron la tarea de desmentir a la dictadura en Venezuela, pues todos los que estuvieron detenidos en el SEBIN aseguran que es imposible que un preso político vaya al baño sin ser vigilado.

La versión extraoficial es que Albán murió al ser torturado, y para despistar, lo arrojaron al vacío desde el piso 10 del SEBIN.

De hecho, previo a conocerse el supuesto «suicidio» de Albán, ya había surgido el rumor del fallecimiento de una persona en las celdas de castigo y tortura del SEBIN, a tal punto de que a inicios de la tarde había llegado una ambulancia a la sede de la policía política de Maduro.

Las reacciones ante un extraño suicidio no se han hecho esperar, pues toda persona presa se encuentra bajo la especial custodia del Estado. La protección de su vida e integridad personal es responsabilidad directa de las autoridades.

Cabe destacar que el cuerpo de Albán fue trasladado la noche de este lunes 8 de octubre de la morgue de Bello Monte en Caracas, al Cementerio del Este, sin ningún tipo de autopsia o investigación formal que certifique qué fue lo que sucedió con el concejal.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigará la muerte de Albán en el ámbito del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en ese país.

Por su parte, la Unión Europea emitió un comunicado y reclamó una «investigación independiente» para aclarar las circunstancias de la muerte de Albán.

Asimismo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, responsabilizó directamente al «régimen torturador y homicida» de Maduro por el fallecimiento del preso político.

Y es que tal y como lo señaló la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, la muerte de Albán es una muestra más del talante criminal del régimen madurista.

Suicidios y asesinatos de presos políticos

La muerte de Albán no es el primer fallecimiento que se da en Venezuela en manos de la dictadura.

Hay que recordar que en septiembre de 2017 murió del concejal de Guasdualito, estado Apure, Carlos Andrés García, quien falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en las celdas y no recibir la atención médica necesaria.

A García le fue negado recibir atención médica y cuando fue trasladado a un centro asistencia “ya no había posibilidad de hacer nada para mejorar su salud”.

Además de García y Albán, en marzo de 2015 falleció Rodolfo González, alias “el Aviador”, quien también estaba en manos de la dictadura. Aún se desconoce la causa de su muerte, sin embargo, se habla de un caso de suicidio en la celda, luego de que González se enterara que sería trasladado a la cárcel de Yare (a 100 kilómetros de la capital) a sus 63 años.

González fue detenido en el mes de abril de 2014 sin pruebas ni investigaciones, sin presunción de inocencia, solo por un testimonio anónimo bajo la acusación de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.

Más crímenes de lesa humanidad

Según el Estatuto de Roma, es un crimen de lesa humanidad, y una violación de normas fundamentales del derecho internacional, todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física.

Los crímenes de lesa humanidad no preescriben, lo que significa que en cualquier momento Maduro tendría que responder por los crímenes efectuados sobre los venezolanos, pues ha cometido varios de los delitos mencionados.

A este «suicidio» de Albán se le suma el asesinato del capitán Óscar Pérez en manos de las fuerzas de Seguridad del Estado tras las órdenes emitidas por Maduro.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha recibido múltiples denuncias contra el régimen de Maduro, sin embargo, podría calificarse que la más importante fue la emitida recientemente por los gobiernos de seis países.

La misiva de las cancillerías fue acompañada de dos informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y por un grupo de expertos designados por el secretario general de la OEA. En dichos informes se documentaron ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos.

También está la denuncia emitida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, quien pidió a la CPI que se implique en la investigación de gravísimos casos de violencia de las fuerzas de seguridad del Estado que se cometen con impunidad generalizada contra la población venezolana.

En septiembre de 2017 la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM) también interpuso contra Maduro una denuncia por “crímenes de lesa humanidad” ante la CPI.

Asimismo, en julio del mismo año un centenar de congresistas de Chile y Colombia, entre ellos Iván Duque (presidente electo de este último país), acudieron a La Haya con el mismo fin. Allí presentaron un documento que se basa en informes de organismos internacionales en los cuales se le acusa al mandatario de Venezuela de haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho internacional”.

En noviembre de 2017 Luisa Ortega Díaz, quien otrora negara los delitos cometidos por Maduro, acudió a la CPI para pedir una orden de captura contra el dictador de Venezuela.

Ortega entregó al organismo internacional todas las denuncias contra el Estado venezolano relacionadas con ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

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