Maduro amenaza a periodistas por diferir de versión oficial del caso Albán

“Sabemos de amenazas contra periodistas que han informado sobre las verdades detrás de la muerte del concejal Fernando Albán”, dijo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela

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El régimen no solo inició una persecución contra los periodistas, también lo hizo contra abogados y defensores de derechos humanos que han expresado sus dudas e inconformidades sobre el supuesto suicidio de Fernando Albán (EFE)

Acorralado por las mentiras que rondan la muerte de Fernando Albán, la dictadura de Nicolás Maduro inició una persecución contra periodistas y abogados que se han encargado de desmentir el supuesto suicidio del concejal.

Tras conocerse las incongruencias del oficialismo y las confusas versiones del chavista Fiscal General, los periodistas venezolanos han dedicado las últimas horas a exponer pruebas que demostrarían que el régimen de Nicolás Maduro miente, y que Albán fue asesinado.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), indicó a través de la cuenta oficial en Twitter, que tienen información acerca de amenazas contra aquellos periodistas que han comunicado sobre el “suicidio” del concejal Fernando Albán.

“Sabemos de amenazas contra periodistas que han informado sobre las verdades detrás de la muerte del concejal Fernando Albán (…)”, señala el comunicado. Asimismo, denuncian que hay intenciones de detener a aquellos profesionales de la comunicación que hayan publicado datos sobre lo ocurrido con Albán.

A estas amenazas se suma el cierre obligado del programa radial del periodista Alonso Moleiro, tras la orden del régimen de Nicolás Maduro y Conatel, el organismo encargado de las comunicaciones.

“Es la tradición de la dictadura. Decir lo que pasa es lo que molesta a la dictadura. Vivimos una presión desproporcionada. El acoso ha sido selectivo y progresivo”, señaló Moleiro.

Pero el régimen no solo inició una persecución contra los periodistas, también lo hizo contra abogados y defensores de derechos humanos que han expresado sus dudas e inconformidades sobre el supuesto suicidio de Fernando Albán en manos de funcionarios de la policía política, Sebin.

Joel García, abogado del concejal Fernando Albán, denunció que presuntamente fue dictada una orden de prohibición de salida del país en su contra. Indicó que una fuente que calificó como “confiable” le aseguró que desde los tribunales había sido emitida la orden.

García calificó la medida como un intento de intimidación por parte del gobierno para que no denuncie internacionalmente las irregularidades del caso del concejal Fernando Albán.

“Para que puedan dictar una medida cautelar como la  de prohibición de salida del país tiene que haber una investigación abierta y tengo que estar como presunto imputado en alguna investigación y eso no existe”, indicó García.

“No la podré confirmar hasta que vaya al aeropuerto internacional de Maiquetía y los funcionarios de migración me digan que no puedo salir de Venezuela”, añadió.

Y es que la persecución inició luego de que se conocieran las irregularidades en el acta de defunción de Fernando Albán, las incongruencias del sector oficial y hasta la falsificación de noticias; todo indica que fue vilmente asesinado.

Chavista fiscal general cambia la versión de los hechos

El chavista fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, cambió “de la noche a la mañana” su versión  del supuesto suicidio del concejal Fernando Albán.

A pocas horas de conocerse la muerte del preso político, William Saab había asegurado que Albán se “lanzó desde la ventana del baño” del edificio del Sebin, pero en menos de 24 horas después cambió sus declaraciones:

“Se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño, él aprovecha esa circunstancia (…) y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso diez de la sede del Sebin (…) y se lanza al vacío”, revirtió.

La versión extraoficial es que Albán murió al ser torturado, y para despistar, lo arrojaron al vacío desde el piso 10 del SEBIN. La comunidad internacional también tiene dudas. De hecho, la Unión Europea, EE.UU., Alemania, Ecuador, el Grupo de Lima y España, exigieron una investigación independiente.

“El acta de defunción dice que las contusiones las presenta en la cara anterior del cuerpo; es decir, como si hubiera caído boca abajo. Eso me llama mucho la atención, porque quien conoce la estructura del Sebin, sabe que sus ventanas son de forma vertical, es casi imposible que una persona se lance por allí de esa forma, tiene que meterse de cabeza o de pie”, explicó el abogado Joel García, defensor de derehos humanos.

Y es que desde que se conoció la versión oficial del “suicidio” de Albán, surgieron pruebas contundentes que desmienten al régimen de Nicolás Maduro y que indican que el preso político fue brutalmente asesinado.

Y es que, por un lado, el Ministerio del Interior en Venezuela dijo que el “suicidio” de Albán fue en una sala de espera; mientras que el Ministerio Público afirmó que fue en un baño del piso 10 de la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Pero la versión oficial del “suicidio” desde el baño fue totalmente desmentida, pues la periodista venezolana Carla Angola dio a conocer los planos arquitectónicos del piso 10 del edificio, donde se evidencia que los baños no tienen ventanas.

Pero además de esta incongruencia, existe la evidencia de que el régimen violó el protocolo de Minnesota por irregularidades en la autopsia del concejal.

El documento oficial reveló que supuestamente Albán habría fallecido por traumatismos “por caída de altura”; sin embargo, esta conclusión genera grandes dudas y rechazo porque evidencia que no se dio una investigación independiente ni objetiva.

El protocolo de autopsia reveló: traumatismo cranoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismo toráxico abdominal cerrado por caída de altura. Pero de acuerdo con el diario El Nacional, el procedimiento médico forense no duró más de cinco minutos y, según fuentes de la medicatura de Bello Monte, “las autopsias pueden tardar hasta 20 minutos, aún si la causa de muerte es natural”.

Pero detrás del acta de defunción del concejal existe otra irregularidad, mayormente política: fue firmada por el médico Arnoldo José Pérez Durán, quién se graduó en la segunda cohorte como Médico Integral Comunitario (MIC) de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.

De acuerdo con el registro del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, ingresó a trabajar al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF el 01 de septiembre de 2018; lo que significa que solo tiene una experiencia de 38 días.

Pero esto no es todo, de acuerdo con el Protocolo de Minnesota sobre ejecuciones extrajudiciales, una autopsia debe ser firmada y ejecutada por un anatomopatólogo forense y no, por un “médico comunitario” egresado de una universidad chavista sin reconocimiento nacional ni internacional.

Además de que el “médico” ha manifestado a través de sus redes sociales su afinidad con el chavismo y el régimen de Nicolás Maduro, se autodenomina “soldado de Chávez”. Todo indica entonces, que en la investigación forense no existió independencia ni se cumplió con los parámetros necesarios para establecer lo que realmente sucedió con el concejal Albán.

Hay que recordar que Fernando Albán llevaba tres días detenido luego de haber sido secuestrado por la dictadura, después de que esta lo relacionara con el presunto ataque con drones explosivos contra Maduro.

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