España cambia su política hacia Venezuela: de sanciones a diálogo

El internacionalista Mariano De Alba calificó de "error garrafal" la nueva posición de España, sobre todo porque el régimen de Venezuela no ha dado señales concretas de tener voluntad para buscar soluciones a la crisis

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España busca defender ante la Unión Europea la idea de promover el diálogo político en Venezuela, y desestimular la imposición de sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. (Twitter)

El gobierno de España decidió «flexibilizar» su posición ante la dictadura en Venezuela; ahora abandonará la búsqueda de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y por el contrario fomentará el diálogo en el país suramericano; esto a pesar de que todos los intentos han sido infructuosos.

Con este giro diplomático, España busca defender ante la Unión Europea la idea de promover el diálogo político en Venezuela, y desestimular la imposición de sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro.

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Mariano De Alba, internacionalista y experto en Derecho Internacional, calificó de «error garrafal» la nueva posición de España, sobre todo porque el régimen de Venezuela no ha dado señales concretas de tener voluntad para buscar soluciones a la crisis.

«Los países de la Unión Europea tienen que estar conscientes que el régimen de Nicolás Maduro no ha dado señales concretas, sostenidas en el tiempo, de tener la voluntad de empezar a buscar soluciones a la grave crisis que atraviesa Venezuela», señaló.

El especialista resaltó que la política de sanciones no puede ser la única herramienta para presionar, pero criticó que se enfatice en un diálogo infructuoso.

«Sí, la política de sanciones no puede ser la única herramienta para presionar por una resolución a la crisis de Venezuela, pero apostar por poner el énfasis en promover el diálogo con un régimen que lo único que quiere es mantenerse en el poder a toda costa es un sinsentido», agregó.

«Es un error garrafal olvidar la historia reciente. La promoción de un diálogo y la apertura de cauces de colaboración sólo tendría sentido cuando se demuestre la voluntad del régimen, con acciones sostenidas, a buscar soluciones», sentenció.

Para De Alba la Unión Europea, más que estar pensando en cómo promover el diálogo en Venezuela, tendría que implementar más mecanismos de sanción sobre el régimen para tratar de que cambien su conducta o se produzcan quiebres en la coalición de gobierno».

Por su parte, la alianza ciudadana y global Soy Venezuela rechazó la posibilidad de un diálogo en el país suramericano y señaló que se trata de una «política de Podemos y el PSOE para darle oxígeno a Maduro”.

“La deplorable iniciativa de Jose Luis Rodriguez Zapatero, asumida como política de Estado por la coalición del PSOE y PODEMOS solo tendrá como consecuencia más muerte, más represión y más sufrimiento para todos los venezolanos. Esos dos años que plantean para normalizar el país y hacer unas supuestas elecciones no son otra cosa que dos tiros de gracia que impactan en la esperanza de los venezolanos”, establece el comunicado.

Y es que la propuesta que defenderá el gobierno de España rompe con la estrategia seguida por el anterior gobierno de Mariano Rajoy, quien junto a Donald Trump impulsó la creacion de sanciones de la UE contra el régimen de Maduro.

Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de DDHH del Parlamento Europeo, rechazó, a través de su cuenta enTwitter, la propuesta hecha por ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, de cambiar las sanciones por el diálogo. Recordó que Nicolás Maduro no ha cumplido con ningún compromiso asumido en los intentos de diálogo.

Antecedentes y consecuencias de diálogos fallidos

En enero de 2017 la oposición venezolana aseguró que no participaría más en la conversaciones si el régimen no cumplía con los compromisos adquiridos; entre ellos la liberación de presos políticos, la aceptación de ayuda humanitaria y la presentación de un calendario electoral. Sin embargo, la dictadura no cumplió, y pese a ello la MUD cedió por cuarta vez. Se desconoce si lo hará por quinta vez.

El incumplimiento de los acuerdos por parte de Maduro hizo expulsar hasta al Vaticano de las conversaciones. Ese mismo mes el papa Francisco tomó la decisión de no enviar, hasta nuevo aviso, a su delegado internacional para participar en el diálogo que inició en 2016. Claudio María Celli, representante de la Iglesia católica en la mesa de diálogo, no viajaría más a Venezuela.

Y es que para Venezuela ha sido un “dolor de cabeza” cada intento de diálogo con el chavismo; es allí donde los presos políticos son usados como “fichas de ajedrez”; liberan a algunos y apresan a otros más.

Con los pasados intentos de negociación solo se multiplicaron los presos de consciencia, la crisis humanitaria se agravó y la oposición quedó expuesta ante el mundo. Mientras más cedía, más se fortalecía el chavismo.

Entre diálogo y diálogo la oposición optó por un referendo revocatorio que no tuvo éxito porque fue desmontado inconstitucionalmente por la dictadura; en vez de exigir a toda costa que se ejecutara, la MUD lo dejó pasar.

Lo mismo sucedió con una prometida marcha al palacio presidencial de Miraflores, una manifestación exigida por el pueblo para presionar aún más al régimen de Maduro, sin embargo, la misma MUD decidió posponerla bajo la excusa de un nuevo intento de diálogo con la participación del Vaticano. La dictadura no cedió, el Vaticano se paró de la mesa y la dirigencia nuevamente fue humillada.

Luego de ello, y con el paso de los meses, tras ese intento fallido de dialogar, la población venezolana salió a las calles descontenta, a la que se sumó una vez más la dirigencia opositora; luego de cuatro meses de manifestaciones y la brutal represión que dejó como consecuencia más de 100 venezolanos muertos, surgió la necesidad de otras alternativas más radicales.

De allí, la celebración de un plebiscito en el que, primero, se rechazaría la Constituyente; segundo, se daría una exigencia a los militares; y tercero, un mandato a la Asamblea Nacional con la conformación de un Gobierno de unidad nacional a través de la renovación de los Poderes; y, además, una “Hora Cero” que nunca llegó.

El mandato de la población nunca se ejecutó: la ilegítima Constituyente sigue vigente y los militares no cumplieron con el resultado del plebiscito.

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