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Una de cada tres muertes violentas en Venezuela es por supuesta «resistencia a la autoridad», o lo que es lo mismo, muertes en manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad en el país suramericano.
Un reportaje de la periodista Thábata Molina, publicado en Noticiero Digital, revela que en el país murieron de forma violenta 14.672 personas durante las primeras 47 semanas de 2018, de las cuales 4.997 se atribuyen a actuaciones de diferentes cuerpos de seguridad al servicio de la dictadura. La mayoría de estos crímenes quedan impunes.
La periodista señala que entre el 1 de enero y hasta el 25 de noviembre de 2018 fueron reportados 114.203 delitos, es decir que en el país denuncian, según las estadísticas que maneja el régimen, 499 delitos por día, o lo que es lo mismo, 21 delitos por hora, o uno cada tres minutos.
Entre el 1 de enero y el 25 de noviembre, en Venezuela han matado a 14.672 personas, según cifras oficiales. Lee los detalles aquí: https://t.co/iy9g4b1WWP
— Thabata Molina (@Thabatica) December 1, 2018
Pero a pesar de que estas cifras son las «oficiales», la verdad es que en el país existe una cifra negra que nadie conoce correspondiente a delitos violentos que no son denunciados y que pasan «por debajo de la mesa».
Hay que recordar la reciente «masacre de la torre Viasa» en Caracas, donde un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dejó al menos siete muertos. Se trata de una vieja edificación abandonada que pertenecía a la antigua aerolínea estatal Viasa (hoy Conviasa), ocupado desde hace una década por familias de bajos recursos.
Al menos 50 efectivos de las FAES, según calculan los testigos, seleccionaron a siete hombres, algunos tenían antecedentes penales, pero los allegados expresan que eso no es justificación para asesinar a nadie y, mucho menos, en un país donde no existe la pena de muerte.
Los funcionarios los llevaron hasta la planta baja de este edificio, invadido desde 2004, y allí los arrodillaron, los golpearon y se los llevaron para asesinarlos, cuentan quienes vivieron el operativo.
Cabe destacar que a principios de este año, Zeid Ra’ad Al Hussein, exalto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió una investigación interna sobre las violaciones de los derechos humanos durante las operaciones de lucha contra el crimen en barrios pobres, llevadas a cabo sin órdenes de arresto y terminando en los asesinatos extrajudiciales de hombres jóvenes.
El fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales no es nuevo en Venezuela, pero se ha recrudecido en los últimos años bajo el Gobierno de Nicolás Maduro. La exfiscal general Luisa Ortega, hoy en el exilio, denunció que entre 2015 y junio de 2017 hubo en Venezuela 8.292 ejecuciones extrajudiciales. Un 22 % de los 21.700 homicidios registrados en 2016 serían responsabilidad de las fuerzas del orden. Por su parte, y a falta de información oficial fidedigna, la ONG Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), documentó 6.385 casos entre 2012 y 2016, con un aumento del 70 % en este último año.
Según el mapa de la peligrosidad en el mundo, realizado por Ministerio de Asuntos Exteriores de España, tanto Venezuela como Nicaragua se ubican en el segundo máximo nivel de peligrosidad.
Y es que según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe continúa siendo la región más violenta del planeta. En la región están 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo con los mayores índices de homicidios.
México es el país que más ciudades tiene en el top diez, con cinco ciudades violentas, le sigue Brasil con tres y luego Venezuela con dos (Caracas y Guayana).
Venezuela tiene más homicidios que un país en guerra
Amnistía Internacional ha denunciado que Venezuela sufre una de las peores situaciones de violencia para un país sin guerra.
Esteban Beltrán, director de esta organización, comparó la situación de Venezuela con la de otros países en guerra: «El número de homicidios es de un país… superior a muchos países en guerra», dijo.
La elevada tasa de homicidios, junto con altísimos niveles de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades constituyen este escenario violento, indicó la organización al presentar un informe en Buenos Aires el pasado mes de septiembre.
A 2017, la ONG calcula un índice de 89 muertes por cada 100.000 habitantes, por encima de El Salvador y tres veces más que Brasil. Y estimó que la impunidad alcanza el 92 % en delitos comunes y el 98 % para los casos de violaciones de los derechos humanos.
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