Congreso peruano sigue legislando a favor de Keiko Fujimori

Con 66 votos a favor, 30 en contra y 6 abstenciones, la mayoría del Congreso aprobó el proyecto de ley que plantea reducir las penas a los investigados por financiamiento ilegal de organizaciones políticas.

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La iniciativa se aprobó cuatro días antes del referéndum, en el que una de las preguntas plantea una modificación constitucional para regular el financiamiento de organizaciones políticas. (Andina)

El Congreso peruano volvió a aprobar una ley que favorecería directamente al fujimorismo; en este caso decidió incorporar el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos, pero con penas menores.

La iniciativa se aprobó cuatro días antes del referéndum, en el que una de las preguntas plantea una modificación constitucional para regular el financiamiento de organizaciones políticas.

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Con 66 votos a favor, 30 en contra y 6 abstenciones, la mayoría del Congreso aprobó el proyecto de ley que plantea reducir las penas a los investigados por financiamiento ilegal de organizaciones políticas; normativa que beneficiaría tanto a la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como al expresidente peruano Alan García.

Hay que recordar que ambos líderes políticos están siendo investigados en Perú por el caso Lava Jato; de hecho, la líder de Fuerza Popular se encuentra detenida cumpliendo prisión preventiva.

Legisladores de la oposición indicaron que esta norma fue creada con nombre propio en alusión a los investigados por el caso de Lava Jato. El congresista de Humberto Morales, del Frente Amplio, pidió que el proyecto de ley regrese a la Comisión de Justicia, pero esto fue rechazado por la mayoría del Parlamento.

En tanto, los legisladores Marisa Glave y Yonhy Lescano indicaron que con esta norma la bancada fujimorista y aprista busca beneficiar a los corruptos.

El artículo incorporado reza «El que infringiendo la ley electoral o de organizaciones políticas, entrega o recibe, directa o indirectamente, financiamiento de origen delictivo es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años».

Sobre esta ley, el legislador Marco Arana comentó que «Han aprobado una ley con nombre propio para tratar con guantes de seda a los políticos corruptos. El fujimorismo y el Apra, en la práctica, lo que han hecho es crear una ley para que PPK, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García, Keiko Fujimori, Susana Villarán, o cualquier otro corrupto, tengan en realidad penas benignas y eso no se puede permitir. No hay una criminalización de la política en el país».

La analista político Ingrid Bazán señaló que se trata de una «ley aprobada en tiempo récord y con trampa».

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No es primera vez que el Congreso peruano, de mayoría fujimorista, aprueba una ley buscando favorecer a los miembros de su bancada o afines.

Este martes 4 de diciembre la Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que beneficia a personas mayores de 70 años para que cumplan su condena bajo vigilancia electrónica. Sería el exdictador Alberto Fujimori el principal beneficiado.

Según el texto presentado por la mayoría de Fuerza Popular, se «tiene como objeto promover la conversión de la pena para personas de avanzada edad que no representen peligro para la seguridad y hayan cumplido una proporción de la pena».

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, reaccionó ante el intento del Congreso de otorgar libertad a Alberto Fujimori, lo calificó como un nuevo intento del fujimorismo de burlarse de las víctimas.

Y es que las bancadas Fuerza Popular y Apra parecen haberse unido para no perjudicar ni investigar a Alan García y Keiko Fujimori por el caso Lava Jato, esto a pesar de que la Fiscalía les investiga por el tema.

El fujimorismo y el Partido Aprista impidieron en el pleno del Congreso que se incluya a sus líderes, Keiko Fujimori y el expresidente Alan García, en el informe final de la comisión parlamentaria que investigó el capítulo peruano del caso Lava Jato.

En el caso de García, la comisión Lava Jato decidió exonerarlo de las acusaciones de colusión, cohecho y negociación incompatible por las irregularidades en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, donde supuestamente Odebrecht pagó sobornos por USD $24 millones.

En ese marco, el mismo fiscal logró que Fujimori fuese recluida en prisión preventiva desde el 31 de octubre por presuntamente haber lavado grandes cantidades de dinero para financiar su campaña para las elecciones de 2011, entre ellas un millón de dólares que Odebrecht afirmó haber entregado para su campaña.

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