Dictadura venezolana difiere audiencia de Requesens tras 133 días detenido

El Estado venezolano ha mostrado un patrón aplicado a la mayoría de las causas políticas, que consiste en mantener presas a las personas, sin llevarlas a juicio.

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Con este diferimiento de audiencia inicia para Juan Requesens una “odisea” al tener que esperar para poder presentarse ante un juez mientras continúa detenido. (Twitter)

La dictadura de Nicolás Maduro, de la mano del chavista Poder Judicial, viola una vez más el legítimo derecho a la defensa tras diferir por primera vez la audiencia de presentación del diputado opositor Juan Requesens.

Luego de 133 días preso, Requesens no ha podido defenderse ni acudir a su audiencia preliminar como lo establecen las normas nacionales e internacionales; esto sumado a que por ser diputado contaba con inmunidad parlamentaria y aun así fue detenido por la dictadura venezolana.

La defensa del preso político denunció que dos horas después de pautada la audiencia de presentación, el tribunal les notificó el diferimiento. “Nos informaron que la audiencia fue diferida porque el procurador general así lo solicitó”, dijo el abogado Joel García.

El abogado alertó que el Estado venezolano ha mostrado un patrón aplicado a la mayoría de las causas políticas, que consiste en mantener presas a las personas sin llevarlas a juicio, dando lugar a una especie de condena adelantada: “A solicitud de la Procuraduría General de la República, fue diferida la audiencia preliminar del diputado Juan Requesens para el 24/01/2019. Con ello comienza la pena anticipada que el régimen impone a todos los presos políticos como patrón sistemático en la violación de DD. HH.”

“El tribunal, los fiscales y los órganos de policía se confabulan para que a una persona se le violen los derechos humanos y esto pueda desencadenar en una condena anticipada. Juan Requesens va a estar preso estas navidades cuando no debería. Y si fuera el caso, debería estar en su residencia, conforme lo establece la Constitución en el caso de los diputados“, dijo el abogado.

Requesens fue imputado por el ilegítimo y chavista fiscal general, Tarek William Saab, por la supuesta comisión de siete delitos, vinculados supuesto atentado fallido contra Maduro el 4 de agosto pasado. Hasta ahora no se conoce ninguna prueba en su contra.

Y es que con este diferimiento de audiencia inicia para Requesens una “odisea” al tener que esperar para poder presentarse ante un juez mientras continúa detenido. Su caso podría ser como el de Lorent Saleh, quien luego de estar más de 4 años preso en el Sebin, acumuló 53 audiencias preliminares diferidas. Es decir, después de ser presentado, nunca más fue escuchado por un juez y sus abogados no pudieron refutar públicamente las supuestas pruebas en su contra.

La abogada y defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, cuestionó las decisiones del Gobierno de Maduro ante el caso de Requesens. A través de su cuenta en la red social Twitter, Suju indicó que dichas acciones por parte del Gobierno demuestra diferimientos injustificados para mantener a las víctimas “en total indefensión” durante meses y años.

En Venezuela hay 410 presos políticos tras la persecución de los regímenes de Maduro y Hugo Chávez, que decidieron amedrentar y detener a la disidencia.

CIDH “preocupada”

Este martes 18 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “su profunda preocupación por la grave situación de DDHH en Venezuela”.

La CIDH incluyó en el resumen del año, tras culminar el 170 periodo de sesiones, lo relacionado con el caso Venezuela. La instancia denunció que se alteró el orden constitucional, pues se desconoció “el principio de separación de poderes” y “existe una falta de independencia de las instituciones”.

Agregó que “a esta crítica situación que afecta el Estado de derecho, se suma una crisis socioeconómica” y advirtió que la caída de la economía se agrava “de manera alarmante en los últimos años”.

Cabe destacar que este martes 18 de diciembre la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, se pronunció contra la privación de libertad y “torturas” a presos políticos.

A través de un acuerdo. el órgano legislativo repudió y condenó la privación ilegítima de libertad, las torturas, tratos crueles e inhumanos aplicados por autoridades del Gobierno Nacional en contra de los presos políticos, civiles y militares que actualmente se encuentran sujetos a írritos procesos judiciales.

La diputada Delsa Solórzano destacó que este ha sido un año muy duro en materia de violación de derechos humanos, “nosotros arrancamos el año con una masacre televisada, la de óscar Pérez y un grupo de 7 venezolanos que fueron asesinados por el Estado. De allí para adelante no hemos parado de ver casos de asesinatos como es el de Fernando Albán”.

Explicó que el acuerdo habla de la judicialización del ejercicio de los derechos laborales porque hay sindicalistas y periodistas presos, y se está persiguiendo políticamente a enfermeras, médicos y a todos los que levantan su voz contra la dictadura.

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