Hay argumentos para ordenar una intervención en Venezuela: Cayetana Álvarez de Toledo

Álvarez viajó a la frontera entre Venezuela y Colombia para presenciar lo que sería el ingreso de la ayuda humanitaria; sin embargo lo que vio y vivió fue el lanzamiento de excesivas bombas lacrimógenas, disparos de bala contra voluntarios y mucha violencia chavista contra una "población hambrienta"

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Cayetana Álvarez: «si el R2P se hubiera aplicado, tampoco Ruanda sería Ruanda. Venezuela es hoy un infierno estadístico. Un país en el que los Derechos Humanos no son violados porque ya no existen» (Twitter)

«Sí hay argumentos para aplicar en Venezuela el principio de ‘Responsabilidad de Proteger’ y ordenar una intervención humanitaria»; así lo afirmó la reconocida periodista e historiadora española Cayetana Álvarez de Toledo después de viajar a Cúcuta y ser testigo de la brutal represión del régimen de Nicolás Maduro.

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Álvarez viajó a la frontera entre Venezuela y Colombia para presenciar lo que sería el ingreso de la ayuda humanitaria; sin embargo lo que vio y vivió fue el lanzamiento de excesivas bombas lacrimógenas, disparos de bala contra voluntarios y mucha violencia chavista contra una «población hambrienta».

El testimonio y las vivencias de Cayetana en Cúcuta quedaron plasmadas en el diario El Mundo en un artículo titulado «La responsabilidad de proteger»; un escrito en el cual la periodista aboga por una intervención militar en Venezuela y la aplicación del principio Responsabilidad de Proteger aprobado por la ONU.

A continuación el escrito completo de la periodista:

Dejé atrás el Puente de la Unidad con la misma frustración de los miles de voluntarios que esperaban para cruzarlo. No es que tuviéramos un especial interés en morir acribillados. Yo, por ejemplo, me he vuelto pinkeriana también en lo personal. Pero a esa hora la grieta entre las expectativas y la realidad era un foso. Apretados en una sala de crisis, los presidentes habían observado a través de tres pantallas lo ocurrido en los demás pasos: gases, disparos, dos camiones en llamas. Y habían decidido abortar el operativo sobre el puente más simbólico y, por los malditos contenedores, el más difícil de cruzar. Y así, la caballería colombiana acabó formando un cordón para bloquear el avance de los voluntarios. Un grupo de mujeres de blanco tiró sus rosas al suelo y se postró de rodillas a rezar. El resto, la mayoría hombres, decidió actuar: «Vamos donde está el lío». Y me apunté.

El concejal de Cúcuta Juan Capacho me hizo de guía: «Toma este bote de vinagre y esta toallita. Apenas sientas el gas, moja la toalla y colócatela sobre la nariz, la boca y los ojos. Sé rápida». En cuanto nos bajamos del coche comprendí la dimensión del desastre. Lo primero que vi, bajo una pequeña carpa convertida en hospital de campaña, fue el cuerpo de un joven chorreando sangre por la ingle. Estaba tumbado sobre unos sucios cartones, su cabeza apoyada en una bolsa con botellas de agua. Dos sanitarios intentaban taponarle la herida con unos trapos, mientras un tercero le introducía algo parecido a suero por el brazo. «¡Concejal, necesitamos refuerzos!», le gritó una coordinadora del operativo a mi amigo. «Éste tiene perdigones, pero acaban de llevarse a uno herido de bala». Seguimos caminando entre la muchedumbre hacia dentro, hacia el lío. Me fijé en la gente: una legión desharrapada, seres humanos reducidos a carne de cañón, sin dirección, sin una misión a esta hora del fracaso decretado. Chicos en chanclas con el torso desnudo y la cara cubierta iban y venían desde el puesto fronterizo. Allí les esperaban los hombres de Maduro, un combo de criminales comunes y militares irrecuperables. Asesinos puros. Primero disparaban bengalas al aire y luego directamente perdigones y balas a la cara. Nos acercamos hasta el cordón de policías colombianos, a unos 50 metros de los enfrentamientos. De pronto, ‘boom’, ‘boom’. Y una nube de gas. «¡¡Corre, corre, por la derecha, baja la cabeza, ponte el vinagre, por la dereeecha, por la dereeeeecha!!» Hice lo que pude. A cinco metros, otro chico caía con un tiro en la frente. Un grupo de voluntarios se abalanzó sobre él y lo quitó del camino para intentar reanimarlo. Vi cómo se lo llevaban atado a una camilla naranja.

El 23-F no fue el Día-D. Al caer la noche, los heridos, físicos y psicológicos, se reunían en sus casas y bajo las tapias para hacer balance. Unos criticaban el exceso de ingenuidad de Guaidó y el que hubiera generado unas expectativas imposibles de cumplir. Otros se lamentaban de que no hubiera aprovechado el concierto, su ambiente de paz y fiesta, para encabezar, esa misma tarde, una marcha sobre el Puente de la Unidad.

El fiasco de Cúcuta coloca el proceso de recuperación de la democracia venezolana ante el espejo. Y ningún político responsable, ni venezolano ni extranjero, puede dejar de mirarlo de frente. La reflexión atañe al coste de la libertad. ¿Es posible derrocar una dictadura sin mandar a decenas o incluso cientos de personas al matadero? Lo diré crudamente porque los eufemismos son letales. Cuando la madrugada del 6 de junio de 1944, el general Eisenhower dijo «Let’s go», sabía que los primeros soldados en desembarcar en Normandía serían fusilados sin piedad. A media mañana sus cuerpos se pudrían ya sobre la playa, mártires de una operación que asumió que la salvación de muchos pasaba por la muerte de algunos. En Venezuela han muerto cientos de miles de personas en los últimos años. Y siguen muriendo, por la violencia, la enfermedad y la desnutrición. La principal diferencia es que esos muertos no los vemos: no se producen una mañana concreta, sobre un puente, ante las cámaras de medio mundo, y como consecuencia -indirecta, si se quiere, pero consecuencia al fin y al cabo- de la decisión de uno de «los nuestros». ¿Debería Guaidó haber hecho como Eisenhower o Churchill? ¿Debería haber dicho: 20, 30, o 40 muertos, en los puentes o a las puertas del palacio de Miraflores, bien valen el fin de una tiranía asesina? No es una pregunta fácil para un demócrata. Pero ha de hacerse y contestarse con sinceridad.

La comunidad internacional también tiene pendiente una grave reflexión. Y debe hacerla ya, a partir de la reunión del Grupo de Lima que se celebra mañana, aquí en Bogotá. ¿Está dispuesta a apoyar alguna forma de intervención en Venezuela? Hasta ahora, ese debate se ha visto sepultado por histéricas alusiones a la injerencia. Los europeos en esto se llevan la palma. En parte, por una culpa mal digerida que ha convertido la abjuración del eurocentrismo en el mejor aval de los dictadores de otros continentes. En parte, por desmarcarse de Estados Unidos: hasta Felipe González no pudo evitar un pellizco a Trump en su vibrante alegato a favor de Guaidó en el World Law Congress. Y en parte, también, por pura hipocresía. ¡Contra la injerencia!, braman las mismas bellas almas que permiten que Cuba lleve 20 años manoseando y vampirizando la vida venezolana. Las mismas que han avalado todos los procesos de diálogo impulsados por Zapatero en beneficio de Maduro. Y también los que no han tenido escrúpulos a la hora de venderle a Venezuela fragatas y otras armas. Todo eso también es injerencia, aunque lo llamen mediación, solidaridad, comercio o turismo del ideal. Pero volvamos a la intervención.

Si hay algo que Guaidó no puede permitirse es que la Gran Esperanza generada a partir del 10 de enero acabe en otra Gran Depresión. Y él lo sabe. La noche del sábado, reconoció que ni su legitimidad ni la incontestable razón ética de su causa bastan para derrocar a un régimen criminal: «Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria que lucha y seguirá luchando». Todas las opciones, otro eufemismo, esta vez de intervención militar.

Una intervención en Venezuela plantea problemas de todo tipo. Logísticos, desde luego. No es fácil imaginar una operación en Caracas como la que derrocó a Noriega en Panamá. Pero sobre todo el desafío es político. Frente al maniqueísmo del ‘No a la guerra’ existe un concepto jurídico que sitúa la defensa de los Derechos Humanos en su justo lugar. Me refiero a un concepto que Almagro ha explicado en muchas ocasiones y que se conoce como «la Responsabilidad de Proteger» o R2P. Nació como consecuencia de las tragedias de Ruanda y los Balcanes. Se formuló por primera vez en 2001, en un Informe de la Comisión Internacional de Inatervención y Soberanía Estatl (CIISE). Y se consagró en una resolución de la Asamblea Nacional de la ONU de 2005. En síntesis, el R2P establece que la comunidad internacional tiene la responsabilidad, no sólo de asistir a los Estados en la protección de su población, sino también de intervenir y tomar medidas determinantes en caso de que un Estado manifiestamente no lo haga. El precepto se aplicó en Siria. Esta frase de la resolución 2139 del Consejo de Seguridad: «Hacer padecer hambre a los civiles es una práctica de guerra prohibida por las leyes internacionales humanitarias». Y, desde el pasado septiembre, ya está en discusión para el caso de Venezuela. La votación a favor de incluirlo en la agenda de Asamblea General de la ONU fue abrumador: 93 a 16.

De lo que se trata, pues, es de animar a la Comunidad Internacional a que asuma su responsabilidad. La R2P no fija un límite a partir del cual deberá aplicarse. No dice: de 50.000 muertos para allá, adelante. Deja a la Comunidad Internacional que tome la decisión en base a un análisis objetivo de la situación. Se dirá: Venezuela no es Ruanda.

Pero yo puedo añadir y añado: si el R2P se hubiera aplicado, tampoco Ruanda sería Ruanda. Venezuela es hoy un infierno estadístico. Un país en el que los Derechos Humanos no son violados porque ya no existen. Y esto no sólo emplaza a las democracias del mundo. Las obliga. Y ahora un apunte pensando otra vez en las bellas almas. Quienes se nieguen a asumir su responsabilidad de proteger a los venezolanos deberán al menos asumir su envés: la responsabilidad de decirles a la cara: «Queridos amigos, hemos decidido que no merecéis el amparo del Derecho Internacional Humanitario frente a la mafia criminal que en Roraima asesinó a indígenas enfermos y hambrientos, y que en Cúcuta convirtió dos camiones llenos de comida y medicinas en una pila de cenizas». Atrévase, ministro Borrell.

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