La dictadura de Nicolás Maduro intenta dar su estocada final contra la Asamblea Nacional de Venezuela con una toma militar que impide la entrada de los diputados de mayoría opositora al Parlamento, y tras añadir a su lista de perseguidos a otros legisladores de oposición.
Desde la mañana de este martes 14 de mayo, el Parlamento nacional se encuentra cercado por funcionarios de la chavista Policía Nacional Bolivariana bajo la excusa de la existencia de un supuesto artefacto explosivo; sin embargo tras más de 6 horas impiden el ingreso de la oposición para sesionar.
Mientras Maduro “radicaliza la revolución” persiguiendo y aprehendiendo diputados, y ocasionando que más de 80 de ellos se encuentren en el exilio o la clandestinidad, los que quedan en Venezuela eluden la responsabilidad de solicitar cooperación militar bajo el artículo 187 de la Constitución.
De hecho, el presidente (e) Juan Guaidó, prefirió no referirse a dicho artículo de la Constitución y alegó que aún Venezuela “tiene muchas alternativas para salir de la crisis”.
Pdte (e) de Venezuela y de la #AsambleaVE @jguaido | "Yo sé que hay desesperación, pero los venezolanos tienen muchas alternativas para salir de la crisis y los vamos a acompañar" #14May #ANPorVenezuela
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 14, 2019
“Nosotros estamos con una estrategia muy clara que la hemos llevado adelante, como lo ha dicho Juan Guaidó, el articulo 187 se aplicará cuando las opciones de los países aliados estén en condiciones”, señaló el diputado Jorge Millán.
Pero mientras la Asamblea Nacional, único órgano legítimo, independiente y debidamente escogido por el pueblo, espera por algún pronunciamiento oficial por parte de países del mundo, Venezuela se hunde. Además ya Estados Unidos manifestó que “está listo” para ayudar al pueblo de Venezuela.
Este martes 14 de mayo, el chavista e ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia agregó a su lista de perseguidos a cuatro diputados: Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Winston Flores y Franco Cassella a quienes responsabiliza por el levantamiento cívico-militar encabezado por el presidente (e) Juan Guaidó.
Con la brutal persecución de las últimas semanas, Maduro convirtió a Venezuela en el país con más refugiados en embajadas; y está a punto de lograr el exilio del Parlamento, tal y como sucedió con el legítimo TSJ y el Ministerio Público.
“No podemos seguir dilatando esto; sea el TIAR, el R2P, la doctrina Roldós o nuestro artículo 187 de la Constitución. Solos no podemos y necesitamos la ayuda para una gran coalición internacional que nos permita salir de este desastre”, sentenció el diputado Biagio Pilieri.
La fracción Soy Venezuela, encabezada por María Corina Machado, reiteró su llamado a la comunidad internacional de poner en marcha de manera inmediata el mecanismo de la Responsabilidad de Proteger, y solicitó a la Asamblea Nacional que “urgentemente proceda a la activación del artículo 187-11 constitucional”.
Y es que la dictadura de Maduro busca anular y desmovilizar tanto a la Asamblea Nacional de Venezuela como a los ciudadanos; entre tanto los diputados se niegan a aprobar lo que sería la salida más expedita del régimen: una intervención humanitaria con ayuda militar.
Hay que recordar las declaraciones de Juan Guaidó en una entrevista para CNN: “Si Maduro decide radicalizar, detener a todos los diputados, cerrar el Parlamento, decide cerrar cualquier opción real de solución a la crisis, responsablemente tenemos que evaluar esa opción”.
De acuerdo con dichas declaraciones de Guaidó, entonces las recientes acciones de la dictadura deberían impulsar la aprobación del artículo 187 con el que se autorizaría el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país.
Ya el régimen de Nicolás Maduro se radicalizó, lo correcto sería que la Asamblea Nacional de Venezuela discuta la opción militar para acabar con la dictadura.
El Comando Sur de Estados Unidos dejó claro que está dispuesto a cooperar militarmente con el gobierno de Guaidó en cuanto se lo solicite.
“Cuando seamos invitados por Guaidó y el legítimo gobierno de Venezuela, estoy dispuesto a discutir cómo podemos apoyar el futuro rol de aquellos líderes de las Fuerzas Armadas que tomen la decisión correcta de poner en primer lugar al pueblo de Venezuela y restaurar el orden constitucional. Estamos listos”, señaló Craig Faller, jefe del Comando Sur de EE.UU. Posteriormente, en respuesta, el gobierno legítimo de Guaidó solicitó una reunión.
Y es que tras el alzamiento cívico-militar encabezado por Guaidó, que no logró en primer momento salir de la dictadura de Maduro, quedó en evidencia que en Venezuela “no va a quedar más remedio que el uso de la fuerza”; así lo afirmó el escritor y periodista, Carlos Alberto Montaner.
Lo mismo señaló a PanAm Post el internacionalista Luis Nunes quien dejó claro que «más temprano que tarde la salida de Venezuela será una intervención militar».
Para allanar el camino a una posible intervención extranjera que permita la salida de Maduro y la recuperación de la democracia en el país, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por primera vez el estatuto que rige “la transición hacia la democracia”.
Entre los puntos más relevantes está que el Gobierno provisional podrá solicitar la ayuda de la comunidad internacional con el fin de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República de Venezuela, previa autorización de la Asamblea Nacional (AN). Lo que daría “luz verde” a una intervención extranjera.
Todo indica que la activación del punto 11 del artículo 187 de la Constitución de Venezuela sería la mejor forma para salir de la dictadura de Maduro.
Hay que recordar que el numeral 11 del artículo 187 señala que le corresponde a la AN «autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país».
Además el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio abrió también las puertas a una intervención de coalición militar en misión de paz.
Con la sentencia del TSJ en el exilio, el Gobierno interino de Guaidó está legalmente facultado para solicitar la conformación de una coalición internacional que ingrese a Venezuela para crear un corredor humanitario que permita llevar alimentos y medicinas.
Una encuesta de la consultora venezolana Meganálisis reveló que el 89 % de los ciudadanos verían con buenos ojos que una coalición militar extranjera termine con la dictadura de Maduro, que usurpa el poder desde el pasado 10 de enero de 2019. Los venezolanos han entendido que ya no quedan opciones pacíficas para salir del régimen.
Responsabilidad de Proteger (R2P) “es la mejor alternativa”
Diego Arria, diplomático venezolano y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo a PanAm Post que aplicar el principio «Responsabilidad de Proteger» (R2P) es la mejor alternativa para Venezuela.
«Todo el mundo habla de la Responsabilidad de Proteger porque es un compromiso asumido por 101 países que se suscribieron para defender a pueblos maltratados. Pero para que esa política de Responsabilidad de Proteger tenga validez y efectividad, solo tiene que ir acompañada de la fuerza; de otra manera invocar esa doctrina con un documento o un pronunciamiento, solo será una declaración de buena voluntad», sentenció el especialista.
Intervención sería legal
«Se tiene la responsabilidad de proteger a los venezolanos, y los venezolanos tienen derecho a ser protegidos», ha señalado Diego Arria, quien fue embajador de Venezuela en la ONU y uno de los creadores del principio R2P.
Ya el presidente (E) de Venezuela anunció que una intervención militar extranjera “sería legal” para asegurar la ayuda humanitaria:
Si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución de la República de Venezuela).
“La doctrina Responsabilidad para Proteger adoptada por la ONU es clara, y otorga a todos los países la responsabilidad de actuar en protección de la vida humana en cualquier territorio, en el escenario que sean previsibles pérdidas humanas considerables. Queda de parte de la comunidad internacional, y de actores como Colombia, Brasil y EE. UU. definir si en el escenario de que se prolongue la crisis y la ayuda humanitaria resulte inefectiva o insuficiente, deberán evaluar si serán tolerantes o no ante estos hechos”, sentenció.