Perú se encuentra en el clímax de su crisis política, donde, por un lado, el presidente Martín Vizcarra busca cerrar el Congreso y, por el otro, el Poder Legislativo se ve obligado a aprobar la cuestión de confianza para no ser disuelto.
La noche de este miércoles 29 de mayo, Vizcarra planteó una cuestión de confianza por cinco proyectos de ley. Si el Parlamento se la niega, será disuelto; pero si la aprueba, las propuestas legislativas del Ejecutivo deberán ser debatidas en la Cámara.
Lo que sucede en Perú es una situación particular, pues desde que Vizcarra asumió el poder ha tenido la intención de cerrar el Congreso en el marco de una presunta “lucha contra la corrupción”, mientras que el Congreso busca resistir y combatir al Poder Judicial y los abusos de la prisión preventiva.
En esta ocasión, el presidente puede disolver el Legislativo, ya que sería la segunda oportunidad en la que el Parlamento niega la confianza al Ejecutivo. En pocas palabras, Vizcarra está poniendo “contra la espada y la pared” al Congreso de mayoría fujimorista.
La semana pasada, la Comisión de Constitución enterró uno de los proyectos de ley de reforma política enviados por el Ejecutivo, el cual plantea que levantar la inmunidad de los congresistas sea una decisión de la Corte Suprema.
Además, el martes por la noche la Comisión Permanente del Parlamento blindó al exfiscal general Pedro Chávarry, al rechazar dos denuncias constitucionales en su contra: una por el delito de organización criminal y otra por encubrimiento personal.
“Ayer en la Comisión Permanente del Congreso, hemos observado un descarado blindaje, pese a todos los indicios que exigían iniciar una investigación en los fueros correspondientes. La mayoría congresal tomó la decisión de archivar las denuncias constitucionales contra el señor Pedro Chávarry. Comparto la indignación en relación a estos hechos”, dijo el mandatario.
Seguidamente, detalló que presenta la cuestión de confianza por cinco proyectos de ley que buscan “que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad, que las personas condenadas no puedan ser candidatos”, que los candidatos sean elegidos en elecciones primarias abiertas, y eliminar el voto preferencial. Los otros proyectos apuntan a “garantizar la participación política de la mujer con paridad y alternancia, y a prohibir el uso del dinero sucio en las campañas electorales”.
En la encuesta más reciente del Instituto de Estudios Peruanos, difundida el pasado domingo, un 39 % de los encuestados aprobaban la gestión de Vizcarra, y un 50 % la reprobaba. Pero el Congreso luce peor en un sondeo realizado a finales de abril de la misma encuestadora: un 84 % lo desaprobaba y un 70 % apoyaba su cierre.
Tras los últimos acontecimientos, Perú está completamente dividido; hay quienes aplauden la decisión de Vizcarra sobre la cuestión de confianza, y hay quienes lo critican y aseguran que el Parlamento ha resistido los embates de constantes investigaciones y “presuntos cargos inventados”.
José Ignacio Beteta, experto en políticas públicas y presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, señaló que lo que ha hecho Vizcarra no es nada “audaz, valiente o institucional”, pues asegura que se ha dedicado a manejar un discurso político de confrontación con una intencionalidad que “evidentemente no es inmaculada”.
No debería disolverse el Congreso pero podría ocurrir, xq hay tanta violencia, tantos intereses, tanta cochinada, tanta mentira, del ejecutivo, y del congreso, desde los fiscales y el sistema de justicia. Pierde el país, pierde el peruano, pierde x irresponsable, no por víctima.
— Jose Ignacio (@jibeteta) May 29, 2019
“El mensaje Vizcarra se sustenta en la destructiva actuación del Congreso. Merecido lo tiene. El dilema es que los peruanos no estamos de acuerdo con varias reformas que Vizcarra propone y tampoco con el bloque autoritario que está armando con su círculo, tampoco tan santo”, señaló Beteta.
Vizcarra estaría utilizando una excusa jurídica para pedir la cuestión de confianza y presionar al Congreso para sacar adelante sus proyectos, aprovechando que este, de mayoría fujimorista, decidió blidar al exfiscal Pedro Chávarry, salpicado por escándalos de corrupción. Ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, se han dedicado a defender sus propios intereses, lo que ha llevado al Perú a enfrentar una de sus más serías crisis políticas.
¿Puede alguien creer que algún partido político en el congreso no se muere de miedo de que el sistema de justicia siga haciendo su trabajo con ese nivel de agresividad? Claro que sí. Deben tener la misma cantidad de chicharrones que Vizcarra y su hermano. Nadie se salva. Nadie.
— Jose Ignacio (@jibeteta) May 29, 2019
Para Beteta, en Perú no existe ningún bando político con intenciones puras, pues Vizcarra tiene 46 procesos en su contra, vinculados al sector construcción, y el fujimorismo tiene varios congresistas “hasta el cuello” por caso el Odebrecht y por tráfico de influencias.
“Estamos pagando las consecuencias de no haber madurado políticamente. Los líderes que escogemos son corruptos. Y de esto se están aprovechando sectores que tienen una ideología anti-empresa, anti-sistema, progresistas y de izquierda. Les pusimos en bandeja el premio”, advirtió.
Andrés Calderón, abogado y profesor de la Universidad del Pacífico, le dijo al PanAm Post que “el Ejecutivo, con un poco de oportunismo político, tomó este momento para poner al Congreso sobre las cuerdas”.
Todo indica que Vizcarra quiere cerrar el Congreso para quedar como un héroe en el marco de la lucha contra la corrupción, aun cuando él también estaría seriamente comprometido, aprovechando que el Congreso ha decidido blindar y engavetar casos de corrupción, argumentando que el Poder Judicial está parcializado y abusa de la detención preventiva.
Por su parte, Dante Bobadilla, profesor universitario, liberal y columnista del Montonero, afirmó para el PanAm Post que desde que el fujimorismo ganó la mayoría en el Congreso, la izquierda ha decidido montarle una guerra con la complicidad de la prensa, que se ha dedicado más a destruir al Congreso que al poder Ejecutivo.
Un Perú paralizado y sin avances da la bienvenida a la peligrosa izquierda
En una entrevista para el PanAm Post, José Ignacio Beteta alertó que mientras Perú se hunde en escándalos de corrupción, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo trabajan por la democracia y la libertad económica. Todo esto mientras se da un avance de la izquierda y de sus ideales.
“Ninguno de nuestros políticos está entendiendo que el desarrollo económico del país es la base para cualquier desarrollo institucional y social. Esa confrontación que se está dando ahorita lo primero que evidencia es que al político peruano no le interesa el crecimiento ni la estabilidad económica, ni la reforma de la competitividad y productividad”, resaltó.
“No puedo concebir el hecho de tener un presidente que es el presidente del Poder Ejecutivo y el encargado del presupuesto del Estado y no se dedica a lo que tiene que hacer, sino solamente a reformar el sistema de Justicia. Hay tanto apoyo, aplauso y condescendencia con nuestro presidente que se está desentendiendo de sus principales funciones”, agregó Beteta.
“En el fondo lo que está detrás de este escándalo es que a nadie le interesa las reformas económicas. Ya vamos a cumplir tres años en los cuales el país ha estado en un piloto automático, peor que el que teníamos con el gobierno de Humala, con reformas paralizadas con un presidente que se está dejando asesorar y propiciando una confrontación con un Congreso demacrado, deslegitimado y perdido en su caos. Es un escenario en el que a nadie le interesa el crecimiento y donde la polarización desesperanza a la gente con respecto al modelo. Y nuestro modelo se basa sólidamente en dos principios: la democracia y la libertad económica”, señaló el especialista al advertir que la izquierda peruana podría llegar al poder.
“Este caos hace que ningún esfuerzo del Gobierno se dedique a promover los valores de la democracia, la libertad económica y la propiedad privada en zonas rurales. No nos hemos dedicado porque estamos llenos de problemas y escándalos. Hoy en día la élite intelectual peruana es de izquierda o progresista y no pone en sus prioridades las libertades económicas sino el intervencionismo del Estado y la sobrerregulación, afirmó el especialista, y concluyó que
Ya la izquierda tomó intelectualmente la conciencia de los peruanos, lo más probable es que el próximo presidente sea de izquierda, progresista o populista.