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Un reportaje del PanAm Post, que destapó el escándalo mejor conocido como el «Cucutazo«, reveló una trama de corrupción en Cúcuta, Colombia, protagonizada por enviados del presidente Juan Guaidó, quienes se encargarían de atender a los militares desertores. Sin embargo, los encargados se habrían apropiado del dinero destinado para ese fin. Horas después de la publicación, las reacciones de diferentes líderes políticos, funcionarios venezolanos y colombianos confirman los hechos.
Orlando Avendaño, editor en jefe y columnista de este portal, denunció el presunto desvío de los fondos destinados a apoyar a la migración venezolana en suelo colombiano, hecho que ocasionó que dos de los implicados sean relevados de sus cargos y que los principales medios internacionales del mundo, como el ABC de España, BBC Mundo, Reuters, New York Times, CNN, entre otros, hayan hecho eco de la noticia.
Fue el embajador en Colombia del presidente Guaidó, Humberto Calderón Berti, quien a través de sus redes sociales no desmintió las denuncias hechas por el periodista; de hecho, confirmó que la investigación surgió hace dos meses y que las pruebas serían introducidas a Fiscalía de Colombia para continuar con las pesquisas.
Cumpliendo con mi deber e instrucciones de @jguaido entregue este martes, al Fiscal General de Colombia DR Fabio Espitia Garzón, los recaudos para la investigación sobre presunta corrupción en el manejo de los recursos para la atención de los militares venezolanos en Cúcuta. pic.twitter.com/Ms7ShoWh2r
— Humberto Calderón B. (@calderonberti) June 18, 2019
El representante de Guaidó también reveló, tal y como lo dice la nota, que recibieron datos de la Dirección de Inteligencia en Colombia que señalaban posibles irregularidades en el manejo de los recursos que debían llegar a los soldados desertores.
Por su parte, Juan Guaidó, presidente (e) de Venezuela, no tardó en reaccionar al reportaje y asumió una posición tajante contra la corrupción: solicitó investigación a la Fiscalía de Colombia, a Transparencia Internacional, a la Asamblea Nacional e inició el proceso para nombrar un Contralor Especial.
Instruí a la Coalición @ayudaylibertad a realizar investigación interna y dar balance, y al Embajador @calderonberti a llevar a Fiscalía de Colombia el caso Cúcuta.
También solicitaré a Transparencia Internacional que realice una investigación por parte de la sociedad civil.
— Juan Guaidó (@jguaido) June 17, 2019
Guaidó, a diferencia del régimen de Nicolás Maduro, que siempre ha negado cualquier acto de corrupción a pesar de las evidentes pruebas, no excusó ni negó la denuncia. Ordenó inmediatamente que se investigara hasta llegar al fondo del asunto.
4/4: Reports of misappropriation of funds by 2 people associated with the opposition is evidence of the difference between #Maduro & @jguaido
Unlike Maduro he didn’t excuse it or deny it,he immediately asked #Colombia to investigate it & hold anyone responsible accountable.
— Marco Rubio (@marcorubio) June 19, 2019
De hecho, el presidente Guaidó aclaró que el pago de hoteles en los que se hospedaron sus representantes estaba a cargo del partido Voluntad Popular.
Si bien Guaidó asegura que funcionarios públicos no manejan fondos, quedó en evidencia que fue la misma Presidencia legítima la que designó a través de una misiva al canciller colombiano Carlos Holmes, que Rossana Barrera y Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, atenderían «la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio».
Una misiva de ese tipo convirtió inmediatamente a Barrera y a Rojas en los funcionarios encargados de atender la asistencia humanitaria de quienes cruzaban la frontera pidiendo refugio.
Lester Toledo, diputado y coordinador internacional para la recepción de donaciones para Venezuela, se ha encargado de desmentir el reportaje y ha reiterado que el dinero malversado no era destinado para la ayuda humanitaria. Sin embargo, ha confirmado que era dinero donado de privados para solventar la manutención de los militares desertores en Cúcuta.
Según la publicación, entre las irregularidades se detectaron «pagos de hoteles a sobreprecio» y otras «facturas que demuestran excesos», así como «gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta y reportes de alquiler de vehículos». Hasta el momento, y tras la investigación, ni Barrera ni Rojas han dado la cara ante los medios de comunicación.
Toledo también desmintió que parte de la ayuda humanitaria se encuentre vencida, ha hecho énfasis en que eso no es verdad y que la mayoría de los insumos han sido entregados. Sin embargo, en su cuenta de Twitter eliminó el tuit donde desmentía al periodista Orlando Avendaño.
¿Por qué @LesterToledo, ya en Colombia, borró el tuit en el que decía que es “falso que se perdió el 60% de la comida”? https://t.co/VvLmDDmtgM pic.twitter.com/Blh4gDiwdu
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 18, 2019
Uno de los primeros en lamentar lo sucedido en Cúcuta fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
«Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción», afirmó el diplomático desde su cuenta de Twitter.
Por su parte, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, también pidió que se hagan las indagaciones necesarias para aclarar lo sucedido.
«Condenamos cualquier posible acto de corrupción en manejo de recursos por parte de ciudadanos venezolanos para pagar estadía de militares que llegaron a Colombia», señaló la autoridad.
La Fiscalía colombiana todavía no anunció cuáles serán los primeros pasos en esta investigación, que puede comprometer aún más a la fuerza de la oposición de Venezuela.
Por su parte el régimen de Maduro ha decidido utilizar el reportaje del PanAm Post en su propio beneficio para calificar al presidente Guaidó de «corrupto». Sin embargo, las mismas pruebas expuestas por Avendaño demuestran cómo Susana Barrera habría intentado engañar al legítimo Gobierno de Guaidó con facturas irregulares y reportes que no correspondían.
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