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Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU llegó a Venezuela para conocer los embates de la crisis en el país suramericano; sin embargo no visitó cárceles ni hospitales, no salió de Caracas y se mantuvo tras escritorios recibiendo testimonios. Eso que hizo, pudo haberlo ejecutado por Skype desde su oficina en Ginebra y haberse ahorrado el pasaje.
Aunque Bachelet efectivamente se reunió con representantes del régimen y de la oposición, mantuvo reunión con funcionarios usurpadores de Nicolás Maduro, participó en un encuentro con el presidente (e) Juan Guaidó, se reunió con familiares de presos políticos y escuchó a líderes defensores de derechos humanos; pero la realidad es que no conoció la crisis de primera mano.
«Nos hubiera gustado un poco más de visitas de campo. La normalidad en nuestro país se perdió. Esta visita ayuda a que no se normalice la crisis. Estoy seguro que será importante esta visita porque es el reconocimiento de la crisis», dijo Guaidó luego de reunirse con la funcionaria de la ONU.
Pasaron al menos 17 años para que un alto funcionario de los Derechos Humanos viajara a Venezuela; una visita de este tipo ameritaba al menos dedicación y más de cuatro días.
Venezuela es el país con el mayor número de solicitudes de refugio en el mundo, la nación con la mayor inflación, con altos índices de escasez de alimentos y medicamentos, con cifras récord de presos políticos.
Es un país donde la mayoría de sus estados no tienen acceso a los servicios públicos y que enfrenta una economía de guerra donde se viola el derecho a la propiedad privada, los empresarios son detenidos y los disidentes son torturados.
Se trata de un país donde aumentan día a día los casos de suicidios, las muertes de niños y adultos por no acceder a insumos médicos, trasplantes o medicamentos básicos. En fin, la urgencia de la crisis en Venezuela no se conoce solamente detrás de los escritorios.
La expresidente de Chile, por ejemplo, no visitó los hospitales del país donde todos los días mueren pacientes esperando por el acceso a sus tratamientos; no visitó las cárceles en las que están recluidos los presos políticos donde son torturados y secuestrados por la dictadura. Bachelet tampoco recorrió las calles del país para ver a los venezolanos comiendo de la basura o bañándose en el río Guaire (Caracas) como garimpeiros.
La Alta Comisionada de la ONU, no salió de la capital venezolana ni visitó la frontera o el estado Zulia, el más caluroso del país, con una sensación térmica promedio en los 40 grados centigrados, donde la población no tiene acceso a la gasolina, a la luz, el agua o el gas.
No es suficiente
Si bien Bachelet se reunió con defensores de derechos humanos que agradecen su llegada al país, y que manifiestan que se mostró preocupada y solidaria ante las víctimas de la dictadura. No es lo mismo conocer la gravedad de la situación a través de testimonios, que ser testigo directo de lo que sufren los millones de venezolanos.
Susana Raffalli, defensora de derechos humanos, nutricionista y especialista en Seguridad Alimentaria, dijo que en su reunión, la expresidente de Chile se mostró comprometida y que manifestó que abrirá una oficina en el país.
Las víctimas de violaciones a los #DDHH y sus org. estuvimos toda la tarde con Bachelet. Cuando salí en la noche ella seguía allí, faltaban 3 reuniones. Si me preguntan, yo no pudiera decir otra cosa que estuvimos trabajando con una mujer sencilla, de mirada triste y comprometida
— susana raffalli a (@susanaraffalli) June 21, 2019
Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal Venezolano, comentó que se logró «sensibilizar» a Bachelet ante la situación de los presos políticos y que al menos dos de los funcionarios de la Alta Comisionada permanecerán por tres meses en el país; sin embargo señaló que es necesario que Bachelet exija de forma inmediata la libertad de todos los detenidos por razones políticas.
«Para nosotros es importante obtener resultados como la liberación de presos políticos y el cese de la persecución», señaló.
Reunión con criminales
Bachelet llegó a Caracas, y en sus primeras horas se reunió con el canciller usurpador Jorge Arreaza en la Casa Amarilla. El chavismo controló su agenda y se reunió con los jerarcas de la revolución, que buscan que la Alta Comisionada vincule el desastre nacional con las sanciones financieras de los últimos meses.
De acuerdo con el diario El Mundo, a Bachelet el chavismo le controló las rutas para que no viera ni escuchara las genuinas protestas para llamar su atención; de hecho, Caracas se llenó de manifestaciones. «Luchadores sociales, familiares de presos, trabajadores de la salud, empleados de la industria del petróleo y profesores universitarios» unieron sus voces.
Difícil que se produzcan mejorías en DDHH si Bachelet se limita a celebrar reuniones a puerta cerrada con jerarcas del régimen.
Muchos tiranos estarían encantados con visitas similares.
La clave es incrementar la presión internacional para frenar la represión de Maduro. pic.twitter.com/QKoU0Y2xcl
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) June 21, 2019
Bachelet escuchó al ministro de Interior y Justicia de Maduro, Néstor Reverol, también al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Lo mismo hizo con el fiscal usurpador Tarek Wiliiam Saab y con el chavista presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
Cada uno de estos personajes tienen un prontuario: Reverol por ejemplo tiene cargos en Estados Unidos por narcotráfico. Padrino López, por su parte, ha politizado a las Fuerzas Armadas y es uno de los brazos ejecutores de la salvaje represión contra el pueblo venezolano.
William Saab niega que en Venezuela se violen los derechos humanos, imputa casos de terrorismo a disidentes e ignora la existencia de los presos políticos.
Por ultimo, Maikel Moreno, tiene un larguísimo prontuario y hoy figura como el ilegítimo presidente del TSJ. Moreno ha sido el encargado de emitir sentencias contra diputados opositores asaltando su inmunidad; también se ha encargado de anular todas las acciones constitucionales de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero además es exconvicto por homicidio; fue condenado por el asesinato de una joven en el Estado de Bolívar en 1987, mientras era miembro de la temible policía política venezolana. En 1989 también aparece involucrado en el homicidio de Rubén Gil Márquez, un hecho ocurrido en Caracas. Del mismo modo, las pesquisas lo vinculan con la muerte del exfiscal venezolano Danilo Anderson.
Un informe impreciso
Luego de su visita a Venezuela, Bachelet deberá presentar un informe ante el mundo y la Organización de Derechos Humanos; pero al parecer será un documento basado en lo que le contaron.
Este es el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). Es la razón por la que viene Bachelet y es lo que debe responder en sus informes.https://t.co/EJuhDOymGB pic.twitter.com/Vqafe8Jw8n
— LCD (@LuisCarlos) June 21, 2019
El analista político e internacionalista César Sabas dijo a PanAm Post que la visita de la Alta Comisionada fue «un saludo a la bandera».
«Ella está jugando a la neutralidad, que es lo que necesita el régimen. La neutralidad siempre favorece a quien tiene el poder. De esta forma nadie la podrá atacarla diciendo que no fue a Venezuela pero no lo hizo cuando debió (…) espero una declaración muy tibia con una crítica muy suave hacia el Gobierno de Maduro, será una declaración que se perderá en el tiempo», señaló.
A inicios de marzo Bachelet envió un equipo técnico que durante casi dos semanas estuvo en Caracas y dos ciudades del interior para evaluar la situación de los derechos humanos y las condiciones para la visita de la alta comisionada.
En esa oportunidad, y a pesar de que la dictadura quiso disfrazar la realidad del país suramericano, Bachelet comprobó la violación a los derechos humanos a manos del régimen y por primera vez habló con contundencia desde la ONU.
La expresidente mostró «preocupación» debido a que las fuerzas de seguridad de Venezuela reprimen a la disidencia con uso excesivo de la fuerza. Reconoció que existen “colectivos armados” que violan los derechos humanos durante las manifestaciones pacíficas “que han sido criminalizadas» y rechazó el limitado acceso de la “libertad de expresión y prensa” en el país.
