Régimen de Maduro asesinó a militar disidente a punta de torturas

Rafael Acosta fue presentado ante un tribunal en silla de ruedas con el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con sangre y ojos morados. Murió horas después.

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El mundo reaccionó tras conocer el caso de Acosta, desde el Grupo de Lima hasta la Unión Europea condenaron el asesinato perpetrado por el régimen (Fotomontaje PanAm Post)

El régimen de Nicolás Maduro suma otro asesinato a su lista de crímenes luego de haber torturado hasta matar al Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo; quien horas antes de morir se presentó en tribunales con evidencias irrefutables de haber sido torturado.

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El mundo reaccionó tras conocer el caso de Acosta, desde el Grupo de Lima hasta la Unión Europea condenaron el asesinato perpetrado por el régimen; otro caso que será denunciado ante la Corte Penal Internacional, pues las pruebas se evidenciaron a plena luz del día. El Capitán de Corbeta estaba detenido desde el pasado 21 de junio por las fuerzas de seguridad del régimen.

El Grupo de Lima repudió las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a las que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro somete a quienes considera sus opositores y urgió a la comunidad internacional, en especial a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a actuar sin dilación para que los derechos de los venezolanos sean restablecidos y su integridad protegida.

Por su parte, la Unión Europea se pronunció por la muerte del Capitán de Corbeta y aseguran que el caso no puede pasar desapercibido ni impune. Denuncia que es otra muestra de la naturaleza arbitraria del sistema judicial en Venezuela.

Rafael Acosta Arévalo fue presentado ante un tribunal militar sentado en una silla de ruedas porque no podía mantenerse de pie debido a intensos dolores, tenía el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos morados. Durante su presentación lo único que el preso político pedía era «auxilio». Los daños fueron tan evidentes que la jueza del caso ordenó trasladarlo a un hospital donde falleció horas después.

Acosta Arévalo fue uno de los seis funcionarios, cuatro militares y dos policías judiciales, que fueron apresados en medio de la visita que realizó entre el 19 y 21 de junio a la capital venezolana Michelle Bachelet.

Los seis funcionarios fueron implicados con otras ocho personas en un presunto complot que estaba previsto para el 23 y 24 de junio y que contemplaba supuestamente el asesinato de Nicolás Maduro, según el usurpador ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; sin embargo nunca se presentaron pruebas.

El comunicado del régimen de Maduro, contradice la versión presentada por la Fiscalía. El texto de Maduro indica que Acosta Arévalo ya había sido imputado; mientras que el comunicado del usurpador Tarek William Saab señala que el Capitán estaba siendo presentado ante los tribunales.

La abogada Rocío San Miguel explica que los tres comunicados emitidos por el poder con ocasión de la muerte del Capitán de Corbeta , presentan una contradicción fundamental que permite establecer la responsabilidad de la DGCIM en los hechos y la de quienes acusaron al Capitán de Corbeta pública y comunicacionalmente antes de ser imputado legalmente.

“Según Maduro había sido presentado, según Tarek estaba siendo presentado, y según el ministerio de Defensa,  el hecho ocurrió antes de ser presentado”.

Los crímenes que la dictadura no puede ocultar

Según el Estatuto de Roma, es un crimen de lesa humanidad, y una violación de normas fundamentales del derecho internacional, todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física.

Los crímenes de lesa humanidad no preescriben, lo que significa que en cualquier momento Maduro tendría que responder por los crímenes efectuados sobre los venezolanos, pues ha cometido varios de los delitos mencionados.

El régimen de Nicolás Maduro ha perpetrado cientos de crímenes que aún quedan impunes; sin embargo hay al menos tres casos irrefutables donde quedó en evidencia su culpabilidad y no ha tenido manera de ocultarlo.

El caso de Rafael Acosta es el tercer caso irrefutable de crímenes de la dictadura luego de los asesinatos del concejal Fernando Albán en manos de la policía política el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y del capitán Oscar Pérez y su equipo.

Para Venezuela y el mundo no hay dudas de que el concejal Fernando Albán fue asesinado por el régimen de Nicolás Maduro; sobre todo luego de conocer las violaciones de los protocolos para la ejecución de su acta de defunción.

Las contradicciones generadas por el sector oficial hizo menos creíble cualquier versión emitida y menos la del supuesto suicidio; todo indicó que Albán fue asesinado por funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) mientras era torturado.

La versión extraoficial es que Albán murió al ser torturado, y para despistar, lo arrojaron al vacío desde el piso 10 del SEBIN. La comunidad internacional también tiene dudas. De hecho, la Unión Europea, EE.UU., Alemania, Ecuador, el Grupo de Lima y España, exigieron una investigación independiente.

También  en septiembre de 2017 murió del concejal de Guasdualito, estado Apure, Carlos Andrés García, quien falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en las celdas y no recibir la atención médica necesaria.

A García le fue negado recibir atención médica y cuando fue trasladado a un centro asistencia “ya no había posibilidad de hacer nada para mejorar su salud”.

Además de García y Albán, en marzo de 2015 falleció Rodolfo González, alias “el Aviador”, quien también estaba en manos de la dictadura. Aún se desconoce la causa de su muerte, sin embargo, se habla de un caso de suicidio en la celda, luego de que González se enterara que sería trasladado a la cárcel de Yare (a 100 kilómetros de la capital) a sus 63 años.

González fue detenido en el mes de abril de 2014 sin pruebas ni investigaciones, sin presunción de inocencia, solo por un testimonio anónimo bajo la acusación de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.

Hay que recordar el asesinato del capitán Óscar Pérez en manos de las fuerzas de Seguridad del Estado tras las órdenes emitidas por Maduro.

Casos ante la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) ha recibido múltiples denuncias contra el régimen de Maduro, sin embargo, podría calificarse que la más importante fue la emitida por gobiernos de seis países del Grupo de Lima.

La misiva de las cancillerías fue acompañada de dos informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y por un grupo de expertos designados por el secretario general de la OEA. En dichos informes se documentaron ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos.

También está la denuncia emitida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, quien pidió a la CPI que se implique en la investigación de gravísimos casos de violencia de las fuerzas de seguridad del Estado que se cometen con impunidad generalizada contra la población venezolana.

En septiembre de 2017 la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM) también interpuso contra Maduro una denuncia por “crímenes de lesa humanidad” ante la CPI.

Asimismo, en julio del mismo año un centenar de congresistas de Chile y Colombia, entre ellos Iván Duque (presidente electo de este último país), acudieron a La Haya con el mismo fin. Allí presentaron un documento que se basa en informes de organismos internacionales en los cuales se le acusa al mandatario de Venezuela de haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho internacional”.

En noviembre de 2017 Luisa Ortega Díaz, quien otrora negara los delitos cometidos por Maduro, acudió a la CPI para pedir una orden de captura contra el dictador de Venezuela.

Ortega entregó al organismo internacional todas las denuncias contra el Estado venezolano relacionadas con ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

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