Por primera vez la Alta Comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reconoció la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro; sin embargo aún reconoce al dictador como “presidente” y además le da el beneficio de la duda al hablar de supuestas rectificaciones.
El informe de Bachelet donde exige a Maduro tomar medidas paras “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”, será presentado este viernes 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra. La Alta Comisionada ya no tiene excusas para no denunciar al régimen ante la Corte Penal Internacional y exigir que avancen las investigaciones, y por ende las condenas.
Bachelet evita utilizar la expresión “violación de derechos humanos” y por el contrario usa: “violación de derechos económicos y sociales”; sin embargo cada uno de los crímenes que describe son adjudicables a una total y flagrante violación de derechos condenables en La Haya.
La expresidenta de Chile, después de conocer la realidad del país debería calificar a Maduro como “dictador”, pues las violaciones que protagoniza se derivan de una tiranía cruel.
El documento denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Además exige que se eliminen las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), responsables de torturar y ejercer ejecuciones extrajudiciales.
Lo bueno
Aunque el informe de Bachelet tiene algunos puntos repudiables que se estarán describiendo en este texto más adelante; lo positivo es que la Alta Comisionada habla con contundencia sobre las violaciones de la dictadura.
El documento deja en evidencia las condiciones críticas de tortura y sometimiento por parte de las fuerzas de Seguridad, lo que en teoría debe comprometer al presidente (E) Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional a solicitar asistencia internacional para vencer al régimen.
El escrito de Bachelet reconoce que la dictadura ha perpetrado graves crímenes y violaciones a derechos humanos utilizando los cuerpos armados.
Habla de la censura en la prensa y de la hegemonía comunicacional, habla de graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud. Admite que el régimen se ha negado a admitir la crisis y a tomar medidas apropiadas.
“La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos”, señala el documento.
Afirma además que en Venezuela se han dado ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad.
“Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición”, agrega.
Admite además la existencia de torturas y la prevalencia de la impunidad por parte del Poder Judicial.
“En la mayoría de los casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas (…) Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos”, sentencia el informe.
Lo malo
Bachelet sigue considerendo que Maduro es Gobierno y no reconoce a Guaidó como el presidente (e) de Venezuela. Prefiere efectuar informes contundentes, pero ante los medios de comunicación calla y no se refiere al régimen como una dictadura.
El informe describe crímenes, torturas, violaciones sexuales y graves ejecuciones extrajudiciales; sin embargo no imputa responsabilidades. Decide denunciar los hechos pero como defensora de derechos humanos no emprende una investigación para ofrecer nombres y apellidos de los culpables. Espera que el régimen investigue casos de crímenes que él mismo perpetró.
Lo terrible
Preocupa que Bachelet admita todos los crímenes que ha perpetrado la dictadura y aún así no defienda la lucha por la democracia como lo ha hecho el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Preocupa que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se quede conforme con el documento y no exija justicia a la Corte Penal Internacional.
El informe de Bachelet no es suficiente y ya es demasiado tarde; la crisis aumenta, el número de muertes a causa del régimen se incrementan y aún así no impulsa una acción internacional para acabar de raíz con la dictadura.
Por el contrario, sigue reconociendo a Maduro como “presidente” y peor aún le da aire al discurso chavista de que las sanciones económicas exacerban la crisis.
El mismo Banco Central de Venezuela que publicó por primera vez en tres años las cifras «maquilladas» de la economía venezolana reveló en su reporte que el régimen de Nicolás Maduro destruyó las finanzas del país y no las sanciones internacionales como lo asegura el chavismo.
El Gobierno de Estados Unidos no ha sancionado al pueblo de Venezuela sino a funcionarios corruptos y violadores del régimen de Maduro, pero Bachelet le sigue el juego a la dictadura.
Es terrible también que la Alta Comisionada de Derechos Humanos aún después de tantos crímenes y delitos, crea que Maduro está dispuesto a rectificar. No hay mayor prueba que todos los diálogos infructuosos en los que el dictador le ha mentido tanto al Vaticano como la comunidad internacional, mientras asesina a la disidencia y aumenta la cantidad de presos políticos.
Para Bachelet es más importante que el régimen rectifique, a buscarle justicia a las víctimas y sus familiares. Los muertos no regresan, mientras que la Alta Comisionada espera que Maduro se mantenga al menos dos años más en el poder.
Sobre el #InformeBachelet.
Destaca desde el principio la 'disposición' del gobierno (Sí, se asume que se refiere al usurpador) de… identificar áreas de 'cooperación'.
Porque claro, ¡Querrán rectificar!.
Hasta hablaron de un calendario de visitas de la ACNUDH por [ dos años ] pic.twitter.com/PQf5Y1VrmU
— Jesús Enrique Rosas (@Knesix) July 4, 2019
Entre tanto el régimen presentó 70 alegaciones desmintiendo a Bachelet y diciendo que la Alta Comisionada tiene una posición parcializada.
Según el documento presentado por Cancillería, la ONU ofrece “una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”.
“Es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019”, continúa el régimen, a pesar de que no ha permitido a los representantes de Bachelet acceder a las víctimas como presos políticos.
Cancillería niega también que en Venezuela existan “personas detenidas” por motivos políticos.