English Version
Luego de 12 días del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, la dictadura de Maduro se negó a entregarle el cuerpo a su familia tras las fuertes evidencias que demuestran que fue torturado por los cuerpos de Seguridad del Estado. El capitán fue sepultado por la dictadura sin autorización alguna.
Waleswka Pérez, viuda del capitán, había denunciado a través de sus redes sociales que el Estado venezolano quería controlar la entrega del cuerpo del oficial, tal como ocurrió con el caso del comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, ejecutado por el régimen.
Para trasladar el cuerpo, la dictadura utilizó una caravana con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que cercaron todos los accesos al cementerio.
Pasada la una de la tarde se realizó la “inhumación controlada” del Capitán Rafael Acosta Arévalo. La PNB cerró los accesos al cementerio del este donde fue sepultado pese a que su familia deseaba hacerlo en Maracay. pic.twitter.com/fC2qDTNWYB
— Osmary Hernandez (@osmarycnn) July 10, 2019
“Hoy 10 de julio, yo, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta, denuncio el procedimiento ilegal que está haciendo la morgue de Bello Monte, donde van a hacer entrega controlada del cuerpo de mi esposo, así como hicieron con Óscar Pérez“, denunció la esposa del capitán asesinado, quien aclaró que no ha “solicitado ningún servicio fúnebre”. Han pasado 12 días y la familia aún no ha podido reconocer el cuerpo del capitán.
El mismo modus operandi
El abogado Alonso Medina Roa, uno de los defensores del oficial asesinado, denunció la intención del Estado venezolano de realizar un “entierro controlado”, como ocurrió con el caso de Óscar Pérez.
El atropello, abuso, irrespeto y ensañamiento contra los Familiares y Amigos del CC Rafael Acosta Arévalo revela la Naturaleza Criminal Totalitaria e Inhumana del Estado Criminal. Con esos Diablos es que @jguaido esta dialogando en Barbados. Todos son Responsables y Cómplices. pic.twitter.com/0hp0IJ7rct
— Esteban Gerbasi (@estebangerbasi) July 10, 2019
El pasado 21 de enero de 2018 la dictadura realizó un entierro controlado al capitán del Cicp, Óscar Pérez, quien fue ejecutado por fuerzas armadas leales a la dictadura chavista.
Una furgoneta custodiada por fuerzas de seguridad trasladaron el cuerpo de Pérez al Cementerio del Este, donde fue sepultado sin la presencia de los familiares. Durante el entierro se cerraron los accesos al Cementerio y solo pudo ingresar Aura Pérez, la tía del expolicía y una prima. El resto de sus familiares y amigos permanecieron a las puertas del Cementerio sin poder despedirlo. Solo pudieron ingresar al lugar una vez su cuerpo ya había sido puesto bajo tierra.
Así como ocurrió con Pérez, pareciera que el régimen de Maduro quiere ocultar los rastros de tortura al que fue sometido el capitán Acosta, quien murió horas después de presentarse en tribunales y de que la jueza del caso fuera testigo directo de los daños que presentaba a raíz de las torturas a las que fue sometido por el régimen.
Un asesinato a punta de torturas
Rafael Acosta Arévalo fue presentado ante un tribunal militar sentado en una silla de ruedas porque no podía mantenerse de pie debido a intensos dolores. Tenía el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos morados. Durante su presentación lo único que el preso político pedía era «auxilio». Los daños fueron tan evidentes que la jueza del caso ordenó trasladarlo a un hospital donde falleció horas después.
Acosta Arévalo fue uno de los seis funcionarios, cuatro militares y dos policías judiciales, apresados en medio de la visita que realizó, entre el 19 y 21 de junio, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a la capital venezolana.
Discusión sobre post