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Aumenta le detención y persecución contra militares en Venezuela mientras sus familiares son amenazados de muerte por la dictadura que lidera Maduro.
Al menos cuatro oficiales venezolanos fueron arrestados por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y se encuentran desaparecidos, tras sospechas de supuesta rebelión.
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Se trata de un coronel, dos tenientes y un capitán de navío, quienes perdieron todo contacto con sus familiares desde hace diez días, luego de que exigieran el ingreso de los representantes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU a las instalaciones del DGCIM.
Los familiares temen que los militares corran la misma suerte que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue torturado hasta morir por fuerzas leales a la dictadura.
“Las familias no quieren hablar porque tienen temor a ser asesinadas”, dijo al Nuevo Herald la diputada opositora Delsa Solórzano en referencia a la situación del teniente coronel Igber Marín Chaparro (Ejército), el teniente coronel Ruperto Molina (Aviación), el capitán de navío Luis de La Sotta (Armada) y el coronel Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos (Guardia Nacional).
#Venezuela. TORTURAS. DGCIM. Esta es la celda "la jaula de los locos" donde han encerrado a los presos politicos militares Igber Marín Chaparro, Luis de La Sotta, Ruperto Molina desde el Martes pasado. Celda totalmente Negra, dond deben hacer necesidades en bolsas plasticas, pic.twitter.com/83ak3jdeRh
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) July 15, 2019
“No estamos hablando de una circunstancia normal. Estamos hablando de una circunstancia en la que a usted le pueden matar, y lanzarlo por un balcón como fue el caso [del concejal opositor] Fernando Albán, o matarlo para que le secuestren su cadáver, que es lo que ocurre en nuestro país”, agregó.
Un reportaje del diario El Mundo señala que las familias de los oficiales sufren el plan terror del régimen: “Los familiares son hostigados, robadas sus casas. Y en los cuarteles el discurso de lealtad es como pintura roja que se echa a un rebaño para detectar quienes se sienten incómodos y vigilarlos. En cada unidad hay un militar cuya labor es la de ser comisario político del régimen, sin importar su grado y jerarquía, para realizar informes de todo aquel que no esté alineado con el proceso”, dijo Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Fuerza Armada.
Ni siquiera dos generales revolucionarios tan poderosos en su día como Miguel Rodríguez-Torres y Raúl Isaías Baduel se han salvado del horror propiciado por antiguos compañeros de armas. El primero, antiguo director del Sebin y ministro de Interior con Maduro, se mantiene en huelga de hambre desde hace ocho días, atado a una cama en Fuerte Tiuna. El segundo, ministro de Defensa con Chávez, se encuentra en paradero desconocido desde hace un mes, cuando fue sacado de las mazmorras del Sebin conocidas como La Tumba.
El régimen de Maduro tiene detenidos a más de 150 militares ante el temor de un levantamiento militar en su contra. El uso de la tortura y los asesinatos extrajudiciales se han vuelto más comunes como castigo.
Además de amenazar de muerte a familiares de militares detenidos, la dictadura también ha secuestrado a inocentes con la finalidad de detener a perseguidos políticos.
Funcionarios con los rostros tapados del SEBIN o de la DGCIM secuestran a personas como una medida de presión para que aparezcan los que realmente buscan. Una acción que podría calificarse como terrorismo de Estado.
En agosto del año pasado el SEBIN emprendió la desaparición forzada de una familia completa para dar con el paradero de Oswaldo García Palomo, coronel retirado de la Guardia Nacional (GN). Se trató de Argenis Granadillo, de 50 años; Gabriela de Granadillo (49) y Ariana Granadillo (21), primos de García Palomo.
El caso de la familia Granadillo es solo uno de los cientos que se dan diariamente por la persecución del Estado contra la disidencia.
Lo mismo sucedió con la detención del médico Alberto Marulanda Bedoya, quien fue detenido por ser pareja de una oficial de la Fuerza Armada de Venezuela.
Estos casos se compararían con la detención del joven Juan Pedro Lares, hijo del alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, Omar Lares, y con el caso del empresario Carlos Eduardo Marrón Colmenares, dueño del portal Dólar Pro, quienes fueron detenidos en modo de presión para capturar a otro.
Las torturas contra los militares
Últimamente el régimen de Maduro aumentó la persecución contra militares presuntamente disidentes a quienes les acusa de rebelión o traición a la patria. Durante su detención les aplican fuertes torturas a través de un plan de terror.
El diario español El Mundo publicó un reportaje detallando los diferentes modos de tortura que la dictadura aplica sobre los militares que ahora son presos políticos.
Según Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal Venezolano, el régimen ha iniciado “torturas, tratos crueles y degradantes especialmente duros contra los militares”. Asegura que se trata de una política de Espado para enviar un mensaje de terror e intimidación a los integrantes de la Fuerza Armada de Venezuela.
Hay que recordar lo que sucedió con el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo quien habría recibido golpes de manera implacable.
“Se lo llevaron con otros detenidos de su casa a un lugar boscoso, lo colgaron desnudo de un árbol con los brazos atados en la espalda y los ojos cubiertos por un cartón. Lo golpearon con palos, le dispararon cerca del oído para aturdirlo y para que perdiera la audición. Le echaron ácido y no sabemos si fue aquí o en los sótanos de la Dgcim donde le aplicaron las descargas eléctricas”, relató Tamara Suju directora de Casla Institute.
