Mucho se especula sobre el nuevo embargo que Estados Unidos impuso al régimen de Nicolás Maduro para presionar aún más la caída de la dictadura; algunos aseguran que las medidas afectarán directamente al pueblo venezolano y otros señalan que son sanciones que solo impactarán a quienes sostienen al chavismo en el poder, pero ¿cuál es el verdadero alcance?
Se trata de un bloqueo contra los activos estatales venezolanos en suelo estadounidense y de sanciones económicas contra cualquier empresa o individuo que decida mantener relaciones con el régimen de Maduro. Las medidas han sido delineadas con la intención de no agravar el sufrimiento de los ciudadanos.
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump está acompañada de 21 excepciones para no perjudicar actividades vitales como las telecomunicaciones y las organizaciones que reparten ayuda humanitaria.
La medida implica que los activos ahora “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni manejados”, y prohíbe transacciones con las autoridades venezolanas cuyos activos estén bloqueados. Por ello, expone a sanciones a cualquier individuo o firma que haga transacciones, “cooperen o asistan” con allegados al régimen. Por ejemplo, cualquier bufete de abogados que sea contratado por el chavismo en Estados Unidos, será sancionado. Cualquier persona que ofrezca servicios a la dictadura recibirá una penalización.
Esta es la primera vez en más de 30 años que EE.UU. congela los activos a un país occidental, aunque con algunas excepciones: la orden permite la entrega de alimentos, medicamentos y ropa “destinados a ser utilizados para aliviar el sufrimiento humano”.
Bolton sobre congelamiento de activos del régimen de Venezuela en EE. UU.: “es la orden ejecutiva más decidida que hemos hecho en relación a Venezuela en los últimos seis meses" #6Ago https://t.co/OCLUbf3RSV pic.twitter.com/5lzrfEOB6H
— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) August 6, 2019
El cerco económico coloca en riesgo de sanciones a las compañías chinas, indias y rusas que aún compran crudo venezolano, y amenazan también con convertir en parias financieros a toda transnacional que hace negocios con el chavismo.
“Lo que están buscando, es poder ir contra China, Turquía o Cuba, o cualquier otra nación que ayude a Venezuela a hacer operaciones comerciales. Si estás comprando su petróleo, pasas ahora a estar en la lista de los más buscados”, advirtió al Nuevo Herald, Russ Dallen, presidente de la firma Caracas Capital Markets.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de #EEUU: “El objetivo es negar a Maduro el acceso al sistema financiero global y aislarlo aún más internacionalmente".#Venezuela
— Mariano de Alba (@marianodealba) August 6, 2019
El decreto lleva las sanciones a un terreno extraterritorial, extendiendo la prohibición de hacer negocios con el régimen fuera de Estados Unidos. De manera que si una empresa extranjera tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos, esos activos hoy podrían ser confiscados.
En la práctica, esto significa que los costos de operar en Venezuela se van a disparar significativamente para las compañías internacionales, incrementado los costos legales de las empresas, que ahora van a tener un trabajo mucho mayor para cerciorarse de que no van a entrar en riesgo por violar la ley.
Geoff Ramsey, analista en temas de Venezuela de la Oficina en Washington sobre América Latina dijo a BBC que “no se puede considerar un embargo total porque no prohíbe el comercio entre actores privados”.
Mariano De Alba, especialista en derecho internacional explicó que “la intención central es incrementar la presión económica en contra del régimen, introduciendo sanciones secundarias contra empresas no estadounidenses que asistan al régimen”.
No es cierto que la orden ejecutiva emitida por Trump tiene como objetivo proteger #CITGO. La intención central es incrementar la presión económica en contra del régimen, introduciendo sanciones secundarias: sanciones contra empresas no-estadounidenses que asistan al régimen.
— Mariano de Alba (@marianodealba) August 7, 2019
“La orden ejecutiva emitida busca aumentar la presión económica, prohibiendo y aumentando los riesgos para empresas estadounidenses y extranjeras de tener relaciones económicas con el régimen, pero no con el sector privado venezolano”, explicó.
“La Orden Ejecutiva no limita las actividades de las empresas privadas venezolanas o extranjeras, siempre y cuando no quede duda que esas empresas privadas no están asistiendo, patrocinando o proporcionando asistencia financiera, material o tecnológica al gobierno de Venezuela. Por consiguiente, si una empresa privada venezolana o extranjera tiene algún tipo de relación con el gobierno venezolano que pudiese llevar al gobierno estadounidense a entender que hay una relación de asistencia o patrocinio, ahora existe un riesgo muy alto para esas empresas en Estados Unidos”, señaló el especialista en un artículo publicado en Prodavinci.
Excepciones
Muchos se preguntan si las nuevas sanciones estadounidenses afectarán por ejemplo la venta de pasajes en el país suramericano; sin embargo, las excepciones emitidas cuidadosamente por el Gobierno de Trump impiden que sectores como puertos y aeropuertos se vean afectados. En total son 28 licencias.
De Alba señaló que están autorizadas todas las transacciones que involucren al gobierno de Venezuela y que sean necesarias para las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales en el sector humanitario; también están permitidas las transacciones de ciudadanos y entidades estadounidenses con la Asamblea Nacional de Venezuela, sus empleados y cualquier persona designada por el poder legislativo; y con el presidente encargado y cualquier funcionario al servicio de éste, incluyendo embajadores, diplomáticos y miembros de las juntas directivas designadas.
Están autorizadas además las transacciones con el gobierno de Venezuela para el uso de puertos y aeropuertos, así como aquéllas que estén relacionadas con la exportación o reexportación desde Estados Unidos de insumos para la agricultura; material y equipos médicos; repuestos y componentes de equipos médicos o actualizaciones de software de equipos médicos en Venezuela, incluyendo operaciones que realicen ciudadanos de terceros países para revender esos insumos a Venezuela. Están también permitidas las actividades de exportación o reexportación realizadas por ciudadanos o empresas estadounidenses con el gobierno de Venezuela para proveer servicios, software, hardware y tecnología que permita preservar las comunicaciones por Internet.
En conclusión, el Gobierno de Estados Unidos preparó muy bien las sanciones para asegurarse que la población no se vea afectada y por el contrario restringir cualquier ingreso que ayude a mantener en el poder al régimen de Nicolás Maduro.