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Los países de la región se aferran a la idea de que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgue al dictador Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad; sin embargo se desconocen los avances de las investigaciones contra el régimen de Venezuela.
El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que interceda para que la CPI investigue a Maduro por los «crímenes de la dictadura».
“El llamado respetuoso es que los reportes que se conocen (…) deberían servir también para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda transmitir su preocupación a la Corte Penal Internacional y pedir que se adelante una investigación formal para que no se sigan produciendo más crímenes diariamente en Venezuela“, declaró el mandatario.
#Barranquilla Pedimos a @CorteIDH que transmita a Corte Penal Internacional denuncias sobre graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela y se investigue para evitar más crímenes. Esto con base en reportes de @OEA_oficial y la Alta Comisionada de ONU, @mbachelet. pic.twitter.com/15JoXEny0s
— Iván Duque ?? (@IvanDuque) August 26, 2019
En septiembre de 2018, Duque junto a los líderes de Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú enviaron una carta a la fiscal de la CPI pidiendo que investigue a Maduro y sus colaboradores por presuntos “crímenes de lesa humanidad”; sin embargo el Tribunal internacional se ha mantenido silente.
El pasado 6 de agosto y tras la instalación de la Cumbre por la Democracia en Venezuela que se llevó a cabo en Lima, el Gobierno de Perú instó a las 50 naciones que reconocen al presidente (e) Juan Guaidó, que impulsen la denuncia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, en una especie de insistencia para que se agilicen las averiguaciones.
En febrero de 2018 la Corte Penal Internacional anunció, tras varios años de demandas contra el régimen de Nicolás Maduro, la apertura de un examen preliminar por los crímenes de lesa humanidad solamente ocurridos durante las protestas de 2017 en Venezuela. Pasan los días, la dictadura sigue violando los derechos humanos y se desconocen los avances del «examen preliminar».
Y es que desde que inició su funcionamiento en 2002, la Corte Penal Internacional ha generado gastos superiores a mil quinientos millones de dólares, y en ese largo período solo ha procesado a cuatro criminales africanos y en América Latina, a ninguno.
Para que un caso sea investigado y enjuiciado tiene que pasar por la aprobación del fiscal de la Corte y luego por una Sala de Asuntos Preliminares; todo un proceso burocrático que puede durar años.
Dicho tribunal internacional que debería investigar y procesar atrocidades cometidas a gran escala, tales como genocidios o crímenes contra la humanidad, depende además del consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, al que pertenecen Rusia, China, Francia, Estados Unidos e Inglaterra.
El abogado venezolano Carlos Ramírez López, quien cuenta con un Diplomado en Litigación Penal Internacional, aseveró en una entrevista para PanAm Post que la Corte Penal Internacional de Justicia (CPI) “no sirve para nada”, pues detrás de ella hay una serie de funcionarios corruptos que ensucian el verdadero propósito del organismo.
Corrupción y miembros dudosos
La ineficiencia de la Corte Penal Internacional no es el único «tumor» adentro de la tan «prestigiosa» Corte; se le debe agregar la corrupción interna, sus muy dudosos miembros, y la influencia de los Gobiernos.
En 2017, se conoció que la CPI rehuyó a investigar a México por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado en Baja California entre 2006 y 2012, durante el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Un reportaje del portal digital Proceso revela que la negativa de la Fiscalía de la CPI ocurrió después de que el Gobierno de Peña Nieto, decidiera ejercer una fuerte presión sobre la Corte para proteger a su predecesor.
Desde Colombia, por ejemplo, también se le pidió a la Corte que investigase desde el año 2005, delitos perpetrados por la guerrilla FARC por crímenes de lesa humanidad; y todavía, una década después, no hay un término de esa investigación.
¿Qué nos hace pensar entonces, que en el caso de Venezuela y los constantes crímenes cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro serán enjuiciados en el Tribunal Internacional?
Desde la actual presidenta de la CPI, Silvia Fernández de Gurmendi; el exfiscal Luis Moreno Ocampo y hasta la fiscal en el cargo, Fatou Bensouda, se ven salpicados por los tentáculos de la corrupción.
Un reportaje publicado por ICN diario reveló que Fernández logró su cargo en el Tribunal Internacional gracias a la expresidenta Cristina Kirchner, actualmente imputada por delitos en Argentina, y gran «amiga» del socialismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
A esto sumamos la dudosa credibilidad de la fiscal Bensouda, quien fue la mano derecha del fiscal Luis Moreno Ocampo y obligatoriamente tuvo que estar enterada de todo lo que éste hacía. A Moreno se le descubrió que estaba recibiendo dinero y que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales.
Durante su paso por la Corte, el abogado argentino no podía estar involucrado en «ninguna actividad que pudiera interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia»; sin embargo, documentos revelados por el diario El Mundo de España sostienen que Moreno Ocampo actuó en contra de los intereses de la Corte al defender al magnate petrolífero libio, Hassan Tatanaki.
El abogado habría utilizado su red personal en la organización en beneficio de su cliente, y puso en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal.
El caso de Venezuela podría darse por perdido, pues la misma Corte ha permitido la presencia de Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente de Venezuela Tarek El Aissami, quien a su vez está acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
Haifa El Aissami, es la embajadora de Maduro ante la CPI y quien hace “contribuciones especiales” al presupuesto del organismo internacional y se mantiene allí para presionar y lograr que no avancen las investigaciones contra el régimen de Venezuela.
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