Perú: Congreso ignora cuestión de confianza y reta a Vizcarra a cerrar el Parlamento

Mientras el Ejecutivo pide modificar el modo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, el Legislativo insiste en seguir adelante y acercarse a su disolución

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Vizcarra planteó una cuestión de confianza para modificar el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (EFE)

El presidente de Perú, Martín Vizcarra vuelve a dar uso al mecanismo constitucional la «cuestión de confianza» para una vez más poner al Congreso entre la espada y la pared y amenazar con su cierre; entre tanto el Parlamento rebelde decidió ignorar la petición del Ejecutivo y seguir adelante con la elección de magistrados arriesgándose a la disolución.

La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso de la República, sobre el tema que estime conveniente. El único que puede presentar una cuestión de confianza al Congreso es el Presidente del Consejo de Ministros. Si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el Presidente de la República puede disolver el Congreso. El decreto respectivo deberá incluir una convocatoria a nuevas elecciones congresales dentro de los 4 meses posteriores a la disolución.

Vizcarra planteó una cuestión de confianza para modificar el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Con esta oportunidad, sería la tercera vez que el Ejecutivo hace uso de la cuestión de confianza.

El mandatario señaló que en caso de que el Congreso no debata la cuestión de confianza, tomarían la misma como negada. Dijo además que “se pretende elegir a miembros del Tribunal Constitucional de una manera muy apresurada, poco transparente» y plantea la cuestión de confianza para que se corrija la forma de elección.

La situación está llena de incertidumbre; este lunes 30 de septiembre el Congreso debatiría la aprobación de los nuevos magistrados pero también tendría que recibir la cuestión de confianza del Ejecutivo; sin embargo el Parlamento decidió hacer primero la votación del Tribunal Constitucional arriesgándose de algún modo a que se lleve a cabo la disolución del Congreso.

Durante la sesión, el primer ministro Salvador del Solar hizo uso de su palabra y ahí mismo se dirigió al Pleno del Congreso y planteó la cuestión de confianza; esto, a pesar de que la discusión que se estaba dando en el momento era la votación en relación con los magistrados.

ABC: Interpretaciones forzadas

El abogado Andrés Calderón se dispuso a aclarar cuál es la situación del Perú en medio de esta disputa de Poderes que podría terminar en la vacancia del presidente; o en su defecto en el cierre del Congreso.

«Salvador del Solar planteó la cuestión de confianza de manera oral; según el reglamento del Congreso el Parlamento puede votar la cuestión de confianza ahora o en la siguiente sesión; lo que sucede es que al parecer el Legislativo no tiene la voluntad de votar la cuestión de confianza, sino votar primero la elección de los jueces y eso entra en conflicto directo con lo que está planteando el Ejecutivo», explicó.

Explicó que se podía dar una solución clara donde el Congreso podía decir si está o no de acuerdo con el Ejecutivo; pero se está llevando a un terreno en el que cada uno está forzando a una interpretación.

«Si el Congreso vota sobre la elección de los magistrados, el Ejecutivo podría interpretar que es una denegatoria tácita, o sea, que con los actos el Congreso estaría diciendo que no está de acuerdo con el proyecto que Vizcarra está planteando y entonces el Ejecutivo podría declarar la disolución del Parlamento y en caso de resistencia tendría que acudir a la fuerza policial (sacarlos a la fuerza) «, agregó el especialista.

«Es una decisión que el Congreso debe tomar y no debería ignorar la cuestión de confianza porque después de escoger a los magistrados ya la solicitud del Ejecutivo no tiene efectos prácticos», dijo.

Calderón explicó que la solución más prudente es que el Congreso decida postergar la elección de los magistrados y que apruebe el cambio planteado por el Ejecutivo, que no es un cambio grande.

«Vizcarra está pidiendo que la elección de los magistrados sea por concurso de méritos; lo que pasa es que el Parlamento había escogido la opción menos transparente que es simplemente invitar a los postulantes. El Congreso está empeñado en continuar con lo que ya había decidido antes. No tiene sentido que en este escenario de pugnas impulsen la votación», agregó.

«Ahora, si se lleva a cabo la elección, esto podría terminar con una imposición de un poder sobre otro: o el Congreso se plantea la vacancia contra Martín Vizcarra, o el mandatario establece la disolución del Parlamento por denegar la cuestión de confianza», sentenció.

¿Golpe de Estado?

La oposición al Gobierno de Vizcarra asegura que la disolución del Parlamento sería un «Golpe de Estado» porque el Ejecutivo estaría introduciendo de forma apresurada una cuestión de confianza con «poco sustento» para cambiar la agenda del Congreso y obligarlo a modificar la elección del Tribunal Constitucional; pero por otro lado se alega que el Parlamento busca realizar la elección de magistrados de manera exprés con intereses políticos.

Mientras el Congreso decidía si recibir o no al primer Ministro Salvador del Solar para presentar la cuestión de confianza, el Juzgado Constitucional admitió una demanda interpuesta por la ONG IDL contra el presidente del Congreso para suspender el proceso de convocatoria a elecciones de magistrados del TC.

Desde la bancada liberal del Congreso, Alberto Belaunde critica el modo de actuar del Parlamento: «hay una urgencia tremenda para el Estado constitucional de derecho que es la elección de seis de los siete magistrados del TC; existe un riesgo tremendo de que el Congreso elija a las personas menos adecuadas. Hay profesionales de primer nivel, pero también personas con serios cuestionamientos»; señaló.

«A veces todo lo legal a su vez no es legítimo, claro que es legal que el Congreso escoja a los miembros del TC, pero el modo de hacerlo quizás no está legitimado»; dijo a PanAm Post el politólogo Luis Nunes.

«Las últimas elecciones que se dieron del TC, el Congreso se tomaba a veces meses y años en tomar la decisión; sin embargo en este caso aprobaron la lista en media hora», denunció el especialista.

Por su parte,  José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, especialista en políticas públicas, señaló a PanAm Post que «los mecanismos legales se han llevado al extremo y se han manipulado de tal manera que empiezan a servir para justificar actos inmorales (…) El presidente está buscando la forma de manipular la Constitución con el objetivo de cerrar el Congreso».

El especialista señaló que tanto el presidente Vizcarra como la mayoría del Congreso han decidido anteponer sus intereses políticos y personales que la necesidad de destrabar la crisis política en el Perú.

«Esta tensión lo que va a generar es que hemos manipulado tanto esta Constitución que le hemos dado pie a los extremos de la izquierda a que digan que esta Constitución no sirve, y cómo va a servir si los actores políticos del país ponen primero sus intereses particulares», denunció.

Si Vizcarra cumple con sus declaraciones, todo indica que disolverá el Congreso, pues señaló que si la cuestión de confianza no era admitida se procederá al cierre del Parlamento y se llevará a cabo una convocatoria a nuevas elecciones legislativas.

Queda esperar cómo reaccionará la oposición representada principalmente por Fuerza Popular y el Apra que han denunciado que en el país suramericano se estaría llevando a cabo un Golpe de Estado.

Un Perú paralizado y sin avances da la bienvenida a la peligrosa izquierda

En una entrevista para el PanAm Post, José Ignacio Beteta alertó que mientras Perú se hunde en escándalos de corrupción, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo trabajan por la democracia y la libertad económica. Todo esto mientras se da un avance de la izquierda y de sus ideales.

«Ninguno de nuestros políticos está entendiendo que el desarrollo económico del país es la base para cualquier desarrollo institucional y social. Esa confrontación que se está dando ahorita lo primero que evidencia es que al político peruano no le interesa el crecimiento ni la estabilidad económica, ni la reforma de la competitividad y productividad», resaltó.

«No puedo concebir el hecho de tener un presidente que es el presidente del Poder Ejecutivo y el encargado del presupuesto del Estado y no se dedica a lo que tiene que hacer, sino solamente a reformar el sistema de Justicia. Hay tanto apoyo, aplauso y condescendencia con nuestro presidente, que se está desentendiendo de sus principales funciones», agregó Beteta.

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