Perú amanece con dos presidentes: ¿golpe de Estado o Congreso rebelde?

La disputa de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo dejó al Perú con un Congreso disuelto, un abismo jurídico y dos presidentes

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Aún quedan preguntas al aire que ni los abogados constitucionalistas han sabido aclarar, pues al parecer tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo actuaron priorizando sus propios intereses (Fotomontaje PanAm Post)

Perú llegó al clímax de una coyuntura política sin precedentes. Este martes 1 de octubre amaneció con dos presidentes, un Congreso disuelto y un abismo jurídico que pone a prueba la objetividad de los abogados constitucionalistas de este país.

El Parlamento, de mayoría fujimorista, tiene fuertes argumentos para denunciar que en Perú se dio un «golpe de Estado» perpetrado por el presidente Martín Vizcarra. Por el otro lado, el Ejecutivo también tuvo razones para anunciar la disolución del Congreso.

Todo inició cuando el Congreso del Perú anunció que escogería a los magistrados del Tribunal Constitucional tal y como lo establece la Carta Magna. Fue en noviembre de 2018 cuando el Parlamento estableció la comisión encargada que se encargaría de esta selección.

La ley orgánica del colegiado establece dos fórmulas para designar a los candidatos a magistrados: una por concurso y otra por invitación. El Congreso decidió hacerlo del segundo modo.

La elección de los magistrados estaba planteada en la agenda para este lunes; sin embargo, el presidente Vizcarra anunció el pasado viernes que presentaría por tercera vez una cuestión de confianza. En esta ocasión por un proyecto de ley que planteaba “cambiar las reglas de juego” para la elección de magistrados al Tribunal Constitucional. Esto porque, presuntamente, el Parlamento escogería a los magistrados a su conveniencia para «beneficiar» al fujimorismo.

El mandatario ya había advertido que si presentaba la cuestión de confianza y el Congreso hacía caso omiso y decidía proceder con la votación de los magistrados, él, dentro de sus competencias constitucionales, decidiría disolver el Parlamento. Es en ese momento cuando inicia la crisis.

La Carta Magna del Perú establece como mecanismo constitucional la cuestión de confianza, con el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso de la República sobre el tema que estime conveniente. El único que puede presentarla es el Presidente del Consejo de Ministros. Si se censura o se niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el presidente de la república puede disolver el Congreso.

El caso es que esta nueva cuestión de confianza, introducida por Vizcarra a último momento, pedía al Congreso que pausara la elección de los magistrados. Sin embargo, la mayoría de los parlamentarios decidió «dejar para después» la discusión de este mecanismo e iniciar la votación para escoger a los magistrados.

Tal y como el mandatario lo advirtió el día viernes, hizo una interpretación de la ley y argumentó la «denegación fáctica”; lo que quiere decir que para él el Congreso le desaprobó la cuestión de confianza, porque en la práctica la omitió y prefirió continuar con la votación de los aspirantes al Tribunal Constitucional.

El problema radica en que la Constitución de este país no habla de una «denegación fáctica» ni establece que el Congreso debía discutir la cuestión de confianza antes que la votación establecida en agenda; por lo cual el Parlamento, de mayoría fujimorista, asegura que actuó de manera legal.

Es así como Vizcarra decide anunciar la disolución del Congreso, presentar un nuevo Consejo de Ministros y seguir adelante convocando a unas elecciones legislativas pautadas para el mes de enero.

Pero los congresistas, en el momento en que el mandatario estaba ofreciendo su mensaje a la nación, aprobaron la cuestión de confianza solicitada por el primer ministro, Salvador del Solar, por lo cual, «en la práctica», afirman, nunca negaron el mecanismo constitucional.

En ese momento, el Congreso (ya disuelto) se mantuvo en el hemiciclo y decidió presentar una moción para vacar al presidente por «incapacidad moral». Bajo este argumento, aprobó una destitución temporal de 12 meses y juramentó a la segunda vicepresidente, Mercedes Aráoz. Así es como el Perú amanece con dos presidentes.

Queda esperar si el Tribunal Constitucional de este país se pronuncia con el fin de esclarecer el panorama jurídico presentado en el país; pues este es el organismo encargado de interpretar y aclarar cualquier duda o limbo jurídico en la Constitución.

¿Por qué el Congreso denuncia Golpe de Estado?

PanAm Post entrevistó a Jorge Del Castillo, abogado, político, peruano y además congresista por el partido Aprista, quien denunció un «Golpe de Estado» perpetrado por Vizcarra y le acusó de querer interferir en las decisiones independientes y «constitucionales» del Congreso de la República.

«El presidente interpretó que no se le dio la cuestión de confianza, por eso es que los abogados constitucionalistas han dicho que estamos ante un Golpe de Estado y esa es la posición que hemos expresado».

Del Castillo señaló que prefirieron continuar con la votación de los magistrados porque es una competencia única y exclusiva del Congreso en la que el poder Ejecutivo no tendría por qué interferir.

«Solo se dieron dos votaciones de los magistrados. El proceso de selección ya tenía varios meses, no es que se inventó ayer, y además es una atribución exclusiva del Congreso. Solo se dio una aprobación de seis que se tenían previstas y luego se procedió a aprobar la cuestión de confianza; en consecuencia por la elección de un magistrado, Vizcarra da un golpe de Estado», señaló.

«Estamos ante una situación muy complicada y por su puesto que al señor Vizcarra lo apoya todo el sector comunista. Son los partidos extremistas los que están apoyando esta actitud. Posiblemente estemos viviendo algo muy similar a lo que el chavismo ha hecho en Venezuela», denunció.

Algunos organismos se han manifestado a favor del Congreso; tal es el caso del Colegio de Abogados de Lima, la Defensoría del Pueblo, y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

«El round lo va ganando Vizcarra»

El politólogo e internacionalista Luis Nunes, señaló a PanAm Post que para él es el presidente Vizcarra quien tiene la razón. Resaltó, además, que las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú ya le manifestaron su respaldo:

Estamos en un limbo constitucional porque los hechos se desarrollaron ayer de manera simultánea. Como son hechos en paralelo, la situación es confusa, de cualquier manera el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas del Perú al presidente Vizcarra es un hecho que no podemos menospreciar. Creo que esto va a terminar en manos del Tribunal Constitucional que tendría que dirimir los hechos de ayer.

«Tengo la impresión de que el Congreso está cerrado, solo va a funcionar la Comisión Permanente como lo establece la Constitución y todo indica que el país se va a encaminar a unas elecciones de congresistas el próximo 26 de enero para terminar el período legislativo», dijo Nunes.Y recordó que «Es complicado determinar quién tiene la razón, pero yo tengo la impresión de que la tiene Vizcarra, y que este round lo ganó el presidente. Ya él había declarado que mandaría la cuestión de confianza y había advertido lo que pasaría».

«La Constitución tiene varios matices difíciles que dan opción a varias interpretaciones. Pareciera que el presidente está ajustado a derecho. Yo creo que aquí se han cometido errores de lado y lado. El Congreso perdió la conexión con la población desde hace tiempo», agregó.

Hasta ahora se han dado marchas en las calles a favor de la decisión de cerrar el Congreso y organismos estatales se han manifestado su respaldo al presidente Vizcarra.

¿Dos presidentes?

La situación es crítica y muy parecida a lo que sucede en Venezuela en relación con la presencia de dos presidentes.

Para la oposición peruana y la mayoría del Parlamento, ahora la presidenta encargada es la vicepresidenta Mercedes Aráoz; esto luego de que el Congreso suspendiera temporalmente al mandatario. Sin embargo, su «presidencia» aún está entredicho porque su juramentación se dio después de que Vizcarra decidiera cerrar el Poder Legislativo.

Desde el oficialismo Aráoz es acusada de usurpar competencias mientras que el Congreso señala a Vizcarra como «dictador» por obligar al Parlamento a hacer las cosas a su manera.

Aún quedan preguntas al aire que ni los abogados constitucionalistas han sabido aclarar, pues al parecer tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo actuaron priorizando sus propios intereses; prefirieron ser parte de este «choque institucional» que dialogar y buscar una salida que no perjudicara al país.

¿Puede un Congreso disuelto vacar temporalmente al presidente y juramentar a su sustituta de manera temporal? ¿Debía Vizcarra disolver el Congreso a pesar de que expresamente nunca se le negó la cuestión de confianza?

¿Por qué la mayoría en el Congreso decidió ignorar la cuestión de confianza y así evitar la situación actual?

¿Por qué el mandatario peruano esperó hasta última hora para proponer formalmente el cambio en el modo de elegir a los magistrados?

Quedan muchas interrogantes en el aire que solo el tiempo resolverá.

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