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El “bolichico” Alejandro Betancourt, investigado por el Departamento de Estado por presuntos casos de lavado de dinero en Venezuela, habría contratado a las más costosas firmas de abogados en Estados Unidos para su defensa; entre ellos a Rudolph W. Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump. Giuliani, según el diario The Washington Post, habría presionado al Departamento de Justicia a favor de Betancourt.
La expresión “bolichicos” fue creada en 2010 por el escritor y periodista venezolano Juan Carlos Zapata para referirse a “la nueva camada de ricos en los tiempos chavistas”. Es decir, empresarios jóvenes con familias adineradas en Caracas que habrían multiplicado sus fortunas siendo, principalmente, contratistas del régimen de Hugo Chávez, y luego de Nicolás Maduro.
Extraordinary the single most corrupt #Venezuelan in the world: @betancalejandro has by now hired #FusionGPS @LewisBaach @KasowitzLLP and now crowns his avoidance of a @TheJusticeDept indictment by hiring @RudyGiuliani What dirtbags. ALL OF THEM https://t.co/1M6061jC0q #derwick
— Thor Halvorssen (@ThorHalvorssen) November 26, 2019
Según el Whashington Post, Betancourt, quien se ha visto envuelto en importantes escándalos de corrupción y desfalco a la nación, recibió en Madrid a Giuliani mientras visitaba la capital española para reunirse con un asesor del presidente de Ucrania. Luego, Betancourt habría contratado a Giuliani con el propósito de que presionara al Departamento de Justicia en su nombre y lo defendiera ante las autoridades en Estados Unidos.
De acuerdo con fuentes como Thor Halvorssen, director ejecutivo de la Fundación de Derechos Humanos Human Rights Foundation el “bolichico” Alejandro Betancourt también habría pagado a bufetes tan famosos y costosos en EE.UU. como a Fusión GPS, la firma asesora del partido Demócrata encargado del Dossier contra Trump, y Lewis Bach.
Aunque con el paso del tiempo se ha dado a conocer la gran fortuna que hizo Betancourt en Venezuela, nunca antes había salido a la luz la amplitud de su capacidad financiera como para que lograra contratar a Giuliani de defenderlo, siendo éste el asesor legal del mandatario de Estados Unidos y uno de los más destacados magnates de ese país.
A esto se suma que Betancourt también habría contratado a Fusión GPS, una empresa de investigación comercial e inteligencia estratégica con sede en Washington que realiza investigaciones de código abierto y proporciona información estratégica para empresas, bufetes de abogados e inversores, así como para consultas políticas, como investigaciones de oposición.
Se trata de la firma contratada en 2016 por personal de la campaña de Hillary Clinton y del Comité Nacional Demócrata para investigar el pasado de Trump.
“Los abogados se reunieron con el jefe de la división criminal del Departamento de Justicia y otros abogados del Gobierno para argumentar que el venezolano adinerado (Alejandro Betancourt) no debería enfrentar cargos criminales como parte de un caso de lavado de dinero de USD$ 1.2 mil millones presentado en Florida el año pasado”, aseguraron las fuentes cercanas a la investigación realizada por WP, quienes prefirieron mantener el anonimato.
Los funcionarios del Departamento de Justicia desconocían la reunión de Madrid cuando se reunión con ellos; y según el diario estadounidense una portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre el encuentro.
En respuesta a las preguntas sobre su relación con Betancourt, Giuliani escribió en un texto: “Este es un privilegio de cliente-abogado, así que resistiré cualquier mentira maliciosa o matriz que se le ponga”.
¿Quién es Giuliani?
Rudolph W. Giuliani es uno de los políticos más famosos de Estados Unidos, fue alcalde de Nueva York por doce años y es excandidato republicano. En los últimos años se convirtió en el abogado personal del presidente Donald Trump.
La representación de Giuliani de Betancourt, sería un ejemplo de cómo el abogado ha continuado ofreciendo sus servicios a clientes extranjeros con intereses ante el gobierno de los Estados Unidos mientras trabaja en nombre del presidente Trump.
Giuliani, quien también fue alcalde de Nueva York, es una figura clave en la investigación de destitución contra Trump que se lleva a cabo en Estados Unidos, en la que altos funcionarios del Gobierno han testificado que el abogado dirigió un esfuerzo para presionar a Ucrania para que anuncie investigaciones sobre los rivales de Trump a cambio de una reunión en la Casa Blanca.
El “bolichico” Betancourt
Empresarios venezolanos, mejor conocidos como “bolichicos”, estarían siendo investigados en Estados Unidos con un caso de lavado de dinero de aproximadamente USD$ 1.2 mil millones que involucra también al chavismo.
La demanda penal contra Betancourt alega que altos funcionarios de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA, líderes empresariales de élite y banqueros conspiraron para robar dinero de la compañía y luego lavarlo a través de compras de bienes raíces en Miami y otros esquemas de inversión. Al parecer, con su fortuna, el venezolano habría intentado presionar para borrar su nombre en dichas investigaciones.
Betancourt cofundó una compañía que recibió USD$ 1,8 mil millones en contratos gubernamentales para construir plantas de energía bajo el Gobierno de Hugo Chávez, lo que condujo a acusaciones de presunta estafa.
La compañía, Derwick Associates, ha negado el pago de sobornos para ganar sus contratos y dijo que los contratos reflejan el alto costo de hacer negocios en el país socialista.
Hasta ahora, nueve investigados han sido acusados en Miami, de los cuales dos se declararon culpables y uno está a la espera de juicio; sin embargo según el diario estadounidense se trataría de una docena de empresarios involucrados, donde presuntamente entre ellos estaría el venezolano Alejandro Betancourt.
Betancourt ha sido señalado por el portal de noticias El Confidencial de estar relacionado a la crisis eléctrica venezolana, pues es directivo de la empresa Derwick Associates Corp, la cual ha recibido millonarios contratos durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para la construcción de plantas termoeléctricas, de las cuales algunas aún no han sido concluidas.
Explica El Confidencial que presuntamente el empresario habría «pagado sobornos para hacerse del negocio que, a la final resultó una gran estafa para el estado venezolano»; señala que «solo habría vendido chatarra o equipos reconstruidos con un gran sobreprecio».
Aunque Betancourt no está debidamente identificado por su nombre en el caso que se investiga en Miami, varias fuentes habrían asegurado al Nuevo Herald que él es «Conspirador 2», uno de los apodos en la denuncia penal entre la docena de conspiradores y funcionarios venezolanos no identificados.
Relata el diario estadounidense que «los registros de la corte federal dicen que «Conspirador 2″ se encontraba entre el círculo de boliburgueses y funcionarios del gobierno que recibieron cientos de millones de dólares a fines de 2014 de Pdvsa como pago por un préstamo que hicieron a la compañía petrolera estatal»; señala además que una declaración jurada criminal alega que el magnate «usó una compañía fantasma para prestar USD$ 42 millones en bolívares y luego fue reembolsado en euros al tipo de cambio favorable del Gobierno»; una transacción que habría multiplicado la suma equivalente a USD$ 600 millones.
Al parecer, y según indica el Miami Herald, la ganancia de USD$ 600 millones presuntamente se dividió entre el grupo de empresarios venezolanos ricos, los tres hijastros de Nicolás Maduro y Pdvsa; esto según un correo electrónico obtenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y fuentes familiarizadas con el caso criminal.
Contratos sobrevalorados
Según un informe sobre el sector energético escrito por ONG Transparencia Venezuela, Derwick recibió 11 contratos de construcción por un valor de USD$ 2.9 mil millones, que habría sido sobrevalorado en un promedio de 162 %.
La empresa fue registrada en Panamá en 2003 y en Barbados en 2009, pero nunca antes había construido una planta como la requerida por la empresa estatal de energía eléctrica Corpoelec.
«Hubo al menos $ 800 millones en sobrefacturación», dijo José Aguilar a El Nuevo Herald, quien es un ingeniero encargado de investigar Derwick para el Wall Street Journal. Explicó que la compañía contrató a personal tercerizado de bajo costo para realizar gran parte de su trabajo.
