“Oposición” venezolana pide sanciones y a su vez financiamiento a Maduro

"El precio que se indica es superior a las cotizaciones que hay en el mercado"

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«El plan no es el más correcto ni servirá para aliviar la crisis eléctrica», señalan los expertos. (Fotomontaje PanAm Post)

Luego de haber hundido a Venezuela en la mayor crisis eléctrica en su historia, tras un caso de corrupción millonario, el régimen de Nicolás Maduro estaría a punto de recibir un préstamo de 350 millones de dólares para «mejorar el suministro de electricidad en la nación»; esto con el aval de la oposición de ese país.

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y una oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evalúan brindar apoyo financiero a la tiranía bajo un supuesto mecanismo humanitario, que necesita el aval del Parlamento, de mayoría opositora.

La posibilidad de que este préstamo se dé ha causado gran polémica en el país suramericano, pues se trataría de una especie de «premio» al régimen dictatorial que está hasta el cuello en millonarios casos de corrupción y lavado de dinero. Hay que recordar que el dinero destinado a solventar la crisis eléctrica habría terminado en cuentas de empresarios y funcionarios ligados al chavismo, mientras muchas de las obras se mantienen paralizadas.

Que la CAF le otorgue un millonario préstamo a la tiranía de Maduro, y que el Parlamento venezolano lo apruebe, también puede significar el reconocimiento del régimen que hoy usurpa el poder, pues el dinero no sería entregado al Gobierno interino de Juan Guaidó, sino a la tiranía venezolana. También están quienes defienden el otorgamiento del préstamo ante la urgencia de solventar la crisis eléctrica en el país suramericano.

«El proyecto es un préstamo de CAF a la República Bolivariana de Venezuela que es solicitado por el Ministerio de Finanzas y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional», escribió un funcionario de la ONU en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de Reuters. El funcionario también señaló que el mecanismo de financiación tendrá un sistema de controles y equilibrios con los que supuestamente se garantizaría que los recursos se usen solo para el propósito de paliar la crisis en el sistema eléctrico venezolano.

El proyecto de ley para la propuesta no describe las condiciones financieras del préstamo, que generalmente se proporcionan a la Asamblea Nacional antes de que se apruebe dicho financiamiento. Si el Parlamento venezolano lo aprueba, podría considerarse también un revés ante las sanciones internacionales; las de Estados Unidos que prohíben negocios con el régimen de Maduro y las anunciadas por el Grupo de Lima el año pasado, en las que los países miembros instaban a organismos financieros a no otorgarle préstamos a la tiranía del país suramericano.

Por un lado la oposición venezolana le pide a la comunidad internacional mayores sanciones y presión contra el régimen, y por el otro estaría a punto de aprobar un préstamo para la tiranía.

¿Préstamo con sobreprecio?

Los especialistas del sector eléctrico Miguel Lara y José Aguilar, señalaron al portal digital El Pitazo que el préstamo por 350 millones de dólares «presenta sobreprecio y ejecuciones innecesarias por el orden de los 140 millones de dólares». Señalan que la mayor inversión establecida es por un monto de 231 500 000 dólares para el estado Zulia, de los cuales 194 millones se destinarían para «la incorporación de 240 megavatios en unidades de Generación de Respuesta Rápida o unidades de Fast Power en las plantas Ramón Laguna y Rafael Urdaneta durante un periodo de cinco meses».

El proyecto no especifica el modelo de máquinas a adquirir ni las empresas que se verían favorecidas por estos contratos. Además, según Lara y Aguilar, «el precio que se indica es superior a las cotizaciones que hay en el mercado».

Aguilar señaló que en Venezuela hay máquinas nuevas que están inoperativas porque que nunca fueron instaladas, y que el tiempo de instalación no debe superar los 45 días de trabajo «porque de lo contrario no se trataría de generación de respuesta rápida; ellos colocan un tiempo estimado de cinco meses para instalar unas unidades que ya están listas, que no requiere grandes obras civiles para su montaje». «El plan no es el más correcto ni servirá para aliviar la crisis eléctrica», señalan los expertos.

UNT, el polémico partido promotor del préstamo

El mecanismo de financiamiento indica que la junta directiva del proyecto estaría conformada por un representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), uno de la CAF, uno del régimen de Maduro y uno de la oposición. Sin embargo, recientemente algunos diputados opositores enfrentan acusaciones de corrupción no solo por haber ayudado al testaferro de Maduro a continuar con sus negocios ilícitos dentro y fuera de Venezuela, sino también por presuntamente haber buscado beneficiarse con contratos en la estatal Monómeros.

Lo que podría considerarse más sospechoso es que detrás de esta iniciativa del préstamo está Manuel Rosales, exgobernador del estado Zulia y líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), partido que ha sido señalado en varias oportunidades de «jugar» a favor del régimen a cambio de algunos beneficios.

Rosales, quien estuvo exiliado evitando la cárcel, regresó a Venezuela y fue detenido por unos meses. Sospechosamente después fue liberado. A esto se suma que el régimen de Maduro le tenía prohibido salir de Venezuela, aun así ha logrado entrar y salir de del país sin restricciones.

Adicionalmente, tras las fraudulentas elecciones regionales, cuando el chavismo le arrebató la gobernación de Zulia a la oposición, Rosales anunció que se postularía para unos nuevos comicios. No solo pisoteando con esto la voluntad de los zulianos, sino pasando por encima de quien originalmente habría sido el ganador, Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia.

El dirigente de UNT se encontraba inhabilitado por el régimen de Maduro, sin embargo, el 30 de octubre de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia chavista suspendió la inhabilidad. Inmediatamente después anunció su candidatura a las elecciones que el régimen repitió de forma arbitraria.

En la entidad a la que Rosales aspiraba, el Consejo Nacional Electoral le otorgó el triunfo a Guanipa. Sin embargo, como este fue el único gobernador de la oposición que no estuvo dispuesto a subordinarse ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, el chavismo ordenó realizar unas nuevas elecciones, a las que Rosales se postuló. 

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