Las últimas horas en la Asamblea Nacional de Venezuela sirvieron para desenmascarar a una cantidad de diputados supuestamente de oposición que se habrían vendido al chavismo para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.
Se trata de la “Operación Alacrán” con la que la tiranía estaría persiguiendo a legisladores opositores por un lado; y por el otro estaría comprando consciencias para verse favorecida.
Los partidos de oposición se han visto salpicados por casos de corrupción y tráfico de influencias, a tal punto que expulsaron de su militancia a quienes estarían jugando a favor del régimen.
El diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Noriega, por ejemplo, fue expulsado de las filas del partido Voluntad Popular “por caer en el juego de la Operación Alacrán del régimen“, asegura la organización en un comunicado.
El parlamentario habría acudido este miércoles, 18 de diciembre, a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) junto a otros legisladores para introducir un recurso contra la reciente modificación del Reglamento Interior y de Debates de la AN que busca la participación a distancia de los diputados exiliados y con ello la reelección de Guaidó para el período parlamentario 2020.
24 horas después de que los Diputados Leandro Domínguez, José Gregorio Noriega y Gabriel Peña impugnara la modificación al Reglamento de interior y de debate que autorizaba el quórum virtual, el @TSJ_Venezuela responde. Declaran nula dicha reforma realizada por la @AsambleaVE.
— Osmary Hernandez (@osmarycnn) December 19, 2019
El partido naranja de Leopoldo López, anunció que “realizarán todos los trámites necesarios para que los diputados que aceptaron sobornos, así como sus familiares, sean investigados por recibir dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción”.
#ComunicadoVP | Voluntad Popular expulsa de sus filas al diputado José Gregorio Noriega por corrupto y traidor a la causa de la libertad.#18Dic pic.twitter.com/KUlH0g74tJ
— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) December 19, 2019
Una imagen que circula a través de las redes sociales y que además es retuiteada por diputados de oposición revela que la “Operación Alacrán” estaría liderada por Tareck El Aissami, el chavista usurpador ministro para Industrias y Producción Nacional también acusado de narcotráfico.
Bajo sus órdenes estarían su testaferro, Alex Saab y el chavista David De Lima, encargados de sobornar a al menos 8 diputados de “oposición”.
Operación Alacrán… pic.twitter.com/vhSCo8T4DE
— Leopoldo Castillo (@elcitizen) December 19, 2019
Más escándalos de corrupción
A finales del mes de noviembre se conoció que miembros de los partidos Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular (el mismo partido del presidente interino Juan Guaidó) ofrecieron cartas de “buena conducta” desde la Comisión de Contraloría para beneficiar a empresarios ligados con el chavismo y el testaferro de Nicolás Maduro.
Según los documentos, los parlamentarios cesaban su investigación sobre una de las empresas vinculadas a Saab y sus manejos, lo cual respondería al hecho de que el empresario les pagó una especie de soborno.
A esto se suman las denuncias realizadas por Humberto Calderón Berti, quien fue destituido por Juan Guaidó como embajador de Venezuela en Colombia, y quien además inició una investigación sobre algunos manejos dolosos que hubo en relación a dinero destinado a la ayuda humanitaria para militares que desertaron del régimen; así como la presunta presencia de diputados opositores en la estatal Monómeros Colombo Venezolanos S.A. que habrían exigido contratos para beneficiarse.
“Nosotros no hemos salido del régimen por un elemento que es denominador común: la corrupción del régimen, de los militares, de empresarios y de ciertos pseudoopositores”, dijo Calderón Berti.
También han salido a flote otros casos de corrupción, como el señalado en agosto de este año por el PanAm Post, en el que se señalan los vínculos económicos de la familia del expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, con el boliburgués chavista Francisco Morillo, quien fue detenido en Suiza por casos de corrupción referentes a su empresa Helsinge Inc y sus nexos con directivos de Pdvsa para saquearla.
El correcto proceder para apartar a los diputados involucrados
El pasado 2 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela inició la sesión con la designación de una Comisión Especial para la investigación de los parlamentarios integrantes de la Comisión de Contraloría; esto por estar implicados en una trama de corrupción para exonerar de responsabilidad a Álex Saab, el testaferro de Maduro.
Sin embargo, posterior a eso, se han descubierto más diputados involucrados en diversos actos de corrupción y tráfico de influencias, los cuales aún no han sido apartados de sus cargos mientras se realizan las investigaciones pertinentes. En pocas palabras, todavía cuentan con voz y voto adentro de la Asamblea Nacional.
Para conocer el correcto proceder del Parlamento, y lograr la destitución temporal de los diputados mientras se define su culpabilidad o inocencia; PanAm Post entrevistó al abogado constitucionalista José Vicente Haro quien explicó que la decisión debe tomarse en Plenaria de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la Constitución venezolana, la AN de Venezuela tiene adentro de sus funciones: “calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes”.
Para Haro es necesario que en base a este artículo, se realice en Plenaria una discusión, se acuerde apartar a los diputados investigados y posteriormente llamar a sus suplentes.
“El Parlamento tenía que abrir la investigación correspondiente, articular esa investigación con las denuncias realizadas por Calderón Berti y articular esto con las tramas de corrupción por parte de diputados o personas vinculadas a Guaidó. Eso ha debido abrirse a través de una plenaria, se debió nombrar una comisión integrada por todos los grupos parlamentarios legítimos y esa comisión debía tener la participación de ONGs como Transparencia Internacional y organizaciones que hacen seguimiento a rendición de cuentas, y miembros de medios de comunicación que puedan colaborar con la recopilación de pruebas”, señaló.
“Al nombrarse una comisión en Plenaria ha debido tomarse la decisión de suspender temporalmente del ejercicio de sus funciones a los diputados que serían objeto de la investigación. Y la Plenaria tendría que convocar a los suplentes de esos diputados para que se integren a los curules mientras dure la ausencia temporal. Esto permitiría que estén suspendidos de sus cargos”, explicó.
Haro agregó que “no es necesaria una orden del Tribunal Supremo de Justicia, pues es una facultad propia del Parlamento que le da atribución de calificar a sus miembros. Basta con que la Cámara se pronuncie e inicie la investigación; es un tema de una buena aplicación de la Constitución pero lamentablemente la Asamblea no lo ha hecho. Tiene que ser algo prioritario dentro del Parlamento, porque de lo contrario esos diputados de dudosa ética van a seguir cometiendo actos irregulares si es que efectivamente están incursos en los mismos”; sentenció.